La grieta existe en nuestra sociedad, aunque hay quienes lo niegan. Entendemos que la grieta existe y seguirá existiendo mientras haya quienes mantengan la falsedad de un relato, que ya ha comenzado a crujir y empieza a debilitarse ante la evidencia de la verdad histórica.
Porque ese mentiroso relato, que sostiene que la guerrilla no fue causa del golpe de estado, no se mantiene más. Como tampoco puede negarse que el llamado Movimiento de Liberación Nacional cometió Crímenes de Guerra, como fusilar a un rehén (Mitrione), delitos de lesa humanidad (torturas, cárcel del pueblo, secuestros extorsivos, asesinatos de civiles ajenos al conflicto como Pascasio Báez, los soldados dormidos o los muertos de Pando) y actos de terrorismo (la bomba del bowling de Carrasco que le amputó una pierna a una modesta trabajadora).
Ese falso relato, ahora defendido con menos entusiasmo por alguno de sus acérrimos propagandistas, que pretende la redención de quienes desataron el fuego y la sangre porque su finalidad era crear una sociedad más justa, o sea justificando los medios criminales por su finalidad noble y solidaria, ya no tiene lugar y solo contribuye a profundizar y mantener la grieta existente.
Del mismo modo retrotraer el comienzo de la dictadura al 13 de junio de 1968, como hace la Ley N° 18.596 del 18 de setiembre de 2009 (primer gobierno de Vázquez), es una falsedad que el general Líber Seregni nunca compartió. Y tampoco los 490.000 votantes que acompañaron la reelección de Pacheco en 1971, que de haberse logrado hubiera evitado el golpe de Estado.
La pretensión de fundar en la adopción de las medidas de seguridad la ruptura institucional es un gravísimo error, así, aunque se hubieren repetido. Error y mala fe, porque ese instituto de derecho público previsto en nuestra Constitución y aprobado por un Parlamento democráticamente elegido, también está previsto en la obra de Montesquieu. También decimos que, sin la sedición armada en la calle, dando golpe tras golpe contra la institucionalidad democrática, al presidente Pacheco Areco nunca se le hubiere ocurrido imponer esas medidas.
Ahora bien. Es imprescindible recordar el inevitable ingrediente económico que tiene el falso relato. Comencemos por recordar que la citada Ley 18.596, reconoce el “quebrantamiento del Estado de derecho y la violación de los derechos humanos entre el 13 de junio de 1968 y el 28 de febrero de 1985”, a los efectos de la reparación de las víctimas y en ese sentido se aprobaron las siguientes normas legislativas de carácter reparatorio:
– Ley N° 15.783 de 1985
– Ley N° 16.102 de 1989
– Ley N° 16.163 de 1990
– Ley N° 16.194 de 1991
– Ley N° 16.440 de 1993
– Ley N° 16.451 de 1993
– Ley N° 16.651 de 1994
– Ley N° 17.061 de 1998
– Ley N° 17.449 de 2002
– Ley N° 17.620 de 2003
– Ley N° 17.917 de 2005
– Ley N° 17.949 de 2006
– Ley N° 18.026 de 2006
– Ley N° 18.033 de 2006
– Ley N° 18.420 de 2008
Todas esas normas componen el plexo legislativo que “forma parte de la reparación integral de las víctimas” y el Estado se comprometió a promover “las acciones materiales y simbólicas para restablecer la dignidad y honrar la memoria histórica de la víctimas” (Ley N° 18.596).
De lo expuesto queda en la más clara evidencia, que la reparación buscada y obtenida por quienes desataron la guerra interna en el país —que fueron derrotados y nunca lucharon contra la dictadura, como por algunos se pretende—, se vertebra fundamentalmente por el resarcimiento monetario y la reparación económica; y que siendo una aspiración del más puro cuño capitalista, se comparte por igual entre extupamaros y bolches, amparando hasta la tercera generación de sus descendientes y, en algún caso, llegando a beneficiar hasta a quien nunca estuvo preso un solo día.
No obstante, califican de “fachos” a todos los que no piensan como ellos. A pesar de que los “bolches” de entrecasa ni siquiera hicieron el renunciamiento del eurocomunismo que, en forma pública, renegó del acatamiento a los dictados de Moscú, a la dictadura del proletariado y a la lucha de clases.
Nadie hasta ahora ha preguntado cuánto se ha pagado por concepto de reparaciones a los exguerrilleros y familiares, cuánto se sigue pagando y hasta cuándo se pagará. Todos esos cientos de millones recaen siempre sobre la espalda del sufrido ciudadano, silente y resignado, a quien se le impone la pesada carga de indemnizaciones en favor de quienes, con su “iluminada aventura”, han creado una grieta que persistirá en nuestra sociedad, aunque todavía hay quienes pretendan negarlo.
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