La semana pasada Ecuador estuvo otra vez en los noticieros internacionales tras vivirse unos días de completo caos. El desencadenante fue la fuga de un peligroso criminal, José Adolfo Macías Villamar, conocido como El Fito, que estaba pagando una condena de 34 años desde 2011 por delincuencia organizada, narcotráfico y asesinato. Esta situación provocó que en las principales cárceles de este país se iniciaran motines y como replica el flamante presidente Daniel Novoa decretó el estado de excepción.
Sin embargo, grupos armados, entre ellos los Choneros –banda a la que pertenece el delincuente fugado–, comenzaron a generar terror en las calles de la capital. Y circularon las imágenes de los videos de un canal de televisión que era tomado por un grupo armado, en el que los presentadores de un noticiero fueron amenazados y obligados a suspender el programa que se estaba transmitiendo en vivo. También circularon las imágenes de alumnos huyendo de la universidad por temor a ser secuestrados, saqueos en las calles y otros hechos de violencia.
Esto llevó a que el presidente decretara la existencia de un conflicto armado interno, catalogando a estos grupos pertenecientes al crimen organizado de terroristas. También ordenó a las fuerzas armadas a restablecer el orden en las calles. Según fuentes de Inteligencia de ese país, los Choneros, proveniente de la provincia costera de Manabí, donde está el pueblo de Chone, tienen fuertes vínculos con el Cártel de Sinaloa.
En una entrevista, Carolina Sampó –doctora e investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina– declaró que “Ecuador tiene un rol central, hace un tiempo ya, en el transporte de cocaína tanto hacia Estados Unidos como hacia Europa. Además, comparte frontera con Colombia justo en la zona en la que se produce la hoja de coca. Si a eso se le suman la debilidad del Estado y la falta de recursos de las instituciones estatales, eso hace que Ecuador lamentablemente se haya vuelto un espacio no solo de tránsito, sino también desde el que operar. Esto hace que Ecuador sea un espacio cotizado por las organizaciones criminales”.
Las causas de esta situación que se esgrimen desde Ecuador son múltiples. Los periodistas de investigación Jorge Ortiz y Mariana Neira –entrevistados por La Hora de Ecuador en julio del año pasado– creen que, de alguna manera, a partir de 1999 el país estaba blindado con la presencia militar norteamericana en la Base de Manta por el acuerdo de cooperación concerniente al “Acceso y Uso de los Estados Unidos de América de las Instalaciones en la Base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en Manta para Actividades Aéreas Antinarcóticos”. Pero cuando fue expulsada durante el gobierno de Rafael Correa en 2017, el camino quedó abierto para la filtración masiva y crecimiento constante de las bandas de narcotráfico, y el enardecimiento de su lucha entre ellos por el control del mercado ilícito.
Otra causa que se esgrime fue que al redactarse y aprobarse la Constitución de Montecristi, en 2008, el entonces presidente Rafael Correa impulsó lo que él llamaba “ciudadanía universal”, lo que significaba que cualquier persona, sin importar su lugar de origen, podría ingresar a Ecuador sin visa. Esto generó la llegada masiva de migrantes de África y de Asia. Y en 2010 se levantó la figura y se impuso visa para Afganistán, Bangladés, Eritrea, Etiopía, Kenia, Nepal, Nigeria, Pakistán y Somalia. Sin embargo, se mantuvo la exención de visado para ciudadanos albaneses apelando a la ciudadanía universal, y esa es una de las causas por las cuales la mafia albanesa, que maneja el tráfico de cocaína, empezó a operar en Ecuador.
De hecho, en el documental publicado en 2022 por The Economist, titulado “¿Por qué Bélgica es ahora la capital de la cocaína de Europa?”, se menciona el papel del albanés Ditran Rexhepi –considerado por la Europol como el más “exitoso” emisario criminal balcánico en América Latina– en la red transnacional de tráfico de cocaína hacia Europa. Rexhepi llegó a Ecuador con una identidad falsa. En 2014 fue detenido y encarcelado por narcotráfico. Fue sentenciado, en 2015, a trece años de prisión. No obstante, ello no le ha impedido continuar sus actividades desde la cárcel.
