Debemos admitir que ya nos hemos pronunciado en contra de la creación de un Ministerio de Justicia, pero la insistencia en su creación que algunos sectores incluyen en el programa de gobierno que ofrecen a los ciudadanos en estos momentos previos al acto electoral nos obliga a reiterar nuestras razones.
Empecemos por decir que ya existen 15 Ministerios y la creación de otro, a nuestro criterio innecesario e inconveniente, sería aumentar la burocracia, el gasto y los impuestos.
Luego, que existe por parte del frenteamplismo –siempre pródigo con los dineros del pueblo–un proyecto para crear un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a pesar de que ya existe un Instituto de Derechos Humanos.
Con preocupación hemos visto que algunos candidatos de la Coalición Republicana, como Álvaro Delgado y Andrés Ojeda, se han sumado a los promotores frentistas en la creación de esa cartera y, sin un fundado análisis y con un inexplicable apuro, se prestan a servir de furgón de cola del conglomerado de izquierda.
Felizmente, otros candidatos como Pedro Bordaberry y Gastón Zubía, entre los colorados, y Jorge Gandini, en las filas blancas, se han declarado francamente en contra de la iniciativa. En algún caso, como el del doctor Gustavo Zubía, fundado en las razones que obran por su profundo conocimiento del sistema, adquirido en su larga experiencia como fiscal, o el del senador Jorge Gandini como solvente conocedor del funcionamiento de la máquina estatal en todas sus variables, que ha llamado a un sereno estudio y mayor reflexión sobre el asunto.
Cabildo Abierto, en expresiones muy claras del senador Guillermo Domenech, también ha desacreditado la iniciativa por fútil e innecesaria al calificarla como “cambios cosméticos”.
Resulta, además, llamativo que nadie ha consultado a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, de los que solamente la Dra. Doris Morales ha salido a manifestar su desacuerdo con elocuente brevedad, diciendo “nada hay más político que los ministerios”.
Obviamente que toda esta iniciativa se ha replanteado como respuesta a la inocultable crisis desatada desde la aprobación del nuevo Código del Proceso Penal, pésimo cuerpo normativo al que le es imputable el ilevantable fracaso en la imposición del sistema acusatorio, que ha derivado en un 99% (según las últimas cifras) hacia el “proceso abreviado”, lo que supone el desplazamiento de la administración de la Justicia hacia los fiscales en detrimento de los jueces, lo que es abiertamente inconstitucional.
La creación de un Ministerio de Justicia supone que el Poder Ejecutivo habrá de tener participación en algunos aspectos que conciernen a la actividad jurisdiccional, lo que no es para nada conveniente, ni siquiera en lo estrictamente administrativo. Gobierne quien gobierne, siempre habrá un hombre de partido que agregará su cuota a un sistema ya muy influido por la politización de la Justicia o la judicialización de la política, como más de una vez hemos expresado.
Esto hipertrofia las facultades del Poder Ejecutivo hacia un área donde no puede tener competencia constitucional y empaña la separación de poderes. No es posible admitir ninguna pretensión que limite, recorte, suprima la menor potestad del Poder Judicial, cuya independencia absoluta es sagrada y así deberá siempre preservarse.
No negamos la necesidad de cambios que son imprescindibles, como la inmediata corrección del Código del Proceso Penal o la reestructura normativa y funcional del sistema carcelario, cuya crisis ha llegado a límites insoportables por la deshumanización del trato y la imposible recuperación, que en tales condiciones no permite cumplir con el claro mandato constitucional. Pero quien quiera ver la solución a esos problemas por medio de la creación de un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos está a nuestro criterio totalmente equivocado.
Si se piensa que todavía no se ha podido designar el nuevo fiscal de Corte porque el Frente Amplio se niega a votar el que proponga la Coalición Republicana, pues aspira a tener en ese cargo a quien tenga una clara afinidad ideológica, como lo fue el Dr. Jorge Díaz, que era juez y nunca había integrado el Ministerio Público, se advertirá la enorme dificultad para acordar el nombramiento. No obstante, entre los fiscales que están en actividad existen algunos de los mejores juristas del país, sin duda alguna, amplios conocedores de la problemática del servicio, que están en condiciones de devolverle la jerarquía de otrora. De aquellos señores magistrados que inspiraban respeto por su saber y por la austeridad de su conducta, que asumían el alto cargo en silencio y discretamente, ajenos a toda estridencia publicitaria y desde allí dictaban cátedra sin alardes.
Como siempre, es otra herencia maldita que dejó el Frente Amplio, que junto al Código del Proceso Penal, las Instrucciones Generales para los Fiscales que se aprobaron por Ley 19.483, y la Ley 19.580 sobre Violencia de Género se deberán derogar o modificar seriamente, sin lo cual el visible deterioro del sistema judicial, contra el que se levantan hoy la mayoría de las voces, seguirá vigente.
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