En el año 2017 se firmaron los documentos que permitieron la instalación de la llamada UPM 2, caracterizados, entre otras cosas, por la asunción de una obligación de construir a cargo de nuestro país un ferrocarril cuyo costo se estimó en más de 2000 millones de dólares y comprar a precios superiores a los internacionales la energía eléctrica que dicha planta generara por la quema de los residuos de su producción. Dicho contrato se firmó sin posibilidad alguna de que la oposición pudiera conocer debidamente su contenido y sin siquiera consultarla.
Esperábamos que el gobierno electo en noviembre de 2019 aprovechara las oportunidades que se le presentaron para modificar dicho acuerdo en los términos considerados como más lesivos para nuestro país. A pesar de la pandemia, que podría haber justificado una negociación en tal sentido, las negociaciones emprendidas por el actual gobierno fueron más que nada formales y ni el ojo llenaron a los que esperábamos que se defendiera con fuerza el interés nacional. En definitiva, el último gobierno del FA celebró un negocio que consideramos que se concretó en términos desfavorables y el gobierno de la coalición nos dio la sensación de hacer la parodia de negociar cambios.
Ahora tenemos que parecen cambiar los términos y es el gobierno de la coalición que impulsa otro negocio, el tan mentado proyecto Neptuno a emplazarse en la zona de Arazatí en el departamento de San José, por el que OSE pagará 50 millones de dólares anuales durante 17 años, totalizando de esta manera, unos 900 millones de dólares, el costo total de la obra. Se trata en realidad de un negocio financiero que cuadruplica el valor de la obra con el recargo de intereses muy importantes. A ello se suma la realización de un pólder, o sea un lago artificial para depósito de agua, que ocupará parte de las tierras más fértiles del Uruguay y puede, según algunos expertos, contaminar las aguas subterráneas del acuífero Guaraní. El Frente Amplio, hoy gobierno electo, desde la oposición ha juzgado muy negativamente este proyecto, pero parece decidido a devolver la gentileza de lo sucedido con UPM2 y da la impresión de que consentirá que el gobierno que se encuentra feneciendo haga el negocio y solo efectuará una oposición cosmética. En definitiva, la coalición en el Poder Ejecutivo y el FA actúan retribuyéndose gentilezas, que en realidad comprometen al país por varias décadas sin una verdadera discusión en el ámbito legislativo, donde están representados los principales actores políticos del país.
Parecería que en materia de contraer compromisos que rozan el interés nacional, las principales formaciones políticas prefieren el secretismo, que en definitiva beneficia, sin duda, a los ejecutores de las obras, pero parecería que sobre todo a los financistas de ellas, proscribiéndose la discusión pública y particularmente política, de proyectos que comprometen el interés nacional afectando a varias generaciones de compatriotas. Es con la intención de resolver este problema que presentamos un proyecto de ley que imponía la anuencia legislativa para contraer compromisos de la naturaleza de los que estamos comentando. Solo Cabildo Abierto apoyó la iniciativa, que fue sepultada por el desinterés de los partidos que son afectos a este tipo de prácticas y que como los teros solo hacen vuelos rasantes aparentemente agresivos, pero sin trascendencia real. Podemos decir que hay en el ámbito político nacional quienes solo aparentan ser opuestos, en el viejo juego policial del bueno y el malo, pero que, en realidad, teórica y prácticamente, tienen las mismas conductas. La supuesta alternativa no es tal, sino que se trata de una confrontación solo aparente, entre quienes en definitiva responden a los mismos intereses e incluso coinciden en materias que son manejadas por los mismos personajes, no obstante los cambios formales de gobierno.
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