A través de varios proyectos de ley, el Parlamento ha logrado colocar el problema del endeudamiento familiar en el centro de la discusión política. Hasta hace relativamente poco el tema despertaba poco interés por parte de los medios, evidenciando que la cobertura mediática no es necesariamente un indicio de lo que es relevante para la ciudadanía. Tampoco parecía despertar la atención de la institución constitucionalmente encargada de supervisar al sistema financiero y custodiar el buen funcionamiento del crédito. En efecto, por mucho tiempo daba la impresión que el Banco Central del Uruguay “miraba para el costado”, al decir del senador Guido Manini Ríos.
En los hechos fue gracias a la cristalinidad que ofrece nuestro Parlamento que la ciudadanía tuvo la oportunidad de enterarse del problema y acceder a información concreta difícil de obtener de la propia página web de la máxima autoridad del sistema financiero. Esto ocurrió con el proyecto de “capacidad crediticia”, presentado por el diputado Felipe Carballo (FA), y que se viene discutiendo en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes. Este proyecto propone traspasar parte de las deudas que los individuos tienen con el sistema financiero privado al BROU, efectivamente socializando pérdidas privadas. La Comisión solicitó un informe al BCU y este respondió por escrito en un documento que se hizo público hace unas semanas.
Firmado por el Ec. Gerardo Licandro, responsable de la Asesoría Macroeconómica del BCU, el informe explica con contundencia las consecuencias que dicho proyecto de ley tendría sobre el patrimonio del BROU. “Para tener una idea de la dimensión potencial (de máxima) de este problema, considerando que los 700.000 deudores a que se refiere la exposición de motivos tienen el máximo de deuda de 26.000 UI a que refiere el proyecto, el monto total del problema podría alcanzar los 18.200 millones de UI, cifra que supera el BROU a marzo de 2022”. Se desprende claramente de lo anterior que, de aprobar el proyecto, se pondría en riesgo la solvencia del BROU, rescatando a los financistas que causaron el problema desde el primer momento.
Pero para que no quepa lugar a dudas, en el párrafo siguiente Licandro agregó que “en su máxima expresión, este riesgo representaría una magnitud comparable a la exposición del sistema bancario privado en activos a Argentina en 2002”. Es una comparación tan válida para dimensionar el problema como desafortunada, ya que asocia al BROU con una crisis de la cual fue claramente víctima y no victimario, algo poco recomendable en una industria tan sensible como la bancaria. Evidentemente esto no pasó desapercibido.
Riesgo para el BROU “similar al de 2002”. Ese fue el título de un recuadro publicado por el diario El País el miércoles pasado, sin firma. No se necesita ser semiólogo para percatarse de las falacias contenidas en ese título engañoso. En primer lugar, el BROU hoy no tiene ese riesgo en su cartera; el mismo se encuentra desparramado por el sistema financiero privado. En segundo lugar, no se trata de un “riesgo similar”. La comparación de Licandro se refiere a la magnitud, no al tipo de riesgo, que hoy es muy diferente: son mayormente créditos al consumo a ciudadanos uruguayos. Finalmente, asociar al BROU innecesariamente con la crisis de 2002 es una actitud propia de gamberros. Un título como “Riesgo para el sistema financiero privado ‘similar al de 2002’” habría resultado más ajustado a la realidad. Pero seguramente hubiera generado algún tipo de reacción de mayor tonalidad que la ofrecida por el noble banco país.
Lo cierto del informe del BCU es que, de aprobarse un proyecto de ese tipo, se estaría traspasando al BROU un riesgo importante. Si bien esto resulta improbable, no se puede bajar la guardia, ya que son muchos los que se alistan en esa campaña de larga data para debilitar al banco fundado por el presidente Idiarte Borda.
¿Pero esto significa que debemos estar tranquilos? De ninguna manera, ya que el riesgo es real y se encuentra alojado en los balances de los bancos y de sus colaterales. Es aquí donde sí conviene tener presente las verdaderas causas de la crisis del 2002. La exposición a activos argentinos no se acumuló ni en un mes ni en un año. Cualquiera que se hubiera tomado el trabajo de mirar las notas a los balances del Banco de Montevideo, del Banco Comercial o del Banco de Galicia, hubiera podido hacer, en cuestión de unas pocas horas, esos mismos números que los equipos técnicos del BCU “descubrieron” recién cuando ya los dados estaban echados y la crisis no tenía marcha atrás.
