Para Uruguay, el dilema es existencial: ¿es el Mercosur un blindaje regional que amplía su margen de negociación global, o un corsé regulatorio que limita su potencial? La respuesta requiere una redefinición del proyecto, es decir, o evoluciona hacia una flexibilización profunda que permita membresías asimétricas y negociaciones individuales, o Uruguay podría verse compelido a una desvinculación gradual, priorizando su inserción global por sobre la integración regional. Este proceso no es meramente comercial; es una renegociación de su identidad política en el Cono Sur.
Aparece, a veces de manera dilemática, la condición de “satélite económico”, o sea una especie de inmediación por controlable de Argentina y Brasil. La estabilidad de los grandes vecinos no es una variable externa, sino el determinante más inmediato de su propia coyuntura interna. Uruguay opera, en la práctica, como un ecosistema económico satelital de Brasil y, en menor medida, de Argentina. Las crisis macroeconómicas, políticas o sanitarias en cualquiera de ellos generan shocks de transmisión casi automática: caída del turismo (fuente vital de divisas), contracción del comercio intrarregional, fuga de inversiones y perturbaciones en los críticos flujos energéticos (dependencia gasífera y eléctrica).
Esta interdependencia convierte la política exterior uruguaya en una política de gestión de vecindad, donde la diplomacia debe actuar como amortiguador de externalidades negativas. El país no tiene la capacidad de aislarse ni debería hacerlo; su estrategia debe ser de resiliencia adaptativa: diversificar mercados, acumular reservas estratégicas y fortalecer su solidez institucional interna para servir como un “puerto seguro y confiable” regional que capitalice las oportunidades y talento en tiempos de crisis vecinal.
La agenda estará muy marcada por la amenaza transnacional, el crimen organizado y la erosión de la soberanía. La seguridad regional ya no se define por conflictos interestatales, sino por la acción de actores no estatales transnacionales. El crimen organizado, narcotráfico, lavado de activos, tráfico de armas, reconoce fronteras porosas y aprovecha asimetrías institucionales. Para Uruguay, una sociedad tradicionalmente de baja conflictividad y con fuerzas de seguridad de escala limitada, esta amenaza es directa y corrosiva.
No se trata solo de un problema de delincuencia, sino de un desafío a la soberanía estatal. Opera de manera crecientemente influyente, el poder corruptor del capital ilícito puede penetrar el sistema político, judicial y financiero, desnaturalizando instituciones clave. La ubicación del país como ruta hacia Europa y puerto natural del Cono Sur lo hace atractivo para la logística del crimen global.
La respuesta efectiva exige una cooperación regional genuina y operativa, que supere la retórica y aborde inteligencia conjunta, trazabilidad financiera y armonización legal. La paradoja es que, mientras la región sea inestable, Uruguay, a pesar de su solidez interna, seguirá siendo vulnerable a esta inseguridad importada, forzándolo a destinar recursos crecientes a la defensa de su orden interno frente a externalidades desestabilizadoras sobre las cuales tiene control limitado.
La reconfiguración del orden internacional, marcada por la competencia sistémica entre Estados Unidos y China, trasciende la rivalidad geopolítica clásica y se manifiesta como una “guerra fría tecnológica”. Este paradigma redefine los ejes de poder, donde la supremacía ya no se mide solo en capacidad militar, sino en dominio de cadenas de valor críticas, estándares tecnológicos universales y control de la infraestructura digital global.
El núcleo del desafío uruguayo reside en una disonancia estratégica entre su economía y sus afinidades político-institucionales. China se ha constituido como el socio comercial primordial, absorbente de productos básicos estratégicos (soja, carne, celulosa) e inversor en infraestructura. Esta relación define un vínculo de interdependencia asimétrica, donde la prosperidad económica nacional está vinculada a la demanda y el financiamiento chinos. Pero no hay buenos ni malos es este confuso escenario. Solo hay intereses que se hacen valer.
En contraparte, Estados Unidos representa el aliado histórico en seguridad, inversiones de calidad, cooperación técnica y una profunda sintonía en valores democráticos y gobernanza. Uruguay, por tanto, navega una dualidad obligada: su racionalidad económica lo ancla al este, mientras su identidad política y suscriptores de seguridad lo ligan al oeste. La estrategia diplomática debe operacionalizar esta dualidad sin incurrir en la securitización de sus relaciones económicas ni en la marginalización de sus alianzas políticas, un ejercicio de búsqueda de balances de alto riesgo en un contexto de creciente polarización.
La guerra fría tecnológica materializa este dilema en decisiones concretas de política doméstica con implicaciones globales. La elección de proveedores para infraestructuras críticas, como las redes 5G/6G, es emblemática. Optar por Huawei u otros actores chinos implica beneficios en coste y eficiencia, pero expone al país a acusaciones de vulnerabilidades de seguridad “puerta trasera” y a posibles represalias tecnológicas de Estados Unidos (bajo mecanismos como el “Clean Network”).
Elegir proveedores occidentales (Ericsson, Nokia) puede significar mayor costo y una percepción de alineamiento político, garantizando a la vez interoperabilidad con sistemas de seguridad aliados. La decisión trasciende lo técnico en la medida que es un acto de geopolítica digital que define la esfera de cibersoberanía y el futuro posicionamiento del país en bloques tecnológicos fragmentados.
