Más que un análisis particular de los 67 artículos de la LUC referidos al tema de educación y de los cuales 63 de ellos refieren a cambios en la Ley General de Educación del 2009, corresponde hacer un análisis de las políticas educativas y del significado de dicha Ley. Apenas 4 artículos refieren a otros temas, tales como derogar el monopolio legal de las reválidas de la UDELAR, prorrogar nuevamente las autoridades del UTEC y adscribir el Plan Ceibal y la ANII al MEC. Hay en tal sentido, una acción limitada, al no tocarse otras leyes o al incorporar nuevas formas de la relación entre el Estado y la educación en el país.
La LGE del 2009 significó un paso trascendente en la corporativización de la educación estatal media y básica, y la LUC, propende a volver a darle un mayor sentido público a la educación estatal. Sin quitar totalmente la corporativización, propende a equilibrar un poco más la relación entre Estado y Corporaciones en la educación y con ello propender a permitir mayores niveles de calidad por la vía de una menor injerencia de los propios actores en los destinos de la educación.
Veamos la película entera. Hace ya varios años, la educación en Uruguay inició un camino de descentralización pensando con ello alcanzar una mayor eficiencia y eficacia en los procesos de enseñanza y al mismo tiempo como resultado de luchas por el poder. Sin embargo, fue un camino de un tipo de descentralización de lo Estatal que fue lentamente derivando en la transformación de los tradicionales servicios públicos en servicios y bienes educativos privados al corporativizarlos.
“Las corporaciones gremiales pasaron a tener un rol de creciente importancia en las decisiones académicas y organizativas”
Fue un pasaje desde una dinámica caracterizada por la oferta de bienes educativos públicos a una oferta de bienes de propiedad públicos pero de fuerte gestión privada a través de lógicas corporativas. No fue una descentralización que favoreciera un empoderamiento regional y que como tal contribuyera a reducir los enormes desequilibrios entre la capital y el interior del país. Tampoco fue una privatización que reforzara a la sociedad civil en la prestación de servicios educativos y equilibrara el alto peso del Estado y de la sociedad política en la vida nacional y especialmente en la educación y que reforzara las comunidades, las familias o las iniciativas privadas. Tampoco una descentralización del poder de lo público hacia las unidades académicas de base y los liceos y escuelas. Tampoco una descentralización pensando en la calidad y en la meritocracia hacia aquellos con mayores competencias, capacidades o resultados. No.
Fue una descentralización hacia las corporaciones gremiales que pasaron a tener un rol de creciente importancia en las decisiones académicas y organizativas, y que impulso una lógica de cooperativa y autonomía en la formación educativa y en el uso de los recursos públicos. Fue una descentralización que derivó en formas de creciente injerencia de los actores educativos y que representó en una pérdida del carácter de bienes públicos para conformarse crecientemente como bienes privados.
En esa dinámica, la educación cada vez más se apoyó en las estructuras sindicales como centros de poder, donde el enfoque educativo estuvo cada vez menos centrados en los estudiantes y en sus resultados, ya que la lógica corporativa limitó la evaluación, derivó en un creciente carácter endogámico de sus procesos de contratación, y una lenta pérdida de pertinencia de sus programas junto a una alta ineficiencia e ineficacia de los servicios educativos.
La incorporación de componentes de relativa autonomía, buscaba construir un espacio de participación de las comunidades académicas en la dinámica de funcionamiento de las unidades académicas y en la discusión de los caminos educativos como parte de un camino que impulsaba la democratización de la sociedad. Sin embargo, ello derivó en procesos de corporativización en grupos gremiales y políticos y finalmente se conformó como una privatización de lo público que contribuyó a ideologizar la educación, reducir su eficiencia e impactar negativamente en la gestión y la pertinencia.
Ello se pretende modificar ahora al cambiar una amplia cantidad de artículos de la Ley General de la Educación del año 2009 que fue el punto central en la pérdida del carácter de ser la educación un bien público, y al conformarse como expresión de las corporaciones gremiales e imponer una lógica de autonomía y de participación corporativa en la gestión.
“Es un avance reducir el peso de las corporaciones, pero es un debe la necesidad de aumentar el peso de la sociedad civil en la gestión educativa”
Fue la frutilla en la torta de un largo camino de luchas por el poder de las corporaciones para sus mejores intereses, pero que al tiempo impulsaron un paso más en un largo camino de deterioro de la educación nacional.
Cuando más colegialización, autonomización y corporativización de la dinámica educativa, cuando menos regulación y dirección gubernamental, cuando menos capacidad de gobernar por encima de los intereses corporativos, el resultado ha sido más ideologización y menos calidad, más ineficiencia y peores resultados en términos de la calidad y pertinencia. Y también más expansión de lo privado.
La propuesta de la LUC al modificar la LGE aprobada por los votos exclusivos del Frente Amplio en su momento, es retomar el carácter público de la educación por sobre el carácter corporativo y privado. Es darle el protagonismo y dirección real a la sociedad por encima de las corporaciones, a la democracia y la nación, y por ende a la sociedad, por encima de las corporaciones. Es una reforma democratizadora en el sentido de volver a darle el centro de lo público por encima de la privado, y de colocar a la gestión pública como encima de las corporaciones. Sin embargo, también sería necesaria impulsar nuevas formas de descentralización y de darle protagonismo a la sociedad civil y a la sociedad política.
Sin duda, el rol del Estado, y del MEC por encima de las autonomías y las corporaciones es el primer paso, pero también hay que pensar que el CODICEN instrumente la delegación de las funciones educativas para la prestación del servicio de enseñanza en todos los niveles a través de contratos con organismos públicos, tales como Ministerios, Entes e Intendencias Departamentales, o de organizaciones educativas nacionales sin fines de lucro, en base a indicadores de cumplimientos mínimos de resultados y de procesos dispuestos por el organismo.
Lo público debe ser diverso, si no es una gestión estatal, y la educación debe descentralizarse. Es un avance reducir el peso de las corporaciones, pero es un debe la necesidad de aumentar el peso de la sociedad civil en la gestión educativa, que sin duda, no se puede reducir a la educación técnica, media y básica como ha sido la propia LGE, sino que se debe encarar la problemática más amplia y total de la educación, incluyendo la más central en los caminos del futuro, la educación superior.
