La despoblación del territorio ocupado hoy por el Uruguay ha sido una situación casi permanente. Ya en la época inmediata al descubrimiento por España de estas tierras, se calculaba que la población indígena de su territorio oscilaba entre las tres a cinco mil personas, que además habitaban una pradera con una composición herbácea muy distinta a la actual, en la que pastoreaban miles de ciervos autóctonos y otras varias especies animales hoy extinguidas o en vías de extinción. Ese mismo territorio fue lentamente poblándose, alcanzando un crecimiento demográfico importante recién a fines del siglo XIX y principios del siglo XX.
En definitiva, como hace dos siglos, gobernar es poblar y estimular el sano crecimiento de nuestra población, un desafío a vencer
Lamentablemente desde hace mucho tiempo la población del país permanece prácticamente estancada y ha sufrido un paulatino proceso de envejecimiento. Esta situación obedece a factores culturales y prácticas sociales, alentadas por organizaciones internacionales, en las que, con el pretexto de combatir el incremento de la pobreza o por razones de orden sanitario, se alienta todo tipo de prácticas que llevan supuestamente a evitar los males enunciados, pero que en la práctica suponen políticas de reducción poblacional, que en general se aplican a los países considerados subdesarrollados. Para algunos, aunque no lo confiesen expresamente, una de las formas de combatir la pobreza es la de reducir la población que se encuentre en dicha situación a través de políticas que impacten sobre la natalidad, reduciéndola de manera significativa.
En realidad, la población de un país tiene que ser su más preciada riqueza, ya que no solo asegura un importante mercado interno y la posibilidad de un importante desarrollo económico, sino que también supone el cultivo de una riqueza genética importante, que contribuye a la afirmación de una identidad nacional, que se trasunta además en una importante ocupación del territorio.
La proyectada creación de un puerto en el departamento de Montevideo, que se entregaría a una sociedad vinculada a una potencia extranjera, no solo es preocupante por el posible peligro que ello signifique en materia de depredación de las riquezas ictícolas del Río de la Plata y del Atlántico Sur, sino también por la posibilidad que un establecimiento de esa naturaleza sirva de cabeza de puente, para instalar en nuestro territorio una importante cantidad de pobladores provenientes de otro país, lo que puede implicar en los hechos una ocupación de suelo patrio por una potencia extranjera, a la que seguramente no solo le interesará nuestra riqueza ictícola, sino todas las posibilidades que para la producción de alimentos pueden significar los dieciséis millones de hectáreas con aptitud agrícola- ganadera que posee nuestro país.
Digamos que territorio que no se ocupa se pierde. El ocuparlo significa hacerlo con población que responda a nuestra identidad nacional. En tal sentido podemos recordar las palabras del Dr. Herrera “Cada día siento, comprendo más a nuestra raza. Nosotros somos latinos-ibéricos… Me asilo y me refugio en mi raza, yo no tengo interés en que vengan otras, aunque sean muy adelantadas, a imponerse corporativamente, con plan ulterior-cuanto más plutocráticas más temibles-…” Para continuar expresando, que pertenecemos a los pueblos “libres y soberanos que en sus tierras acunaron las mismas majestuosas madres latinas de la cristiandad”. Compartimos el concepto expresado hace décadas, el que mantiene inalterada vigencia en cuanto supone la defensa de nuestra integridad nacional.
El cambio de rumbo en la materia exige políticas de estímulo en lo económico y en lo educacional que acompañen el mejor desarrollo de esas familias para su feliz integración en la sociedad.
En definitiva, como hace dos siglos, gobernar es poblar y estimular el sano crecimiento de nuestra población, un desafío a vencer. Aunque más no sea por razones de orden práctico el estímulo de la natalidad será el imperativo de cualquier gobierno que pretenda revertir el fenómeno del progresivo envejecimiento de la población del país, antesala de su despoblamiento, con las consiguientes consecuencias de orden social y económico y finalmente de la subsistencia de nuestra nacionalidad.
El cambio de rumbo en la materia, exige políticas de estímulo en lo económico y en lo educacional que acompañen el mejor desarrollo de esas familias para su feliz integración en la sociedad, por lo que en definitiva deberá darse el debido protagonismo a las medidas dirigidas al fortalecimiento de la institución familiar hoy sin duda vapuleada por ideologías destructivas sin sustento en la naturaleza de las cosas.
