En nuestro país los gobiernos a los que llaman despectivamente “de derecha” hacen lo mismo que los llamados de izquierda, pero mejor y con honestidad.
Nadie ha tocado lo que en términos marxistas se llama infraestructura, pues en los quince años de administraciones frentistas no hubo cambios estructurales. A menos que llamen cambios estructurales a una mayor integración con el poder sindical, a punto de convertirlo en parte de su aparato con trasiego de dirigentes de un sector a otro, a un pregonado mejoramiento –más proclama que realidad– en la distribución, a un aumento desmedido de la burocracia estatal, a una política exterior favorable a los gobiernos, precisamente más antidemocráticos como el de Nicaragua, Venezuela, Cuba e Irán y a un gasto social en planes de ayuda a los sectores más vulnerables que hoy ha sido superado con creces por el gobierno de la coalición ganadora.
En cambio, lo que el Frente Amplio ha demostrado desde su derrota, por tres veces consecutivas, es su cruda oposición a todo lo que haga el gobierno de la coalición. Todo lo que proyecte, apruebe o legisle está mal. Toda medida que adopte, toda designación que realice, toda norma legal que sancione es reprobada duramente.
La oposición en nada colabora, tiene trancados proyectos que requieren su aprobación, como la reforma del Sistema de Seguridad Social –casi nada–, la designación del nuevo fiscal de corte y la integración de los directorios de la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas, que precisan de sus votos.
Maestros en el arte de oponerse, obstruir, poner palos en la rueda y criticar se han acollarado en ese bajo menester el Frente Amplio y la dirigencia sindical y hay que aprender de ellos.
Quienes hoy son gobierno, en pasadas administraciones frentistas apoyaron desde el Parlamento la integración de todos los organismos que requieren mayorías especiales, aceptaron al fiscal de corte propuesto, el Dr. Jorge Díaz –que resultó un militante frentista que le brindó sus servicios en exclusividad e hizo un engendro impresentable (este sí impresentable) con la confección del Código Procesal Penal, que ha creado caos, confusión e inseguridad– y aprobó hasta una Institución de DD.HH. que quedó convertida en un “club político del Frente Amplio”, como la calificó el inolvidable Dr. Jorge Larrañaga.
Esa actitud patriótica que tuvieron los partidos tradicionales con el Frente Amplio hoy es mal correspondida, con la crítica más dura, la controversia más injustificada y la censura más intransigente.
Frente a esa tesitura, no cabe más la tibieza, la tolerancia o la paciencia, pues constituyen un diagnóstico equivocado respecto de las intenciones de la izquierda, que habla de enemigos y no de adversarios, que contesta a la moderación con ceguera y fanatismo, que aspira a imponer su voluntad con autoritaria terquedad, y que miente descaradamente, ajena a toda ética y a todo respeto por la verdad.
Critican la ayuda o el gasto social, que entienden que es poco, pero callan ante la denuncia que hace el Mides de los cientos de millones de pesos que se apropiaron las ONG creadas y apoyadas por el Frente Amplio.
La dirigencia del PIT-CNT está agitando la idea de que hay “rasgos de autoritarismo en el Gobierno”, pero se olvidan del apoyo al golpe de Estado que los bolches, desde “El Popular”, aplaudieron y secundaron. Tuvo que salir el Dr. Sanguinetti a decir, una vez más, a todos los que hoy hacen gárgaras con la democracia, que el 11 de febrero de 1973 el diario comunista “El Popular” bajo la consigna “oligarquía o pueblo” buscaba la alianza entre obreros, estudiantes y militares, y que el senador comunista Reyes Daglio anunciaba que los Comunicados 4 y 7 habían abierto una esperanza. ¿O se olvidaron que el frenteamplismo se sumaba al golpe esperanzado en un levantamiento de tipo peruanista militar a lo Velasco Alvarado?
El Cr. Astori –que en su momento, falseando su palabra de que no iba a crear más impuestos, aumentó considerablemente los existentes– hoy sale quejumbroso a atacar al gobierno cuando fue su idea gravar al trabajo con el IPRF que nos impuso desde el 2007 con la ley 18.803. O sea que la idea de gravar al trabajo, rechazada siempre por el batllismo, fue impuesta por el partido que pretende ser el único defensor del sector de los trabajadores.
Hasta insignificantes medidas, como la intervención de un club de futbol, el Villa Española, “decretada a pedido de sus propias autoridades por discusiones internas a causa de manejos en los fondos y balances, se han cuestionado con el increíble pretexto de que, ¡se atenta contra la libertad de asociación!
El Sindicato de Telecomunicaciones, Sutel, la emprende contra el gobierno por autorizar la banda ancha a los cableoperadores, diciendo que significa atentar contra la infraestructura de Antel, pero nada dice que lo impone un mandato de la Suprema Corte de Justicia.
Y lo más increíble: critican la LUC, por ser una ley ómnibus y hasta analizan una reforma constitucional para limitarla –en un disparatado esfuerzo de hermenéutica jurídica– sin recordar que se saltearon la Constitución Nacional en los casos de Antel, violando el principio de especialidad y en el caso de la Fiscalía de Corte convertida en Servicio Descentralizado sin tener actividad industrial ni comercial como impone la Carta Magna.
No pretendemos que se reconozcan las dificultades propias a la tarea del gobierno o sus errores, pero sí que se tenga en cuenta la situación, ante las causas insuperables de fuerza mayor como son la pandemia, la inflación internacional o los ajustes que hicieron todos los países.
Por lo que decimos que hay que aprender la lección, no en cuanto se pueda referir a lo que cause perjuicios que pueda sufrir la población o que dañe al país, sino en los beneficios que recibe el Frente Amplio, los cargos que ocupa y los reclamos o exigencias que siempre está planteando.
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