El senador Guido Manini Ríos viene reclamando desde hace casi dos años la convocatoria del Consejo de Economía Nacional. A pesar de que se trata de una institución prevista por nuestra Constitución desde la reforma de 1934, las resistencias que esta solicitud ha logrado levantar en varias tiendas no deja de sorprendernos.
La reticencia es comprensible desde la lógica empresarial de algunos grupos acostumbrados a comprometer al Estado con recursos y regulaciones por períodos que exceden al de cualquier gobierno. Estos grupos prefieren instancias como las del presupuesto o la Rendición de Cuentas, que encuentran al legislativo operando en modo “urgenciado”, discutiendo artículos que muchas veces parecen caídos del cielo y que poco tienen que ver con las necesidades presupuestales. Recordemos, por ejemplo, el artículo del presupuesto que pretendía eliminar el monopolio del BROU sobre los depósitos del sector público, protección que permite al banco país solventar una presencia física en el interior que no sería rentable si se manejara con criterios de la banca privada. La medida fue descartada gracias a la oportuna intervención de legisladores de Cabildo Abierto y del Partido Colorado, pero hasta el día de hoy se desconoce la “paternidad” de la propuesta. Simplemente apareció en el articulado…
En el articulado actual de la Rendición de Cuentas se encuentran muchas cosas de naturaleza similar. A modo de ejemplo, el artículo 226 pretende modificar el artículo 1782 del Código Civil, que limita el arrendamiento de inmuebles del sector público a un plazo máximo de quince años. Se propone ahora que en el caso de inmuebles que tengan como destino “predios o talleres logísticos ferroviarios”, el plazo máximo sea de 30 años. En buen romance, esto significa que alguien está interesado en alquilar por treinta años los bienes inmuebles de AFE ubicados en las ciudades del interior. ¿Será alguna gran superficie en expansión? ¿Dónde se pueden leer los estudios que justifican esta modificación? ¿Cuál es su mérito económico? ¿Dónde se anunció que AFE pondría en alquiler sus inmuebles? ¿No era que el tren de UPM iba a revitalizar el modo de transporte ferroviario?
En fin, este es solo un ejemplo del ejercicio intelectual que un simple ciudadano debe realizar para comprender la lógica detrás de la Rendición de Cuentas. Las cláusulas para liberar la instalación de nuevas “super-farmacias” son todo un capítulo aparte y su inclusión en el articulado solo puede interpretarse como el corolario de un plan de negocios particular. ¿Será que la resistencia a convocar al CEN es para evitar perder grados de libertad en la articulación de intereses públicos y privados? ¿No sería mucho más transparente sentar alrededor de una mesa al Estado, al sector privado, a los sindicatos y otras partes interesadas? ¿No ofrecería mayores garantías a los privados en sus negociaciones con el Estado?
Veamos lo que ocurre con las políticas energéticas. Mientras el canciller alemán hace una incómoda gira relámpago por Arabia Saudita en búsqueda de combustibles fósiles, mientras el gobierno francés da vía libre a la construcción de nuevas centrales nucleares y el gobierno argentino progresa en la construcción del gasoducto que conectará el gas de Vaca Muerta con el conurbano bonaerense, nuestro país se embarca a todo vapor detrás de una de las novelerías predilectas de la Agenda 2030: el hidrógeno verde. ¿Qué es el hidrógeno verde? Se trata de la aplicación de electrólisis al agua, separando al oxígeno del hidrógeno. El gas resultante es comprimido, almacenado y transportado para ser utilizado como combustible “verde”, ya que la electricidad que lo generó tiene su origen en energías renovables. De acuerdo a la hoja de ruta proporcionada por el Ministerio de Energía, existe una gran oportunidad de exportación de este tipo de energía hacia los centros de consuno mundiales.
Resulta difícil creer que pueda llegar a ser más rentable transformar agua en hidrógeno para luego transportarlo al mundo en lugar de quemar gas natural disponible en la región a precios marginales. Al menos esta es la opinión de algunos expertos energéticos, de esos que tienen los pies en la tierra y no corren detrás de las ocurrencias de Davos. Pero más allá de esto, deberíamos plantearnos quién fue el que decidió apostar a una forma de energía que implica comprometer nuestros recursos de agua dulce, ya que exportar hidrógeno verde equivale a vender agua transformada con energía eléctrica. ¿No tenemos mejor utilización para los recursos hídricos y eléctricos que exportarlos al resto del mundo? ¿No sería más conveniente utilizar esta agua y esta energía excedente para implementar obras de riego en las zonas agrícola-ganaderas? ¿No nos permitiría esto aumentar el valor de nuestras exportaciones de alimentos? ¿No sería una buena forma de generar empleo a lo largo y ancho del territorio? ¿No sería esta una forma más “sostenible” de utilizar un recurso finito como el agua?
Todo indica que nos enfrentamos nuevamente a una temporada estival con escasez de agua y es poco lo que se ha hecho para mitigar la situación por parte del Estado. Si tuviéramos un Consejo de Economía Nacional, sería un ámbito más que adecuado para debatir las ventajas y desventajas de cada una de las alternativas. Los recursos son finitos, especialmente el tiempo de gobernantes y burocracias estatales. Por andar a las apuradas, terminamos inevitablemente trabajando sobre la agenda que nos ponen en frente organismos multilaterales, consultoras y ONG. Llegó el momento de que consensuemos nuestra propia agenda de desarrollo nacional, y para ello es necesario que representantes de los diferentes sectores de la política, la economía y la sociedad se sienten a discutir de forma ordenada y sistemática; claro está, si estamos convencidos que el verdadero desarrollo nacional no pasa por una kermesse de rentas al mejor estilo de los borbones.
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