“…Deshacer agravios, tuertos que enderezar, sinrazones que enmendar, y abusos que mejorar, y deudas que satisfacer”.
Miguel de Cervantes
Cervantes fué uno de los más grandes pensadores de la humanidad a la vez que uno de los mayores maestros de la lengua castellana. Careció de pretensiones de jurista, aunque él, sí había conocido en carne propia, a través de tristes experiencias personales, las cuestiones y entresijos judiciales, que fue plasmando en esa fenomenal narración exorcizante, especie de autobiografía novelada, que la posteridad consagró con el nombre de El Quijote.
Con oportuna precisión, esta obra que narra las desventuras del “Ingenioso Hidalgo” manchego, gira en torno a la justicia y a la injusticia que pone al descubierto la gran afición por el Derecho que tenía su autor y ubica los ribetes leguleyos en boca de su anti-héroe, el bachiller Carrasco.
El pasado sábado en un destacado medio de prensa que últimamente se edita como semanario, una de sus columnistas, Carina Novarese, se rasga las vestiduras por el maltrato que a su entender viene recibiendo la Justicia. “La tribuna grita demasiado, pero la Justicia también escucha demasiado”, alude a la polémica desatada con respecto a la arbitraria orden de una fiscal a su vez autorizada por una juez, de allanar una emisora y el domicilio de un periodista para apropiarse de las fuentes de su información. Sus considerandos en este último número pretenden mitigar el inoportuno apoyo que la semana anterior había brindado al exabrupto judicial. Y para tratar de congraciarse con alguno de sus colegas del periodismo, posiblemente sorprendidos con su postura anterior, arremete en forma destemplada, contra el Senador Manini, al que le reprocha haber considerado el pedido de allanamiento como muy grave y su declaraciones en Twitter donde afirma el líder de Cabildo Abierto que “le llama la atención la celeridad con la que actúa la justicia en determinados temas, en los que un partido político ejerce presión indebida…”.
Olvidando que su imagen está atada al periodismo y sin temor de ofender a la irrenunciable ética en que debe reposar esa noble actividad, con sibilina astucia argumenta contra lo que califica “un grave error” y se ubica a favor de la censura previa. “Un medio de comunicación no tiene por qué seguir las reglas de un tribunal de justicia porque… nada agrega al análisis de un tema, las calificaciones personales de una fuente que no se identifica…”.
Más allá de las aseveraciones de la periodista, nada más antidemocrático que pretender fabricar blindajes a cualquiera de los poderes públicos. Y peor aún, insinuar, que cuando se critica algún procedimiento judicial se impugna a la Justicia, olvidando que como todo poder del Estado, sus errores son subsanables.
Es ahondar maliciosamente en el desconocimiento del Estado de Derecho y sus reglas. El ejercicio de la abogacía se basa en el cuestionamiento de los fallos judiciales sean de carácter civil o penal.
Uno de los muchos casos donde la opinión pública jugó un papel decisivo para reformar la administración de justicia, fue el famoso Crimen de la Ternera. Ese era el nombre de la estancia de José Saravia, uno de los hermanos del General Aparicio Saravia, que fue acusado de ser el autor intelectual del homicidio de su esposa Jacinta Correa, por lo que fue detenido y recluido en prisión por orden del fiscal Luis Piñeiro Chain. A partir de ese momento se da comienzo a uno de los expedientes penales más extensos de los anales judiciales de nuestro país que culmina 8 años más tarde con la absolución de Saravia, por veredicto del Jurado.
Los ocho miembros del jurado concluyeron en que no había elementos definitivos para determinar la responsabilidad penal del imputado. Configuraba un caso muy especial, además de hermano del caudillo muerto en Masoller se trataba de un hombre de fortuna sí pero austero, dedicado a su negocio y muy ayudador de la gente de su pago.
El caso tuvo una enorme cobertura periodística por la notoriedad del principal imputado en el hecho. Este fallo judicial, provocó una fuerte reacción en la opinión pública, ya que la vox populi consideraba a Saravia de acuerdo a los trascendidos, el verdadero responsable de la muerte de su esposa.
La absolución del acusado por parte de un jurado criminal en setiembre de 1937, y el escándalo que produjo ese fallo, motivó de inmediato que el Presidente de la República elevara un proyecto al Poder Legislativo modificando el Código de Instrucción Criminal. “Declárese abolido el juicio por jurados en las causas criminales” decía el artículo 1 de proyecto de ley que firman Gabriel Terra y Eduardo Víctor Haedo, promulgado inmediatamente, casi por unanimidad parlamentaria el 7 de enero de 1938.
Así quedaba abolido un procedimiento de aplicar justicia penal que tuvo una vigencia de casi 70 años. No era un instituto de nuestra tradición hispánica, sino más bien de origen anglosajón que se implantó en Uruguay casi junto con la reforma valeriana de educación popular. Institución muy ponderada por Alexis de Tocqueville, donde el agudo pensador llegó a pensar con ingenuidad “que el pueblo entra en reparto de sus privilegios con los jueces”.
Con buen criterio nuestro país se deshizo de una institución que demostró ser vulnerable.
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