El jueves 22 de octubre hizo su presentación en sociedad el grupo Prudencia Uruguay, conformado por destacados ciudadanos de las más diversas profesiones, “generaciones, ideologías, creencias y partidos políticos”, con el objetivo de reflexionar sobre la inconveniencia de legalizar la eutanasia y el suicidio asistido.
Prudencia Uruguay aboga por el alivio del sufrimiento a través de los cuidados paliativos, sin necesidad de eliminar a las personas. En su manifiesto, sostiene que la eutanasia y el suicidio asistido atentan contra la vida y la libertad de los más indefensos y vulnerables, y contra la dignidad humana, lo cual atenta contra la base misma de los Derechos Humanos.
Ocurre que una sociedad respetuosa de los Derechos Humanos, no procura aprobar leyes para eliminar a los que sufren, sino para cuidarlos, aliviarlos y consolarlos, sin adelantar la muerte ex profeso, ni retrasarla con tratamientos fútiles. El deber de una sociedad solidaria e inclusiva, es garantizar el cuidado de la vida de todos sus miembros, no el de garantizar la muerte de quienes no le encuentran sentido a su existencia. La forma en que una sociedad acompaña a sus integrantes más indefensos y vulnerables, es un indicador de su salud mental y espiritual.
Otro problema sobre el que advierten, es que la legalización de la eutanasia y el suicidio asistido podrían agravar el sentimiento de culpa de quienes creen que su enfermedad o sus limitaciones, son una carga para quienes los rodean. Ese dolor moral, que se suma al físico, condiciona notablemente la libertad de las personas, al punto que algunas piden morir, cuando lo que en realidad quieren, es aliviar su sufrimiento y el de sus familias.
Para Prudencia Uruguay, la eutanasia y el suicidio asistido también atentan contra la ciencia médica, puesto que los médicos están para salvar vidas, no para eliminarlas. Por eso, recuerdan que en 2019, la Asamblea Médica Mundial condenó categóricamente y por enésima vez, la eutanasia y el suicidio asistido como contrarios a la ética médica. La respuesta de la medicina a estas prácticas, no es un “sí” irresponsable y frívolo, sino la alternativa de unos cuidados paliativos compasivos, acordes con la dignidad humana y con los derechos y deberes que de esta se derivan.
Una ley de eutanasia y suicidio asistido abriría, además, la puerta a una pendiente resbaladiza que, como demuestra la experiencia internacional, empieza con legislaciones muy restrictivas, que luego se aflojan cada vez más: hoy en Holanda, cualquier mayor de 75 años puede pedir la eutanasia, esté o no enfermo o sufriendo. Y es que allí donde la utilidad prima sobre la dignidad humana, se instala inevitablemente, una cultura del descarte. Como si esto fuera poco, cada vez que el Estado legaliza algo que hasta ese momento era delito, el mensaje que recibe el ciudadano común, es que lo que antes estaba mal, ahora está bien; o al menos, es moralmente indiferente.
Por eso Prudencia Uruguay hace un llamado “a un discernimiento riguroso, apelando a los valores y fundamentos que están en la base de nuestra Constitución, de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Código de Ética Médica”, y reclama un plazo no menor a dos años para profundizar el estudio del tema.
Poco después del encuentro, además de manifestar su malestar con Prudencia Uruguay por proponer un tiempo de reflexión que a su juicio “eternizaría” la discusión, el diputado Ope Pasquet se preguntó: “¿con qué autoridad pueden los terceros negarle a una persona el derecho a morir cuando ella lo decida e imponerle la prolongación de su sufrimiento físico o moral?”
De modo similar, uno podría preguntarse: ¿con qué autoridad nos dice el diputado Pasquet que esta ley de eutanasia y suicidio asistido hay que aprobarla hoy y ahora? ¿Por qué no tomarnos un tiempo para reflexionar sobre un tema tan delicado? La disyuntiva ante la que nos encontramos no es menor: o el Estado decide respetar absolutamente la dignidad de todos sin excepción, o decide que la dignidad humana y, por tanto, los derechos humanos, tienen un valor relativo, y que, en Uruguay, algunos pueden decidir sobre su propia vida, o sobre la ajena.
Quizá para iniciar la reflexión sobre un tema tan delicado, convenga preguntarnos: ¿por qué el “derecho a morir” del que habla el diputado Pasquet, no figura ni en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ni en la Constitución de la República?
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