Nadie puede dudar la enorme influencia que ejercen los medios de comunicación en la formación de la opinión pública. Desde Tocqueville a nuestros días, todo impulso que apueste al enriquecimiento de esa institución que llamamos democracia, tan sensible en su puesta a punto, pero a la vez tan perfectible en el devenir, debe velar por la transparencia de quienes están llamados a formar la opinión pública. Para que el quehacer ciudadano tenga elementos claros al asumir a la irrenunciable defensa del Bien Común. Y todo esto, sin desmedro de la libertad de prensa, otro de los puntales de la convivencia sana.
Desde los albores de la humanidad siempre existieron mecanismos que influenciaron la mente de las personas que comenzaban a agruparse socialmente. Aun cuando el animal hombre no superaba en su primaria etapa de nómade, recolector o cazador, ya existían elementos, como las señales de humo o el sonar de tambores o trompetas, que le marcaban las diferentes opciones.
La Ilíada y la Odisea (siglo X a.C.), más allá que se siga discutiendo si Homero fue su autor o un mero compilador de cantares populares, constituyen las composiciones literarias más importantes de esa Grecia Antigua que tanto ha pesado en nuestra Civilización y operaron como un elemento de propaganda decisivo en la pedagogía de muchas generaciones griegas.
La invención de la imprenta por Gutenberg permitió que la producción masiva de libros se extendiera a sectores mayores de la población. Con este invento se esbozan las primeras formas de comunicación moderna, al permitir la publicación de libros y lentamente la edición de algunos periódicos, hasta que hicieron su irrupción masiva en el siglo XIX.
Con imprenta o sin imprenta siempre existieron medios de propaganda y siempre se corrió el riesgo del abuso en la tergiversación de las realidades políticas.
Pero nunca como en estos últimos treinta años los medios se transformaron en instrumentos de comunicación masiva (en inglés, mass media). Y de la mano de esta realidad se ha ido operando una concentración de la propiedad de estos poderosos formadores de opinión, que parece no tener límite.
En estos días, el diputado de Cabildo Abierto, Sebastián Cal, haciendo uso de las facultades constitucionales que lo amparan como parlamentario, ha formulado un pedido de informes que busca transparentar la inversión que realiza el Estado en publicidad, en medios de prensa, ya sean televisivos, radiales o escritos. La solicitud fue dirigida a cada uno de los Ministerios, a los diferentes Entes Autónomos, Servicios Descentralizados, Empresas privadas con participación estatal y Comisiones binacionales.
“En virtud de las políticas anunciadas relativas a la racionalización de gastos y redistribución de recursos del Estado, así como el objetivo de ser transparentes con la población en cuanto al destino del dinero de los contribuyentes”, afirma el diputado, “se formula el presente pedido de informes… Se solicita información relativa a la publicidad y promoción, específicamente: contratos, órdenes de compra, así como cualquier gasto derivado de los referidos rubros”.
Que los medios procuren publicidad y que la exhiban es normal y saludable, dado que es el ingreso fundamental que alimenta económicamente a ese tipo de empresas. Es preocupante cuando no se sabe cómo se financian determinadas publicaciones u otro tipo de medios.
Y el tema no es que dejen de invertirse fondos públicos en publicidad, sino que se lo haga con ecuanimidad. Y que el volumen de la inversión esté acorde con el momento que vive nuestro país.
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