El soberano expresó ya dos veces mediante plebiscito su clara voluntad de refrendar la Ley de Caducidad. La primera fue en 1989, la segunda veinte años después, en 2009.
Sin embargo, esta ley no se está cumpliendo, por poderes que se sienten por encima del soberano y consideran que deben enmendarle la plana. En efecto, pisotean una y otra vez la voluntad de una ciudadanía que expresó dos veces en las urnas su deseo de dar vuelta la página.
Peor aún, esta violación ha sido asimétrica, ya que se ha decidido revisar los supuestos delitos cometidos por uno de los lados de la contienda. Abogados nacionales reciben financiamiento de ONG extranjeras para llevar adelante causas que, extrañamente, salvo algunas excepciones, terminan arrojando resultados positivos para los demandantes. El éxito garantiza una generosa compensación por parte del Estado a las familias afectadas. Con ello la ONG recupera la inversión, y reinvierte en un nuevo ciclo de acusaciones, condena, cárcel y réditos económicos.
Parecería que en el Uruguay del 2021 se está aplicando lo que se conoce como “derecho penal del enemigo”, doctrina formulada por el jurista alemán Gunther Jakobs. El argumento es más o menos así: determinadas personas son consideradas enemigos de la sociedad –no personas–, y por tanto no ameritan las mismas garantías de un juicio justo de que son acreedores los ciudadanos.
Esto conlleva a que coexistan un derecho penal para los ciudadanos y un derecho penal para los enemigos. Para un país como el nuestro, que se jacta de sus valores republicanos, esta es una señal de alerta. Pero los mismos que se rasgan las vestiduras cuando en un liceo aparece una pintada o consigna partidaria, demuestran un silencio ensordecedor cuando se trata este tema.
Es tal el grado de sumisión ante una idea pergeñada en el extranjero para dividirnos, que con el tiempo vamos olvidando los hechos.
Julio María Sanguinetti nos ha dejado como valioso legado una importante obra donde documenta los hechos ocurridos desde la década del ´60 hasta la transición democrática. Allí queda bien marcada la secuencia histórica y causal de los hechos. Sin embargo, hoy parecería que alguna importante figura de gobierno no logra distinguir la diferencia entre 1968 y 1973.
¿Cómo es posible que el Estado ofrezca las garantías necesarias con tal desinformación?
Este abuso contra la voluntad de la ciudadanía tiene consecuencias lamentables.
Afecta a aquellos ciudadanos que están presos como resultado de procesos que en el mejor de los casos parecerían injustos y, por lo visto más arriba, son inconstitucionales y por tanto ilegales. Y también afecta la confianza de las Fuerzas de Seguridad en el cumplimiento del deber.
En su cuenta de Twitter, el 3 de diciembre, el senador Manini, expresaba: “Hoy falleció en prisión el Sargento Leonardo Vidal. Preso porque en 1972, en democracia, siendo soldado, cumplió la orden de tirar sobre un sedicioso que huía. Fue juzgado en su momento y absuelto. Medio siglo después fue juzgado por segunda vez. ¡Venganza disfrazada de justicia!”
Pero quizás más doloroso que haber ignorado la voluntad de la ciudadanía, es que nos hayan robado la paz que los uruguayos votamos en 1984. Si lo anterior se discute en el plano jurídico, esto es a nivel de valores; la paz es una de las construcciones humanas más trascendentales.
Como el duelo, es un mecanismo que nos permite seguir adelante y construir un futuro. Pero claramente los intereses inconfesables hacen carroña de nuestra debilidad y aprovechan para lograr sus objetivos, que inevitablemente pasan por perpetuar la división y el odio entre uruguayos.
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