Los uruguayos somos un pueblo reservado, tanto en el elogio como en el agravio. Sobre todo, somos profundamente democráticos. No en vano estamos entre las mejores democracias del mundo. En el corazón de esta fortaleza está un arraigado sentido de justicia, que incluye la justicia social: ayudar al que no ha tenido tanta suerte en la vida es parte de nuestra identidad. También lo es la firme convicción de que la soberanía reside en el pueblo, no en los líderes. La célebre frase de Artigas “Mi autoridad emana de vosotros y cesa ante vuestra presencia soberana” resume este sentir colectivo.
Los uruguayos somos solidarios y justos, y entendemos que la venganza no es justicia. La justicia es la potestad del soberano, y si el pueblo, en dos ocasiones, decidió perdonar las violaciones a los derechos humanos, el tema debería haber quedado zanjado. Sin embargo, se desató un vergonzoso proceso que ha distorsionado ese mandato. La jurisprudencia uruguaya ha tomado un rumbo incierto, comenzando con el caso Gelman ante la CIDH, una corte que algunos países poderosos financian, pero a la que no reconocen competencia. En los hechos es una corte para el sur del río Bravo.
Otro triste episodio en este camino fue cuando la Suprema Corte de Justicia decidió que, para perseguir penalmente a los represores, se debía recurrir al derecho internacional. Sin embargo, nuestra propia Constitución establece que cualquier tema jurídico bajo esta perspectiva debe ser juzgado por la SCJ, algo que no ocurrió.
Ahora, la SCJ enfrenta las demandas de inconstitucionalidad presentadas por el Centro Militar y su decisión será observada a nivel internacional. Varias denuncias ya han sido presentadas ante el Comité de Derechos Humanos de Ginebra, donde dado los severos cuestionamientos planteados es muy probable que los relatores internacionales estén esperando la decisión de la Justicia uruguaya. Este no es solo un tema de argumentos jurídicos, sino de consistencia en su aplicación. De lo contrario, se haría evidente una persecución política.
El próximo año, estas denuncias se reflejarán en un informe ante la Asamblea General de Naciones Unidas, y los uruguayos nos preguntamos ¿qué decidirá la SCJ? ¿Avalará lo hecho hasta ahora con alguna pirueta jurídica, o volverá al camino de la razón, dejando caer las causas como lo mandó el pueblo?
En la Justicia, la apariencia de imparcialidad es tan importante como la justicia misma. ¿Lo recordarán los jueces de la Suprema Corte?
¿Y qué es la justicia?, quizás se preguntará amable lector que llegó hasta aquí. La justicia como poder es un atributo del soberano, del pueblo uruguayo porque en todos, absolutamente todos nosotros reside el sentido de justicia: la capacidad moral que tenemos para juzgar cosas como justas, apoyar esos juicios en razones, actuar de acuerdo con ellos y desear que otros actúen de igual modo.
En definitiva, digan lo que digan los jueces de la Suprema Corte, no hay nada más moralmente justo que lo que decide el pueblo en voto secreto, porque aquí nadie es más que nadie. De eso se trata ser uruguayo.
Roque García
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