A fines de 2013 el Parlamento sancionó la ley que habilitaría la producción y venta legal de marihuana, una droga alucinógena entre otros efectos negativos para quien la consume. Los argumentos para implementar este cambio radical en las políticas de estupefacientes venían ya digeridos por ONGs generosamente financiadas que, bajo el pretexto de apuntar a fines medicinales (¿o libre competencia?), han logrado globalizar todo tipo de vicios.
No podemos dejar de recordar que la misma corona británica, que por estos días se encuentra en su faceta más idílica, se aventuró en el siglo XIX a invadir China para “abrir” su mercado al opio producido en la India colonial, ante la necesidad de generar divisas para su Imperio. Frente a la negativa china de abrir la puerta a la intoxicación de su población, los británicos se vieron “forzados” a intervenir militarmente. El funcionamiento de la “mano invisible”.
Uno puede imaginar que, si China no consiguió resistirse a la voluntad británica de drogar a su población, poco iba a poder hacer el gobierno uruguayo ante la decisión de grandes centros de poder de utilizar a nuestro país como campo de experimentación de la liberalización de la marihuana. Visto a la distancia, el gobierno de la época cayó en la ingenuidad de comprar a su valor nominal el viejo credo de la Compañía Británica de las Indias Orientales.
Supuestamente, la liberalización de la droga permitiría ganarle terreno al tráfico ilegal de narcóticos, lo que a su vez beneficiaría a la población a través de un “mejor” producto que podría ser adquirido legalmente. La salud quedó relegada a un segundo plano, a un pie de página sobre la necesidad de campañas de concientización, que incluso hasta el día de hoy nunca se llegaron a aplicar de forma sustancial y consistente. Se ve que se requiere de la autorización de estas generosas ONGs para advertir a la población. Después de todo, si el sistema político está mayormente de acuerdo con esto, ¿por qué es que no vemos campañas de educación por todos lados?
Hoy nuestro país se embarca en un proyecto de naturaleza similar, esta vez en lo que respecta al juego. Concretamente, el mes pasado el Senado aprobó un proyecto de ley sobre los llamados juegos de casinos “online” que pasó ahora a Diputados. A primera vista podría parecer una simple adaptación del viejo marco normativo a las “nuevas tecnologías” –la iniciativa del Poder Ejecutivo consistía en dos escuetos artículos–, pero de un análisis más cuidadoso se desprenden problemas similares a los que ya experimentamos con la legalización de la marihuana.
El primer artículo autoriza a desarrollar esta actividad a los concesionarios actuales de casinos, que hoy operan de forma “presencial”, extendiendo esa posibilidad a “quienes posean dicho título habilitante en el futuro”. No es secreto que esta cláusula fue incluida a pedido del promotor de un proyecto de hotel y casino en Punta del Este, que no termina de materializarse, y que ahora exigiría el otorgamiento de esta licencia sobre un hotel que ni siquiera tiene cimientos.
Nada se dice en el proyecto original sobre los efectos de esta nueva modalidad de juego en la salud de las personas, aspecto fundamental en cualquier marco normativo sobre los juegos de azar. No se menciona ni al pasar el problema de la ludopatía y si esta nueva modalidad puede contribuir a exacerbar un grave problema que puede conducir hasta al suicidio, y tal como queda evidenciado a través de una considerable literatura científica. El proyecto va conceptualmente en la misma dirección liberalizadora aplicada por el Reino Unido a partir de su reforma de 2005 y que, gracias a las normas de competencia de la Unión Europea, se logró imponer en los países del Mediterráneo con resultados desastrosos para la salud mental de los jugadores. Dada la gravedad del problema, el Reino Unido hace esfuerzos por dar marcha atrás con la regulación, pero luego de décadas de grandes ganancias acumuladas, el lobby es muy poderoso y bloquea los intentos de reforma. ¿Quién puede pensar que una competencia abierta, reforzada por incentivos económicos a los jugadores, pueda llegar a ser algo controlable?
El proyecto aprobado por el Senado ahora al menos prevé en su artículo 8 la creación de un fondo para la “atención, tratamiento y prevención de la ludopatía”. Llama la atención que ante una actividad que produce serias consecuencias sobre la salud de los jugadores, no haya participado el Ministerio de Salud Pública. Se mencionan en la comisión consultas informales al Hospital de Clínicas, pero da la impresión que una vez más, los intereses económicos priman sobre la salud.
Efectivamente, es necesario adentrarse en el análisis de las actas taquigráficas de la comisión de Hacienda del Senado para percatarse dónde se encuentra al baricentro de esta iniciativa. “Todo lo que tiene que ver con las tecnologías es muy cambiante, se busca que no quede muy rígido, atado a una ley”, dijo el subsecretario de Economía, intentando justificar la pobreza del proyecto. “Todo lo relacionado con la ludopatía” quedará para el decreto, siguió explicando, abriendo un grado de discrecionalidad que debería encender alguna señal de preocupación.
En la discusión también se utilizó el argumento de los “slots clandestinos”, como si habilitar los casinos “online” permitiera disputarle mercado a esta actividad ilegal, utilizando sin ofrecer evidencia dura un argumento ya utilizado con la marihuana, con resultados desastrosos.
Es preocupante que, casi sin que nos demos cuenta, se estén introduciendo cambios de significación a las bases mismas de una actividad que no solo ha sabido adaptarse a los tiempos, sino que ha cumplido mayormente con los objetivos de la salud.
Abrir esta industria a las reglas del marketing puede significar abrir una caja de pandora. Los argumentos utilizados para pasar esta ley son, en el mejor de los casos, débiles y en algunos hasta falaces. Sería el vicio que nos faltaba.
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