En esta misma columna, semanas pasadas, titulamos la actualidad de estos días como el momento de la acción, siguiendo el compromiso asumido por el Sr. presidente de la República en su discurso inaugural, cuando dijo: “…en seguida del diálogo la acción… si la gente eligió un cambio es para la acción y para la transformación, de la cual nos vamos a hacer cargo”.
Completaba el presidente esa promesa, con lo que en ese momento anunciaba, sobre “mantener lo que estaba bien, mejorar lo que era necesario y realizar” lo que hacía falta o se necesitaba.
La educación, la reforma de la previsión social, la atención a la seguridad con especial énfasis en la policía y su mejoramiento, la creación de empleo, la reforma del Código del Proceso Penal, la protección de la niñez desvalida y la población más vulnerable, y la política de vivienda y erradicación de los asentamientos, son todos proyectos prioritarios y plenamente compartibles.
Pero también será necesario, imprescindible, la recomposición de la historia. Esa historia reciente que ya lleva medio siglo y se ha disfrazado al punto de enseñarse mal u omitirse intencionadamente en los libros de texto los sangrientos cuestionamientos que levantaron contra el sistema, y difundirse así. Esto por parte de historiadores militantes que actúan intencionalmente como verdaderos formadores de opinión de quienes, por su juventud, no conocieron el proceder de la guerrilla. Es este el momento de contrastar el relato falso del frenteamplismo con el relato oficial de la verdad histórica, que de no haber ganado la Coalición Republicana, hubiera quedado para siempre.
La apertura al público de la “Cárcel del Pueblo” demuestra la muy clara ausencia de respeto por los derechos humanos que tuvieron quienes hoy siguen clamando por resarcimientos pecuniarios de orden millonario y castigos infinitospara los militares represores, que en aquellos momentos defendieron a las instituciones.
Ese tenebroso y tétrico testimonio de la perversidad, con solo mirar las fotos demuestra el grado de indiferencia por los derechos humanos de los inocentes ciudadanos secuestrados por los guerrilleros y sometidos a la insoportable tortura de su alojamiento en una mazmorra maloliente, en un estrecho cubículo situado a varios metros bajo la tierra. No las pasó mejor Sergio Molaguero, secuestrado por el enfermero hermano de Vázquez durante más de dos meses. No sabemos si alguien le hizo devolver la plata que pagó por su liberación, en cambio sabemos de las millonarias cifras por resarcimientos e indemnizaciones que se adjudicaron a sí mismos y sus sucesores por tres generaciones. Pues el Uruguay es el único país que paga resarcimientos a los guerrilleros.
Preguntamos entonces: ¿qué autoridad moral pueden tener para demonizar al presidente Jorge Pacheco Areco y fijar el comienzo del golpe militar en su gobierno?
Es pues la venganza contra el presidente Pacheco, que los derrotó –no militarmente, pues de eso se encargaron las fuerzas policiales y militares que eran de continuo atacadas por la guerrilla, con más de ochenta muertos en sus filas– sino en las urnas, cuando entregó el poder apoyado por 490.000 votos propios, de aquella época, que superaron con creces a todo el frentismo junto.
Les cuesta hasta el alma reconocer que entre el frentismo y Pacheco la gente votó a Pacheco.
Por eso se levantan en el Parlamento inferiores voces vengativas de quienes han llegado con votos prestados, a puro “dedazo” y sin absolutamente ninguna significación política, con la ignorancia propia de legisladores bisoños que poco han leído y entendido, pretendiendo enlodar la figura histórica de quien defendió la continuidad institucional.
Porque es imposible que lo ataquen por actos de corrupción, tan comunes en los tres gobiernos frentistas, pues a diferencia de quienes salieron ricos del poder, el presidente Jorge Pacheco Areco no dejó bienes, ni cuentas bancarias, ni otra cosa que el apartamento en el que vivía para repartirse entre su viuda y sus tres hijos; todo un ejemplo de probidad y honestidad en el manejo de la cosa pública.
Por lo cual ha llegado la hora para las leyes que se deben derogar, los textos de enseñanza que se deben reformular ajustándolos a la verdad histórica y los organismos como el Instituto de Derechos Humanos. Que actuando totalmente fuera de sus competencias, se mete en áreas ajenas sin autoridad ni respeto para los gobernantes, buscando una improcedente sobreactuación, cuando debería guardar un prudente silencio, como ente de muy dudosa constitucionalidad y de segundo orden, calificado como “club político frentista” por el Dr. Jorge Larrañaga con toda razón, lo que impone la adopción de urgentes medidas para suprimirlo o ponerlo en su sitio.
Como también se hace necesario acceder al reclamo de declarar el día 14 de abril como de “Homenaje a los caídos en defensa de las Instituciones democráticas”, que recuerde los salvajes homicidios del año 1972, como anverso o contracara que debe destacar y honrar la verdad histórica, silenciada en forma alevosa por los gobernantes frenteamplistas.
Por su parte, Cabildo Abierto tiene el timbre de distinción de haber sido reconocido como el partido político, que en su accionar ha propuesto fielmente, más que ningún otro, las iniciativas que contiene su programa y que defiende su aprobación dentro de la Coalición de Gobierno.
Sin perjuicio de los puntos contenidos en el “Compromiso por el país” suscrito por todos los integrantes, Cabildo tiene su agenda propia destinada a mejorar las condiciones de vida y actividades laborales y comerciales de las clases populares, como se ha visto con la usura, los deudores del Banco Hipotecario, los créditos a las pymes, los planes para la vivienda popular, el cuidado de la salud pública, la tenencia compartida de los hijos, la eliminación de los asentamientos, la ley de medios, el combate al enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos, la reforma del proceso penal y el mantenimiento de la LUC, aparte de aquellos temas de importancia histórica como la pacificación nacional.
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