En nuestro país tenemos prisioneros políticos. El esquema de democracia es formal. Pese al especial ahínco con el que disimulan su debilidad quienes integran el sistema político, única instancia en la que el sistema parece ponerse de acuerdo para así protegerse del gran drama que por estas horas se torna indisimulable. Nuestra democracia vive horas difíciles en las que pierde peso específico y comienza a resquebrajarse, la acción de los grupos minoritarios que controlan la coalición de oposición, el Frente Amplio y la inacción del gobierno que ya comienza a correr detrás de los hechos, desnudan la realidad de un escenario en el que la central de trabajadores impone la agenda y lidera el movimiento que logra desestabilizar al sistema y lo hace desde todos los flancos posibles.
Con la sanción de la Ley Interpretativa para la Ley de Caducidad quebró la amnistía general que el pueblo uruguayo consagrara en tres oportunidades, la primera cuando los representantes electos la promovieron y sancionaron y luego cuando un referéndum y un plebiscito, consultas populares que se procesaron con veinte años, una generación completa, de diferencia. La insistencia en cuestionar una de las dos leyes sobre las que se construyó la paz social y olvidar a la otra, es la evidencia de un plan que solo procura generar el clima de zozobra e inquietud que vivimos.
Los 26 militares, policías y civiles actualmente confinados en los establecimientos de Domingo Arena y Coraceros son prisioneros que deben su condición a una persecución de naturaleza política que ha logrado quebrar valores importantes de nuestro sistema republicano y democrático de gobierno, negando acuerdos y compromisos históricos, alterando los compromisos internacionales contraídos por nuestro Estado, vulnerando derechos y estableciendo doctrinas que se llevan puesto a las más elementales normas del debido proceso. Son prisioneros políticos, al igual que los 18 que ya fallecieron, también en cautiverio, que los 14 que por razones de salud están con el régimen de arresto domiciliario. Y al igual que el largo centenar de oficiales que aguardan por su lugar en la caprichosa lista. Ellos son los prisioneros políticos que nuestra frágil democracia no puede defender y nosotros, los que asistimos al proceso, somos los rehenes de la misma situación que es apenas un capítulo en una historia mayor y que va por más.
Quienes aún cuestionan la idea de la existencia de prisioneros políticos ignoran que todos los procesamientos llevados a cabo por la Fiscalía especializada, conformada a medida del efecto pretendido, intenta la aplicación retroactiva de Lesa Humanidad que rige a partir del año 2006 para delitos registrados con anterioridad al año 1985 y cuando se topa con las observaciones de la Suprema Corte de Justicia acomoda caprichosamente los plazos para las prescripciones naturales de los delitos comunes imputados. Estas aberraciones jurídicas que de por sí alcanzarían para despertar la curiosidad de cualquiera, se agravan cuando además las causas que presenta la Fiscalía especializada son armadas a partir de la convicción de un fiscal que sin escrúpulos confiesa que le resulta imposible reunir pruebas y entonces se apoya en un relato colectivo que es también él quien escribe, entonces acusa sin pruebas y además instala la doctrina de la prisión preventiva alegando que se trata de ciudadanos que fueron peligrosos en los años setenta, con lo cual innova al establecer una nueva norma para el caso, la peligrosidad retroactiva.
El proceso es tan caprichoso que no resiste análisis jurídicos y sólo puede entenderse como una acción política para instalar un clima en el que la paz queda en suspenso. La idea de los procesos radica en la necesidad de aclarar hechos, determinar su concreción y castigar a los culpables. Pues bien, en todos los procesamientos, especialmente los recientes, 13 a la fecha sólo este año, no se ha logrado procesar a un solo culpable, todos los casos son de coautoría y no puede ubicar a los que procesa en las escenas del crimen investigado, solo asume que deben haber tenido algo que ver.
Así las cosas, surge clara la condición de prisioneros políticos para quienes son procesados e incluso condenados cuando las causas que los involucran fueron contempladas por una amplia amnistía general que también integró a los terroristas, circunstancia que al no ser respetada manifiesta una clara determinación de carácter político. Luego el derrotero de los procesamientos y la sucesión de soluciones jurídicas aberrantes terminan por consagrar la impunidad de aquellos que aún pelean por llegar al poder y lo que las urnas no le ofrecen, lo procuran desde el caos y la conmoción social. Y en eso estamos.
Diego Flores
CI: 1.715.532-5
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