El pronunciado aumento en el número de asesinatos relacionados con el narcotráfico ha venido naturalmente acompañado de una mayor cobertura informativa. Con notables excepciones, la gran mayoría de los medios locales han preferido enfocarse en el hecho concreto, en el ajuste de cuentas, en la boca de droga detectada y cerrada, en la balacera que ocurre en el barrio tal o cual, o en la ocasional fuga de la cárcel. Por repetición, este enfoque resulta en la aclimatación de la ciudadanía a una realidad que no hubiera sido tan fácilmente aceptada si se hubiera manifestado más frontalmente. En el otro extremo, aquellos que intentan advertir que el rey circula desnudo terminan a menudo víctimas de ese espiral del silencio definido por la alemana Noelle-Neumann. Por temor a ser “invisibilizados”, los medios van de a poco quedándose con lo táctico y superficial, en detrimento de lo más estratégico y sustancial.
Veamos lo ocurrido con la fuga de Morabito. Las imágenes de la vecina señalando la banderola por la cual se fugó nos quedaron impregnadas en la retina. Sin embargo, es poco lo que recordamos de la actuación de los responsables de la seguridad de la cárcel, más que evocar que “alguien” había ordenado retirar las cámaras de seguridad. Nadie recuerda las declaraciones de los dos fiscales a cargo de la investigación, ni de por qué se decidió fragmentar la investigación entre ambas “márgenes” de la banderola. Sin ir más lejos, pensemos en la cobertura mediática que mereció la Operación Océano y nos percataremos de la diferencia.
Lo de Marset va por la misma senda. La interpelación “cayó” justo dos días antes de la Noche de la Nostalgia y, feriado mediante, gracias a Dios para el viernes ya la cobertura mediática había regresado a temas existenciales, como ser el caso de la “abusiva” atención de un herido de bala en el Hospital Policial o la pintada en la casa del presidente de la ANEP. Evidentemente ya regresamos a esa “habitualidad” que nos deja cómodamente adormecidos, mientras el crimen avanza en su conquista de territorios y posiciones de poder, continúa reclutando soldados y opera con cada vez mayor seguridad e impunidad, valorizando una “franquicia” que si cotizara en bolsa seguramente sería un “unicornio”.
Lo cierto es que progresamos con velocidad por una ruta ya transitada por México. La comparación seguramente incomodará a algunos que todavía intentan refugiarse en nuestro “excepcionalismo”. En efecto, la tasa actual de homicidios en Uruguay es similar a la de México quince años atrás, al mismo tiempo que supera la de provincia de Buenos Aires. De modo que ni vamos bien ni somos los mejores del Cono Sur.
El primer paso para enfrentar el problema del narcotráfico pasa por reconocer su complejidad. En este esfuerzo de alcance nacional, los medios tienen la responsabilidad de informar adecuadamente a esa ciudadanía que con su voto deberá respaldar las políticas y recursos necesarios para que el Estado enfrente la amenaza. Pero tampoco se puede caer en la ingenuidad de pensar que las redes criminales no intentarán hacer lo mismo. “Aun cuando las organizaciones de narcotraficantes son diferentes a los grupos terroristas, que buscan la difusión de la prensa para promover sus causas políticas, estas persiguen objetivos importantes relacionados con los medios de comunicación, el impacto de las noticias en la opinión pública y la consiguiente influencia en la elaboración de políticas”, escribió Edgar Moreno Gómez en un estudio del Real Instituto Elcano de hace diez años. En efecto, el experto mexicano dejaba en evidencia cómo las redes criminales trazan objetivos concretos en relación a los medios de comunicación, el impacto de las noticias en la opinión pública y la consiguiente influencia que estas tienen en la elaboración y ejecución de políticas por parte de los órganos del Estado.
El caso de José Contreras Subías, un importante narco de los ´80, resulta ilustrativo. Su fuga de la cárcel en 1985 provocó una conmoción pública en México. Inmediatamente, los medios empezaron a formular y propagar todo tipo de conjeturas. Pero una vez que Contreras llegó a un lugar seguro, ordenó a la prensa de Tijuana revelar la verdadera historia de su fuga. Resulta que el narcotraficante mexicano tenía permitido salir de la cárcel los fines de semana y ese día simplemente decidió no regresar. Su deseo era que se publicara la verdad y no “las tonterías que se dicen ahora”, según expresó su emisaria al periódico de la ciudad. ¿Alguna similitud con los videos enviados por Marset?
Para comprender el funcionamiento de las redes del crimen organizado, es necesario reconocer que al igual que cualquier empresa con fines de lucro, operan en un sistema político-social sobre el que pretenden influir. Si bien necesitan desarrollar sus actividades centrales en secreto, también intentan construir ámbitos que les resulten amistosos, donde puedan actuar de forma pública y con el tiempo ganarse la confianza del sistema político, administrativo y empresarial. Del mismo modo que las empresas privadas abordan a los políticos en busca de beneficios comerciales, exenciones fiscales y marcos regulatorios favorables, los cárteles criminales también intentan influir en las decisiones políticas.
“La ingenuidad ya no cabe, la idea de que se trata de algo que corre paralelo a la rutina diaria de los uruguayos tampoco”, escribió Tomás Linn en El País días antes de la interpelación. Visto de esta manera, seguir subestimando los “ajuste de cuentas” entre bandas podría ser funcional a los objetivos de estas organizaciones, en la medida que permitirían acostumbrar gradualmente a la ciudadanía a su “nueva realidad”, esto es, a la existencia de un poder paralelo al estatal y al cual deberán someterse inexorablemente. Un estado de cosas incompatible con el sistema republicano.
Debemos ser conscientes que en este combate los medios tienen un rol fundamental para el cual deberán estar preparados. La ciudadanía también deberá estar más atenta a los intereses económicos y políticos que controlan a los medios. Del mismo modo que no permitiríamos que el cártel de Sinaloa, el PCC o el Lava Jato controlaran un banco en Uruguay, también resultaría extremadamente inconveniente que una red delictiva similar lograra hacerse del control de un medio de comunicación local.
Si aspiramos evitar esa ruta de la banalización de la criminalidad que tanto preocupa al líder de Cabildo Abierto, debemos comenzar por asegurarnos de la integridad de las comunicaciones que nutren a nuestra Nación de ideas e información. Es por ello que Uruguay se merece una discusión seria e informada sobre la ley de medios; una discusión que trascienda los aspectos superficiales y puramente mercantiles que desafortunadamente han dominado últimamente la discusión.
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