Análisis de algunos aspectos del programa de seguridad del Frente Amplio.
La seguridad es un tema de gran importancia para todos nosotros, ya que es fundamental para garantizar la libertad y el desarrollo de nuestra sociedad. El país transita una situación difícil y estamos convencidos de que puede mejorar con propuestas profesionales.
De cara a las próximas elecciones, se plantean propuestas que nos interesa analizar y comenzamos con el programa del Frente Amplio. Lo que plantea nos genera preocupación por varios motivos. En primer lugar, no presenta innovaciones significativas y parece aferrarse a continuar con el enfoque que ha demostrado ser un fracaso en el pasado. Además, en nuestra opinión, no contribuye a fortalecer la profesionalidad requerida en la protección y en las instituciones responsables de la seguridad en Uruguay.
Una de las principales inquietudes radica en la propuesta de construir políticas de seguridad a partir del “debate de la sociedad civil organizada, la academia y las organizaciones estatales involucradas”. Esta aproximación plantea dudas sobre su postura en el cumplimiento de las obligaciones del Estado establecidas en la Constitución de la República en su artículo 168: “Al presidente de la República actuando con el ministro, con los ministros respectivos o con el Consejo de Ministros corresponde: 1°) La conservación del orden y tranquilidad en lo interior y la seguridad en lo exterior…”.
Asimismo, no se hace referencia a lo estipulado en los artículos 1 y 2 de la Ley Orgánica Policial (19.315), que establecen claramente las responsabilidades del Estado en materia de seguridad pública. En el primero se expresa: “El orden y la seguridad pública interna son competencia exclusiva del Estado. Su mantenimiento corresponde al Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Interior”; y el artículo 2, muy claramente, dice: “La Policía Nacional es un cuerpo de carácter nacional y profesional; constituye la fuerza pública en materia de orden público y seguridad interna que depende del Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Interior.”
Creemos que el programa carece de especificidad en cuanto a las organizaciones y comunidades involucradas en el proceso de elaboración y control de las políticas de seguridad, lo que genera incertidumbre sobre su legitimidad y competencia en esta área.
Con muchas vaguedades, sería necesario que especificaran, por ejemplo, cuáles son las “organizaciones estatales involucradas”, así como cuando se refiere a la “academia”, término muy amplio que no menciona participantes. Surge la pregunta sobre qué entienden por “sociedad civil organizada”. ¿Hablarán de las ONG que lamentablemente generaron experiencias negativas en la administración anterior? No queda claro y es mayor nuestro asombro cuando leemos en el programa la frase: “El desarrollo, la aplicación, el contralor y la evaluación de las Políticas de Seguridad será tarea de las organizaciones sociales y las comunidades barriales entre otras”. Entonces volvemos a preguntar: ¿cuáles son las organizaciones sociales? ¿Cuáles son las comunidades barriales? ¿Qué legalidad y legitimidad tendrían? ¿Qué competencia e idoneidad en seguridad tienen para poder controlar? ¿Qué controlarían? ¿Con qué autoridad? Son preguntas sin respuesta…
Existen otras afirmaciones a modo de propuesta, que pensamos que se orientan a otros temas, pero no para formular objetivos concretos de la seguridad.
Transcribo esta frase del programa: “La Política de Seguridad se orientará a prevenir la descriminalización de la pobreza, la desprisionalización, el desarme, abordar el impacto de la ideología neoliberal, neoconservadora, patriarcal y colonial que a juicio del FA tienden a desvalorizar a los sectores populares, las mujeres, los afros, las disidencias, las infancias y adolescencias como sujetos de estigmatización”. Sin duda muestra una definición ideológica, que no enfoca el actual escenario de inseguridad aportando soluciones concretas. Sentimos que desvaloriza los sectores populares, las mujeres, los afros, las disidencias, las infancias y adolescencia como sujetos de estigmatización.
Sería bueno que se explicara en profundidad la incidencia sobre la seguridad que tendría el impacto de la ideología neoliberal, neoconservadora, patriarcal y colonial.
También se plantea “desprisionalizar”, lo que a buen entendedor es retirar de la cárcel a los privados de libertad y no cabe otra interpretación, en virtud de los antecedentes en el tema que tiene una administración de seguridad de la izquierda.
Es fundamental que cualquier propuesta en materia de seguridad incluya objetivos concretos, conceptos, líneas de acción claras y resultados deseados, aspectos que parecen estar ausentes en el programa del Frente Amplio. Si bien es importante abordar temas como la interseccionalidad, género y respeto a los derechos humanos entre otros enunciados, estas consideraciones no deben eclipsar la necesidad de implementar medidas efectivas para combatir la inseguridad.
En resumen, el programa del Frente Amplio parece ser más una declaración ideológica que una estrategia integral para abordar los problemas de inseguridad en Uruguay. Nos preguntamos si los redactores del programa tienen el conocimiento profesional profundo y la experiencia necesarios para el abordaje de las soluciones en la problemática actual, la que padecen todos los uruguayos, especialmente los más vulnerables que carecen de medios económicos para protegerse recurriendo a servicios privados.
Luego de este análisis parcial de una pequeña parte de lo que está vertido en la propuesta, también nos preguntamos si los redactores han tenido en cuenta las definiciones que el Estado sostiene y que están plasmadas en la mencionada Ley Orgánica Policial (19.315) del 18 de febrero de 2015, elaborada, aprobada y promulgada durante el gobierno anterior frenteamplista.
Para los que profetizan sobre la seguridad sin haber prestado ningún servicio en ella, recomendamos la lectura de su artículo 2 sobre el orden público: “Entiéndese por orden público a los efectos de esta ley, el estado de hecho en el que se realizan los valores de tranquilidad y seguridad públicas; la normalidad de la vida corriente en los lugares públicos, el libre ejercicio de los derechos individuales, así como las competencias de las autoridades públicas; además, la Policía debe protección a los individuos, otorgándoles las garantías necesarias”.
Para quienes están pensando en la “sociedad civil organizada” y “organizaciones barriales” para “controlar la seguridad” al estilo venezolano o cubano, les recomiendo la lectura del artículo 3 de la misma Ley Orgánica Policial promulgada en el gobierno de izquierda: “La Policía Nacional tiene como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades, y garantizar el orden y la seguridad interna…”. Es un buen “texto” a rescatar del anterior gobierno, que parece no tomarse en cuenta o se pretende desconocer en el programa que hoy proponen.
En futuros análisis, seguiremos examinando propuestas. La que hoy realizamos sobre el programa del Frente Amplio plantea la aplicación de recetas que han fracasado en el pasado y nuevamente nos lleva a preguntarnos si tiene las competencias necesarias para la gestión y si realmente comprende la situación de inseguridad que enfrenta el país.
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