Una gran diferencia de actitudes políticas ha demostrado la coalición republicana en aquello de guardar la adecuada conducta de los funcionarios públicos, y apartarla de los seculares vicios del clientelismo y del amiguismo, alejando de los cargos a quienes se han servido de su poder.
Diferencia, por cuanto los funcionarios frenteamplistas se fueron de los cargos, solamente cuando la Justicia los procesó, como ocurrió en los casos del vicepresidente de la Republica, Raúl Sendic, del ministro de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo y del presidente del Banco de la República, Fernando Calloia.
Ahora, en reciente episodio, el presidente Lacalle Pou, minutos después de que el senador Manini reclamara públicamente que Albisu debía dar un paso al costado, advertido del problema suscitado en la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande, ha decidido extirparlo de raíz, pidiendo la renuncia de su presidente, Carlos Albisu.
Pero entendemos que eso no alcanza, si es que desea mantener su coherencia deben irse todos los integrantes de la delegación uruguaya.
Así se ha procedido en el caso de la exministra de Vivienda, Irene Moreira, que había atendido necesidades reales de dar alguna solución habitacional a familias o personas de su cercanía. El fisco nada perdió, no hubo corrupción ni ilegalidad y se pudo atender una sentida necesidad.
Se plantea ahora un caso similar, pero más grave. Ya no se trata de alojar a una familia sin vivienda, sino de otorgar excelentes empleos de alta remuneración a militantes o ediles propios a sus afinidades políticas, lo que hace muy claras las diferencias.
No se otorga una solución habitacional, o sea se cumple con una obligación del Estado, asumida en las plataformas electorales de todos los partidos políticos, sin excepción. En el caso de la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande se recompensa con cargos y empleos de alta remuneración y otros beneficios propios del ente binacional.
Reconocemos, como dijo el presidente Lacalle, que “no hubo ni ilegalidad ni corrupción”, “aunque sí un abuso quizás indiscriminado de y mecanismo de ingreso”.
Pues bien, en el caso de la exministra de Vivienda tampoco hubo corrupción, ni hubo ilegalidad. Todo lo contrario, la Dra. Moreira actuó de forma legal, al amparo de los cupos que le otorgaba una Resolución vigente en esa cartera, desde el gobierno de Tabaré Vázquez, que habilitaba una minoría de actos discrecionales, que ya hemos citado anteriormente sin que nadie se opusiera.
O sea que la exministra actuó legalmente dentro del marco de una facultad discrecional habilitante, que no es arbitrariedad como bien dicen los constitucionalistas, sino que es el margen para actuar con cierta libertad de criterio y/o por razones de oportunidad o de conveniencia, como se practica a diario y en todas las administraciones.
En tanto, resulta claro que en la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande se actuó “con abuso en los mecanismos de ingreso”, como dijo el presidente Lacalle Pou y en consecuencia le solicitó la renuncia al Dr. Carlos Albisu.
Si entendemos que se debe mantener el mismo criterio aplicado por el “abuso” en las designaciones, una elemental coherencia impone solicitar también la renuncia o remover de sus cargos a los otros dos integrantes de la delegación uruguaya, los señores Nicolás Irigoyen y Daniel Arcieri, como partícipes inexcusables de los hechos.
Que es, por otra parte, la decisión que tomó la Cámara de Representantes de la República.
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