Luego de un período de globalización dominante, la fragmentación como forma de protección es quizás el factor más disruptivo. La emergencia de ecosistemas tecnológicos paralelos y mutuamente excluyentes, en estándares de inteligencia artificial, protocolos de comunicación, sistemas de pagos digitales y normativas de gobernanza de datos, amenaza con fracturar la internet global.
Para Uruguay, esta división impondría costos de transacción prohibitivos y podría forzar una elección forzosa de integración. Adherir a un ecosistema implica adoptar sus estándares, sus marcos legales y, en última instancia, su órbita de influencia. La estrategia nacional, por tanto, debe evolucionar desde la mera promoción de la conectividad hacia una diplomacia tecnológica sofisticada, que busque preservar la interoperabilidad, diversificar proveedores y participar activamente en foros multilaterales donde se negocien los futuros estándares, defendiendo un modelo de internet abierta y multistakeholder.
Tradicionalmente, la geopolítica ha operado como una disciplina centrada en las grandes potencias, sus esferas de influencia y las teorías del heartland1 o del dominio marítimo. Analizar Uruguay desde esta óptica exige un cambio de paradigma epistemológico, o sea, pasar de la geopolítica de la centralidad a la geopolítica de la agencia periférica. Uruguay no es un objeto pasivo del sistema internacional, sino un actor con capacidad de agencia estratégica dentro de sus constricciones estructurales.
La condición de Estado pequeño, pero con altos índices de desarrollo humano, estabilidad institucional y conectividad, lo posiciona en una categoría singular: la de un “micropoder normativo” o un “Estado-nicho”. Su poder no reside en la coerción o la masa económica, sino en la autoridad derivada de su consistencia democrática, su soft power diplomático y su capacidad para especializarse en nichos de gobernanza global (derechos humanos, mantenimiento de la paz, sostenibilidad).
La posición política, económica y fundamentalmente comercial de Uruguay está definida por una tríada de condicionantes estructurales prácticamente inmutables a lo largo de su corta historia independiente. La primera que se denomina “geografía de la interposición”; la segunda que refiere a una clara economía de la especialización y la tercera derivada de su condición uruguaya de Estado de puertas abierta, más allá de las connotaciones económicas.
Debido a la geografía de la interposición dada su ubicación entre “dos gigantes” regionales (Brasil y Argentina), la historia del Uruguay y en gran medida el desarrollo de su economía está inextricablemente ligadas a los ciclos de los grandes países limítrofes. Esta “geografía de la interdependencia asimétrica” genera una constante tensión entre la autonomía y la necesidad de integración. Las condicionantes de esta cercanía con los gigantes Brasil y Argentina, ha determinado y condicionado sus opciones sobre todo económicas y comerciales.
Por otra parte, la economía de la especialización primaria ha restringido su inserción internacional se basa en la exportación de productos básicos agroindustriales (proteína animal, granos, celulosa). Esto lo hace vulnerable a las fluctuaciones de los mercados globales y a los estándares ambientales de los países consumidores, pero también le otorga una relevancia estratégica en la cadena de seguridad alimentaria global.
También ha sido fundamental la condición de Uruguay como un Estado-puerta abierta por sus costas sobre el Río de la Plata y el Océano Atlántico Sur. Es claro que Uruguay ha funcionado históricamente como un nodo de interfaz entre el Cono Sur y las rutas marítimas globales. Esto convierte la soberanía logística y la conectividad digital en uno de los elementos centrales de la seguridad nacional contemporánea uruguaya.
Para Uruguay, un Estado pequeño, abierto y dependiente del comercio, este entorno genera un dilema estructural de soberanía: cómo mantener la autonomía de decisión en un sistema internacional bifurcado que exige alineamientos excluyentes. En síntesis, las dinámicas regionales configuran para Uruguay un entorno de alto riesgo y alta interdependencia, donde su agencia estatal se ve constantemente puesta a prueba entre la necesidad de integración y la imperiosa defensa de su autonomía y estabilidad doméstica.
Frente a las restricciones que hemos identificado, Uruguay ha desarrollado una soberanía operativa notable. Esta se ejerce mediante una diplomacia pragmática y multidireccional, buscando diversificar dependencias y explotar los intersticios del sistema internacional. El concepto de “neutralidad activa” o “no alineamiento pragmático” es clave, no es una abdicación de la política, sino una estrategia deliberada para maximizar márgenes de maniobra evitando alineamientos automáticos que restrinjan sus opciones.
Uruguay se está jugando su futuro soberano. Sin soberanía lo que queda no es un estado nación sino una caricatura de lo que nuestros héroes fundadores hicieron por nuestra independencia hace unos doscientos años. El objetivo último de Uruguay en las actuales circunstancias es evitar la periferialización digital y mantener un margen de maniobra en un sistema internacional que, para las naciones pequeñas, se vuelve cada vez más binario y restrictivo. Hay que tener particular cuidado respecto de qué cartas jugamos y cuándo las jugamos. Hay que cuidar muy bien nuestros intereses nacionales estratégicos.
1 Heartland en geopolítica se refiere a una región estratégica, vital para el poder de un país o continente, por su ubicación central, recursos o importancia económica.
* Carlos Petrella y Carlos Tessore son ingenieros de la Universidad de la República, Uruguay, y doctorados en España y Estados Unidos, respectivamente. Codirigen un equipo de investigación en Gestión de Crisis Antrópicas.
