La concertación, entendida como una instancia de debate y acuerdo entre diversas fuerzas políticas y sociales, no es una construcción uruguaya, sino que remonta sus orígenes al New Deal estadounidense y a políticas impulsadas por varios estados de Europa Occidental luego de la segunda posguerra. Estas ideas tomaron renovados bríos en el marco de la crisis económica de mediados de la década del setenta. Se trató especialmente de acuerdos a nivel económico-social (salarios, empleo, precios, distribución del ingreso y control de la inflación) donde participaban el Estado, los empresarios y los sindicatos. El objetivo era lograr estabilidad económica con el fin de amortiguar los conflictos sociales y así generar estabilidad política. Uno de los ejemplos más claros de este tipo de concertación fueron los llamados Pactos de la Moncloa en España…
La Concertación Nacional Programática (Conapro) no era un órgano de carácter institucional y sus decisiones no obligaban formalmente a ninguno de sus miembros, pero poseyó un importante grado de legitimidad en la opinión pública y los diversos actores participantes asumieron el compromiso de honrar los acuerdos alcanzados. En sus propios documentos fue definida como el ámbito de concertación nacional y programática, de partidos políticos y fuerzas sociales y empresariales donde se formularán propuestas de soluciones a ser puestas en práctica desde el 1.º de marzo de 1985. Todo ello sin perjuicio de los programas y plataformas de los partidos y organizaciones participantes. En ella participaron representantes de los principales sectores de los cuatro partidos más importantes del espectro político nacional, así como delegados de diversas organizaciones de la sociedad civil: sindicatos, gremiales empresariales, variadas organizaciones vinculadas a la actividad rural, cooperativistas, defensores de los derechos humanos, colectivos vinculados a la ciencia y cultura, organizaciones de mujeres, entre otros. Fue expresamente excluida la Asociación de Bancos del Uruguay por considerar que la mayoría de sus miembros respondían a la banca extranjera y eran responsables directos de la crisis que vivía Uruguay.
Constó de dos etapas, una que se extendió del 4 de setiembre al 5 de noviembre de 1984, fecha en que pasó a cuarto intermedio debido a las elecciones del 25 de ese mes. Dos días después de las elecciones volvió al trabajo y sesionó hasta poco tiempo antes de la asunción del presidente electo, Julio María Sanguinetti, el 1 de marzo de 1985. Las referencias constantes a la Conapro en la prensa de la época dan testimonio de la importancia que tuvo para sus contemporáneos. Asimismo, una encuesta realizada por Equipos Consultores Asociados y publicada a mediados de octubre de 1984 mostraba que el 82 % de los ciudadanos conocían a la Conapro y el 78 % la valoraban de forma positiva. Su legitimidad era tal que varias organizaciones sociales y empresariales que no se sentían representadas por las delegaciones participantes en la Concertación solicitaron ser incluidos en ella a través de delegados propios.
Las posturas esgrimidas por los diversos actores presentes en la Conapro dejaban entrever que, con matices, existía un cierto acuerdo respecto a la existencia de una dimensión socioeconómica constitutiva de la democracia. En este sentido, el neoliberalismo era asociado al autoritarismo, transformándose casi en un sinónimo, por lo que las propuestas de activación económica planteadas en varias de las resoluciones de la Conapro implicaban una importante presencia estatal y un intento de reactivación del sector primario y secundario en detrimento del financiero.
Extraído de “Concertando la democracia. La experiencia de la Conapro en la transición uruguaya (1984-1985)”, del Prof. Alvaro Sosa de la Facultad de Humanidades y Ciencias
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