En septiembre de 1951, el ministro de Economía Ludwig Erhard recibió un dossier confidencial del director ministerial Ludwig Kattenstroh. El jefe del departamento de organización económica informaba, alarmado por la última discusión sobre un Consejo Económico Federal, que amenazaba con escaparse de las manos del gobierno: “Las fuerzas que presionan hoy de nuevo a favor de una solución son más fuertes que en el pasado y obligan, por tanto, al gobierno a tomar una posición, pues de lo contrario existe el riesgo de una disolución del Estado. La tendencia a la organización de los intereses económicos con un efecto intencionado o condicionado institucionalmente en la esfera política del Estado puede verse hoy en todas partes”. Kattenstroh reclamó urgentemente una solución jurídica que fuera adecuada para dar a las “fuerzas parapolíticas de la economía […] un foro común y una posibilidad de impacto adaptada al orden estatal actual”. Solo así podrían “unirse en interés del Estado en su conjunto las fuerzas que hasta entonces habían estado luchando separadas y generando constantes tensiones”.
Esta dramática valoración de la situación refleja el caldeado ambiente en el que se debatió la creación de un Consejo Económico Federal a principios de los años cincuenta. Políticos de todos los partidos, representantes sindicales, iglesias, abogados constitucionalistas y economistas expresaron sus opiniones al respecto sin que surgiera una opinión clara. El asunto era además tan complicado porque la discusión sobre el Consejo Económico Federal solapaba diferentes complejos de problemas. De hecho, el debate sirvió como una especie de pantalla de proyección para cuestiones de orden político y económico sin resolver. Destacados expertos en derecho constitucional ya no descartaban una “enmienda constitucional de gran alcance”, ya que el “desplazamiento de los partidos y el Parlamento por un sistema sindicalista de asociaciones empresariales y consejos empresariales” no era compatible con la idea parlamentaria de la Ley Fundamental.
Por último, estrechamente vinculado a este tema estaba el debate sobre la cogestión empresarial e “interempresarial”, así como la próxima reorganización de las cámaras de industria y comercio. El debate sobre el Consejo Económico Federal también pareció tan confuso a los contemporáneos porque apenas podían reconocerse posiciones claras, los cálculos estratégicos estaban ligados a ideas fundamentales y las líneas del frente atravesaban todos los partidos, asociaciones y grupos sociales. Los constitucionalistas conservadores, los líderes sindicales y los políticos sociales católicos se unieron en una notable coalición, a pesar de que su apoyo a dicho órgano estaba vinculado a expectativas muy diferentes.
Para los sindicatos, la creación de consejos económicos formaba parte de una reorganización global del orden económico y político. Siguiendo las antiguas ideas de “democracia económica”, formuladas a finales de los años veinte por Fritz Naphtali, por ejemplo, el objetivo no era solo conceder a los trabajadores el derecho a participar dentro de las empresas, sino también realizar una “cogestión interempresarial” de gran alcance. La idea subyacente era que la representación parlamentaria no bastaría para hacer valer adecuadamente los intereses de política económica de los trabajadores. La cogestión empresarial, el fortalecimiento de la autoadministración a través de cámaras con representación paritaria y la creación de consejos económicos a nivel de distrito, estatal y federal se consideraban, por tanto, importantes elementos constitutivos de un nuevo orden económico.
La idea de la cogestión cobró aún más importancia a partir de 1949, cuando se desvanecieron las esperanzas de socialización de las grandes empresas y los sindicatos buscaban una nueva línea programática. Las tareas que debían cumplir en detalle los consejos económicos eran, por supuesto, controvertidas. “Democracia económica” y “autogestión política de la economía” seguían siendo conceptos vagos en el programa de la Confederación Alemana de Sindicatos fundada en octubre de 1949. Esto se debió, entre otras cosas, a que representantes sindicales radicales, como Viktor Agartz, veían en los consejos económicos un instrumento para hacer realidad ideas de economía planificada de gran alcance, mientras que dirigentes pragmáticos, como Hans Böckler, Ludwig Rosenberg y Erich Potthoff, los consideraban más bien un complemento del sistema parlamentario. Esta última postura ganó rápidamente aceptación en los sindicatos, de modo que incluso observadores conservadores como el redactor jefe del Sonntagsblatt, Hans Zehrer, asumieron que el “debate sobre el derecho de cogestión, por muy agudo que sea en los detalles, […] señalaba el fin de la doctrina marxista”. Zehrer, que había propagado ideas estatistas como principal dirigente del Tat-Kreis en la década de 1920, era partidario, por tanto, de la creación de un Consejo Económico Federal como “intento de resolver la cuestión social sin un socialismo marxista real”.
Alexander Nützenadel es catedrático de Historia Social y Económica en la Universidad Humboldt de Berlín. Obtuvo su licenciatura (Historia, Economía e Informática) en 1990 en la Universidad de Gotinga y su doctorado (Historia Moderna) en 1995 en la Universidad de Colonia con un estudio sobre la política agraria en el fascismo italiano. En 2004 concluyó su habilitación en la Universidad de Colonia con un libro sobre los expertos económicos en la Alemania de posguerra. Este es un fragmento de su artículo “Representación de los intereses económicos en la democracia parlamentaria. El debate sobre el Consejo Económico Federal en los años 50”.
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