La aprobación del nuevo Código de Proceso Penal, que es el peor cuerpo normativo que registra nuestra historia, se hizo con el objeto de instaurar el principio acusatorio. Sin embargo, lo que logró fue otorgar a los fiscales la supremacía y desplazar a los jueces en la casi sagrada tarea de administrar justicia.
Todo aquello de la brevedad, la concentración, la inmediatez, la publicidad y la igualdad entre fiscal y defensor, conjuntamente con mayores garantías para los justiciables, quedó opacado y casi ausente en la gran mayoría de los casos (alrededor de un 90%), por la instalación del llamado “proceso abreviado”, modalidad rechazada en forma clara por la cátedra, no obstante, se obtuvo la aprobación.
El tal proceso abreviado, también acabó con la presunción de inocencia, pues se trata de un sistema negociado entre el fiscal y el defensor que parte de la asunción de responsabilidad por parte del implicado. Es decir que debe confesarse autor del delito, para después negociar el monto de la pena en un mercadeo cuasicomercial. Y digo que elimina le presunción de inocencia, porque aceptar la responsabilidad penal, aún en aquellos casos dudosos que son muchos y para eso están los abogados, significa renunciar a la duda razonable que existe en una innumerable cantidad de situaciones con visos de ilicitud.
Pero el alejamiento total del juez en el proceso abreviado, en el que queda sin participar ni siquiera en la fundamental instancia probatoria, para convertirse en un mero homologador del arreglo entre Fiscalía y Defensa es inconstitucional, porque desplaza al juez en la función de administrar justicia, y aniquila la garantía de imparcialidad, que debe garantizar el Estado con un “tertius inter pares” que confiere la presencia del juzgador.
Si a esa estructura normativa se le agrega por ley No. 19.843 unas Instrucciones Generales que son obligatorias y constituyen un elemento de presión que quita independencia a los fiscales, tenemos el terreno propicio para un manejo de los fiscales por parte de la jerarquía que opere al servicio de los intereses políticos del titular del servicio. Eso es lo que ha ocurrido durante la titularidad del Dr. Jorge Díaz, de indiscutible filiación frenteamplista, que politizó el cargo al extremo de que explica que el Frente Amplio se niegue a apoyar para la designación del nuevo fiscal de Corte, a un candidato propuesto por la Coalición Republicana.
Mantiene así la posibilidad de que, en caso de ganar la próxima elección, pueda designar a un candidato que le asegure la predominancia en el sistema judicial creado al servicio de sus propios intereses.
La experiencia ha demostrado en casos concretos la funcionalidad de losfiscales al servicio de los intereses políticos del Frente Amplio, como recordaremos en los casos siguientes.
En primer lugar, recordamos la amenaza del fiscal Morosoli Díaz al anunciar que podría formalizar con prisión al general Manini Ríos, por la firma del acta de un Tribunal de Honor, referido a un hecho declarado por el fallecido militar José Nino Gavazzo de haber tirado al Río Negro el cadáver del tupamaro Roberto Gomensoro hace más de 50 años, acta que también firmaron el extinto presidente Vázquez y el secretario de Presidencia, el Dr. Toma, a quienes sin embargo no se citaba a declarar. El anuncio de la discriminatoria e intencionada citación contra Manini le obligó a impulso de sus correligionarios a ampararse en los fueros, para evitar el absurdo e injusto manoseo, lo que luego el frenteamplismo le recriminó.
En segundo lugar, recordamos el episodio del fiscal Diego Pérez, que habiendo interpuesto la apelación de la sentencia que archivaba a los funcionarios frentistas Arq. Mariano Arana y Dra. Ma. Julia Muñoz por el caso “Bengoa” en los casinos municipales, cuando debió fundar su recurso “teatralizó la pérdida del ‘pen drive’” donde tenía el escrito, el último día del plazo y, entre idas y venidas al Juzgado toda la tarde, dejó vencer ese plazo que equivale al desistimiento de la recurrencia beneficiando a los implicados aún a costa del ridículo y de incurrir en culpa grave. Pero ni siquiera fue sancionado, porque su actitud beneficiaba a dos frentistas. Pero el burdo pretexto quedó en evidencia, un “pen drive” se carga en pocos minutos.
Otro caso sintomático fue la separación de la fiscal Dra. Gabriela Fossati del caso que involucraba al exdirector del Ministerio del Interior, Gustavo Leal, que habiendo ido a declarar como testigo en el “caso Astesiano”, salió por la puerta de atrás como indagado, por haber viajado hasta el Chuy a visitar al padre de Alejandro Astesiano. El fiscal de Corte subrogante, sin claros ni públicos fundamentos, apartó a la Dra. Fossati y la resolución de la nueva fiscal fue archivar el caso, privando a la opinión pública de conocer las razones de la visita de Gustavo Leal, cuando el tema es de gran interés por la jerarquía de los personajes involucrados y porque el presidente del Frente Amplio Fernando Pereira expresó al respecto que “se ha querido tapar el caso Astesiano con el caso Leal”.
Por último, aunque es el caso más reciente, las denuncias presentadas por el senador Jorge Gandini contra el también senador Charles Carrera, siendo de real gravedad, pues suponen una conducta reiterada en serie contra el patrimonio del Hospital Policial y posiblemente también contra la Fe Pública. A más de un año de formuladas, aún no han tenido mayor avance en su investigación. Esto sin duda es una morosidad que beneficia a los imputados y presuntos responsables que casualmente son figuras de alto nivel del Frente Amplio.
Lo que acredita lo que se viene diciendo públicamente tanto por el senador Jorge Gandini como por el senador Guillermo Domenech, de que el servicio que aún sigue a cargo del interinato de un fiscal de Corte subrogante, es y ha sido permeable a los intereses del Frente Amplio.
Nada más claro que la necesidad de despolitizar el cargo, designando a un técnico de primerísimo nivel.
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