Cuando hablamos de la pérdida de valores, no nos vamos a referir a los valores de orden material, al endeudamiento, a las cajas vacías, al incremento de los déficits, al despilfarro y corruptelas de todo tipo y calibre. Tampoco al desperdicio de la magnífica oportunidad que tuvo el país, cuando la aparición de una economía, la de China con crecimiento de asombro, llevó a precios impensables nuestros productos de exportación. Es lógico resignarse y aceptar que juntadores de votos, como Vázquez o Mujica, son claros ejemplos que, sin experiencia de gobierno, los políticos intuitivos no pueden tener favorables resultados en las actuales circunstancias históricas, cuando como enseña, Maurice Duverger, se ha pasado de la democracia liberal a la tecnodemocracia.
En cambio, vamos a destacar lo que ha sido, un evidente descaecimiento institucional, que se ha operado en el país durante los gobiernos frenteamplistas. Este descaecimiento supone que se han ido derribando, poco a poco, las resistencias institucionales, que han ido erosionando en forma más o menos encubierta, pero pausadamente y desde adentro del sistema, ante la indiferencia de ciudadanos que, por desaprensión o ignorancia, no han percibido esos cambios que se les impone sin ningún sobresalto. Con eficaz, sibilino e insidioso procedimiento, si se quiere hasta poco perceptible.
Veamos los ejemplos.
En primer lugar, el tema de las Fiscalías. El fiscal de corte Dr. Rafael Ubiría, fue prácticamente defenestrado, cuando se pronunció en contra del IRPF, llamado a informar sobre su constitucionalidad. Aislado y sin apoyo, aceptó renunciar y asumir como procurador en lo Contencioso Administrativo.
Seguidamente, se pretendió designar a la Dra. Guianze, clara militante frentista en forma provisoria, al no alcanzar los votos.
Ante el dislate, se propuso al Dr. Jorge Díaz, pese a no estar en la carrera del Ministerio Público, pues era magistrado judicial, a quien le revocaron sentencias como a cualquier otro. De todos modos, y con la ingenua indiferencia de aquella oposición, lo votaron por unanimidad. Hoy se ha podido apreciar que, dotado legalmente de exageradas potestades, ha logrado desnaturalizar el proceso acusatorio del nuevo Código Procesal Penal, para convertirlo en un mero procedimiento administrativo, y ha demostrado una inconveniente parcialidad, ostensible y clara en el caso del Gral. Manini.
Finalmente, la conversión legislativa de la Fiscalía de Corte en un servicio descentralizado, va contra la Constitución que, para esa institucionalidad, reserva el dominio comercial e industrial del Estado, en forma exclusiva.
En segundo lugar, el Cilindro municipal convertido en Antel Arena, violenta el principio de especialidad o especificidad de los entes autónomos, al desviar fondos para fines que son ajenos a su cometido. ¿De quién es hoy, del municipio o de Antel?
En tercer lugar, derogación por simple mayoría legislativa (un solo voto) de la ley de Caducidad, ratificada por dos plebiscitos y, por tanto, dotada de una legitimidad indiscutible por el pueblo titular de la soberanía, lo que impone en base al principio de derecho público del “paralelismo de las formas” que se pronuncie otra vez el pueblo y no decidan meramente los legisladores, desoyendo un mandato del soberano. No obstante, la Suprema Corte no ha declarado inconstitucional toda la Ley 18.831, sino solamente dos artículos.
En cuarto lugar, los permanentes desconocimientos a las observaciones del Tribunal de Cuentas, que se cuentan por cientos y revelan la indiferencia sobre ese contralor en las compras directas muy numerosas que se hicieron por altísimos valores, las licitaciones pequeñas o de gran monto, limitadas o abiertas. Siempre evitando todo control y, por supuesto, una administración sin transparencia, que repudiaba todas las normas del Tocaf y violando toda la regularidad en la contratación estatal.
En quinto lugar, las designaciones en las que el nepotismo fue una constante, la elección de personas sin formación alguna e ineptas para los cargos, la creación de direcciones y gerencias en todos lados, sin otra finalidad que la de mejorar los sueldos de los “compas” beneficiados y jamás la de mejorar el servicio.
En sexto lugar, la creación, muchas veces superfetaria, de personas jurídicas de derecho privado, con capitales del Estado, para evitar los controles que, aunque fuese formalmente, están obligadas a respetar, en las que se fueron millonarias pérdidas de las que nadie se hizo ni se hará cargo.
Podríamos seguir con la retahíla de creaciones innecesarias, cuando no absurdas, que en estos quince años transcurridos llevaron la deuda externa a extremos superlativos.
Finalmente, el escándalo del Dr. Toma y sus viajes vip, han permitido conocer que, violando toda normativa, tenía su sueldo como funcionario público, pero además cobraba otro sueldo del Estado, porque era contratado por la Corporación para el Desarrollo y, a su vez, tenía otro contrato de asesoramiento de la Comisión de Lucha contra el Cáncer.
Ha sido esta una forma inadmisible de gobernar. Corresponde decirlo y repetirlo, para que la ciudadanía sepa cómo se usaba y con qué fines, seguridades y garantías manejaba el F.A. los dineros públicos y por qué razones dejaron exhausto y sin recursos el erario público.
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