Empecemos por el Banco de Galicia, que por mucho tiempo operó bajo una licencia de casa bancaria, pero que como resultado de un cambio fiscal en Argentina y gracias a un servicial lobby local, consiguió que el BCU le otorgara la licencia bancaria pocos años antes de la crisis. Para el momento que estalló la crisis, el Banco de Galicia era por activos el principal banco uruguayo, algo de lo que pocos uruguayos eran conscientes. Ante el corralito argentino, el BCU intentó dar tranquilidad informando que el banco tenía mayormente “depósitos de argentinos”. A partir de ese momento, la corrida bancaria no amainaría hasta el feriado bancario de julio y el posterior apoyo financiero recibido de Estados Unidos.
Cuando Carlos Rohm cayó preso en Argentina a principios de enero del 2002, muchos uruguayos todavía exultaban por los depósitos que venían de Argentina. Imaginaban edificios en Punta del Este, portafolios de banca privada y muchas, muchas comisiones. ¿Suena familiar? El episodio tiene su clímax con la intervención del Banco Comercial, instancia en la que los equipos inspectivos del BCU “detectan” que los bonos argentinos que figuraban en su activo en realidad no estaban. Esta constatación permitió configurar el problema como un “robo”, pasando por alto que esos bonos ya prácticamente no tenían valor –Argentina acababa de declarar el default–, por lo que, robados o no robados, el impacto sobre el patrimonio y la liquidez del banco no cambiaba mucho. Basta recordar la telenovela del folio 41…
El Banco de Montevideo también se encontraba fuertemente expuesto al riesgo argentino, en forma directa, y a través de la operativa de su colateral que no consolidaba con el balance del banco, y que por tanto resultaban “invisibles” para los equipos responsables de la supervisión. ¿Suena familiar? Si el BCU hubiera tenido algo más de cuidado, no hubiera autorizado la venta del Banco Caja Obrera, un banco en manos del Estado, que a raíz de las restricciones que tenía para dar crédito, se encontraba muy líquido. El gobierno del presidente Jorge Batlle tuvo la alternativa de vender el Caja Obrera a un banco suizo perteneciente al italiano Grupo FIAT, pero optó en cambio por vendérselo a un Banco de Montevideo cuyas actividades en la región ya generaban “ruido” en la Ciudad Vieja, lo que terminó agrandando el problema.
Claramente se veían semáforos de alerta por varios lados y esto no es con el “diario del lunes”. Al sistema político-administrativo del Banco Central se le pasaron varias cosas por las narices y, en algunos casos, hasta optó por ignorarlas. La gran lección de la crisis bancaria del 2002 no es que los bancos no puedan prestar a empresas argentinas, ya que de hecho prestan a subsidiarias y afiliadas de empresas argentinas en nuestro país. La lección que no se puede olvidar es que no se pueden pasar por alto las señales de alerta.
Hoy sabemos que hay un millón de uruguayos en el clearing y que más de 600 mil son considerados irrecuperables por el sistema bancario. Los números de exposición crediticia, según surge del informe del Ec. Licandro, evidencian que el problema podría ser de una magnitud significativa respecto al patrimonio del sistema bancario agregado. A esto hay que añadir que los préstamos considerados vigentes devengan tasas que pueden superar con creces el 100%, lo que hace su recupero dependiente de la marcha de la economía y el empleo.
Este es un problema que claramente no existió durante la crisis del 2002, ya que los bancos tenían una cartera muy limitada de créditos al consumo. Son varios los factores que cambiaron la geografía del sistema en las últimas dos décadas. El primero es que los bancos se fueron quedando con las financieras independientes, reduciendo la competencia y habilitando una suba en las tasas de interés. El segundo es que la ley de usura del 2007 permitió que los límites a la tasa de interés impuestos por el BCU se remontaran como una cometa. El tercero es que las normas del mercado de valores impidieron en la práctica que las financieras independientes procuren fuentes de financiamiento privado, dejándolas a la merced de los bancos. Finalmente, a través de mecanismos de “ingeniería financiera”, los bancos empezaron a financiar directamente a sus colaterales de financiación al consumo.
Si repasamos con atención lo anterior, podremos constatar que muchos de estos elementos estuvieron presentes en la crisis financiera que Estados Unidos sufrió en 2008 luego de la caída de Lehman: créditos “supbrime”, colaterales financieras, abuso de posiciones dominantes, pasividad del supervisor, etc. Afortunadamente, daría la impresión que el BCU decidió ahora estudiar el problema con mayor profundidad. El informe del Ec. Licandro es una bocanada de aire fresco. Convendría sí ajustar un poco más el foco de estudio, para colocarlo donde todos sabemos se encuentra el verdadero problema. La relevancia que Manini Ríos le ha asignado al tema ha permitido levantar el telón sobre una realidad que ya muchos sospechaban: el endeudamiento familiar resulta insostenible.
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