Cada vez que se atenta contra la sociedad, esta reacciona con diferentes recursos. Pero algunos delitos no están tipificados. Algunas leyes no están reglamentadas y ello las hace inoperantes. Algunos infractores logran operar impunemente. En nuestro país las leyes fundamentales están vigentes, sin embargo, no todos acatan el contrato social logrado. Unos porque alegan “no estar enterados”, aunque la ignorancia de las leyes no sirve de excusa (art. 2 del Código Civil, del 26.02.10). Otros porque “tienen un buen motivo como disculpa” (principios morales, ideológicos o religiosos). Finalmente, “los que a propósito la ignoran”: son los que afligen porque generan alteraciones inconvenientes en la comunidad, y viene perdurando más de lo tolerable. Debería excluir los que desdeñan las normas sanitarias aconsejadas por el MSP. Alguna vez las vacunas transformarán esta epidemia en endemia y, si como dice el refrán “muerto el perro se acabó la rabia”, los que hoy la menosprecian desaparecerán… mientras tanto, hoy pertenecen al tercer grupo.
La libertad de expresión es un derecho constitucional, pero todos los días nos enteramos que alguien ha sido víctima de los comentarios (al final de una nota periodística), de las redes sociales (“viralizadas”), de las fakenews(noticias falsas) o de las deepfakes (noticias ultra falsas). Este síndrome no es nacional (periodista “linchada” en las redes mientras hacía su trabajo), sino internacional (Bill Gates víctima de teorías conspirativas que lo acusan en las redes sociales de haber provocado la pandemia de covid-19).
Es más, los términos usuales troll y hater son extranjeros y se refieren a variantes similares en su práctica a los que amparados en un seudónimo desconocen elementales normas de convivencia, intervienen en comentarios, redes sociales, etc. en forma grosera, ofensiva y falaz.
Nadie duda que estos recursos han venido para quedarse.
“Libertad de expresión”. Es bueno que los lectores puedan dar su opinión abiertamente. Los comentarios, además, evalúan la popularidad de la nota publicada. Escudados en la “libertad de expresión” (Ley 16.099, cap. I, art. 1), desgraciadamente hay quienes aprovechan esta prerrogativa y demuestran cuán incultos y capaces son de agraviar, difamar, injuriar, ofender, ultrajar y vejar, cobarde y gratuitamente, amparados por la posibilidad de ocultar sus datos personales.
Las redes son como un arma. Algunos la usan positivamente, otros la confunden con el literal “A”. Las redes sociales han potenciado la opinión de los individuos que antes estaba reservada a los generadores de opinión pública: los grandes medios. Dada la posibilidad que ciertas opiniones estén expuestas a represalias justifica usar un seudónimo. Lo que no debe admitirse es el insulto. El anonimato en los comentarios y en las redes han permitido que los autores sean difícilmente identificados, salvo por su IP o Internet Protocol, o Protocolo de Identificación, accesible para quienes tienen los recursos tecnológicos. Los titulares de los medios podrían generar un recurso, por ejemplo, un algoritmo que los neutralice. En ambos casos, los “seudonimados” desacreditan su intervención dedicando más espacio a los agravios que a su juicio crítico. Sus injurias actúan como un búmeran, pues los descalifica denotando su cobardía, maldad y la ausencia de cultura, malversando y desprestigiando un recurso gratuito y popular.
Noticias falsas. Las dos versiones de noticias falsas merecen ser diferenciadas por su complejidad de elaboración, de aplicación, pero fundamentalmente por sus fines. El buen periodismo es una invalorable necesidad social. Algunos medios de información (incluidas las “páginas rosas”, de la farándula, etc.) para aumentar sus ventas o los avisadores, tergiversan la realidad usándolos como “ganchos”. Para evitar juicios legales recurren a verbos condicionales (como “habría”) o a salvaguardas (como “el presunto”). Otro recurso manido es agraviar y luego desmentir o disculparse, pero el perjuicio ya hizo lo suyo. Las ultra falsas se han visto fundamentalmente dentro de la industria cinematográfica.
El común denominador de estos recursos objetables es la intención perversa, malvada, infame, indigna y despreciable, basada en la máxima “el fin justifica los medios”, sobre todo porque recurren a un medio masivo de difusión gratuito.
Por todo lo expuesto, los recursos antes mencionados deben ser regulados, sancionados incluso prohibidos cuando se constate su utilización indebida. Es momento que las autoridades pertinentes (públicas y privadas) intervengan combatiendo esos perjudiciales usos de la libertad y la verdad.
Arq.(J) Ignacio David Weisz
CI 612.364-2
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