Según el doctor Artan Hoxha, investigador experto en formación –desde 2004– del Consejo de Europa en materia penal y judicial, tanto en Albania como en el extranjero y autor de una serie de monografías y artículos de investigación y coautor del Comentario sobre el procedimiento penal en la República de Albania, de cada cien kilogramos de cocaína que salen de Ecuador, la mayoría en contenedores de banano, entre veinte y veinticinco kilos son utilizados para financiar el pago de sobornos. Lo que evidencia la permeabilidad que tiene el crimen organizado trasnacional en las estructuras gubernamentales en países sudamericanos como europeos.
Es por eso que el informe de Crimen organizado en América Latina, realizado por la Fundación Friedrich Ebert Stiftung, de febrero 2023 expresa que “tanto académicos como formuladores de políticas públicas han relacionado el auge del crimen organizado en América Latina con la incapacidad estatal de hacer valer sus normas o su ausencia en ciertos territorios. Así, desde el auge y la competencia violenta entre carteles mexicanos hasta el control territorial y social por traficantes en las favelas de Río de Janeiro, los fenómenos asociados al crimen organizado son vistos en buena medida como el producto de la incapacidad estatal y la presencia parcial del Estado”.
En definitiva, el caso de Ecuador ilustra otro ejemplo más de cómo la inacción del Estado no solo deja espacios sobre los que no ejerce el control, sino que además esos espacios son utilizados por el crimen organizado trasnacional para realizar sus actividades. Esta historia no es nueva, sucedió en Colombia en los años noventa con el cártel de Medellín y el narcoterrorismo, por lo que América Latina debería haber aprendido las lecciones su historia.
Sin embargo, lo más preocupante, y sobre todo para Uruguay –que ya es señalado por los medios internacionales como uno de los lugares de salidas más importante de cocaína hacia Europa– es que en Ecuador en muy poco tiempo los efectos del crimen organizado han tenido consecuencias desastrosas, no solo para la seguridad ciudadana sino también para el sistema político. No olvidemos el magnicidio del candidato a la presidencia Fernando Villavicencio en agosto del año pasado y de otros dirigentes políticos como Pedro Briones.
Y en ese sentido, la situación actual de Ecuador debería ser una advertencia para Uruguay, que ha visto como en 2023 los delitos y crímenes violentos ligados principalmente al crimen organizado trasnacional han crecido exponencialmente. Porque ese Ecuador que parecía lejano, hoy se nos parece una realidad más que posible.
Por esa razón, el equipo de seguridad de Cabildo Abierto viene realizando propuestas entre la que se encuentra la posibilidad de diseñar un plan estratégico nacional contra el crimen organizado trasnacional. Porque parece obvio que de no actuar en tiempo y forma el problema seguirá multiplicándose. Y al tiempo que esta clase de crimen continúa menoscabando los cimientos de la sociedad generando cada vez más adictos y sicarios, también deteriora el marco institucional que mantiene el funcionamiento efectivo de nuestro sistema social y judicial.
No obstante, en un momento en que en la región aparecen voces de querer cada vez hacer más chico y más pequeño al Estado, no debería olvidarse que para enfrentar al crimen organizado trasnacional se necesita en primer una gran inversión en recursos tecnológicos y humanos en materia de seguridad. Y en segundo, el Estado debe seguir teniendo y aumentando su presencia en todo el territorio, especialmente en los espacios periféricos, manteniendo no solo el orden en materia de seguridad, sino también en materia de salud y de educación como también de infraestructuras varias.
En ese contexto, la semana pasada se encontró un contenedor de budines y alfajores que llevaba dos toneladas de cocaína en el puerto de Amberes, Bélgica. La Aduana de Bélgica informó que en total se encontraron 3.400 kilos de cocaína en cargamentos que llegaron desde Montevideo y Guayaquil en un operativo realizado el 22 de diciembre. Según los datos de los europeos, fueron 1,24 toneladas de provenientes de Ecuador el mismo 22, y 2,16 el 28 de diciembre.
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