En 2024, se presentaron en nuestro país 115 solicitudes de concursos de acreedores, según datos de la Liga de Defensa Comercial (Lideco). Estamos hablando de más de un 20% de aumento respecto al año anterior.
Recordemos qué es un concurso de acreedores. Se trata de un procedimiento jurisdiccional a través del cual se manifiesta la insolvencia de una empresa o un particular frente a sus acreedores. Existen dos formas de llegar a un concurso: a pedido del deudor, en lo que se conoce como concurso voluntario, y a pedido por los acreedores, lo que se llama concurso necesario. Durante el concurso, un síndico designado por la Justicia busca los activos del deudor y negocia una salida a la situación de insolvencia. Se busca la aprobación de un convenio de pagos o la liquidación de todos los bienes del deudor y su posterior reparto, en el orden que establece la Ley 18.387.
Cada vez que hay un concurso de acreedores, hay ahorristas que pierden parte o todo el dinero invertido. En los casos de Grupo Larrarte y Conexión Ganadera parecería que los concursos de acreedores terminarán en la liquidación de sus escasos bienes. República Ganadera sigue negociando un convenio de pagos, reprogramándolos y bajando la tasa de interés. Su director, Nicolás Jasidakis, tiene reuniones diarias con sus acreedores. Actitud distinta a la de Jairo Larrarte y Pablo Carrasco.
Hubo otros sonados concursos de acreedores que dejaron muchos damnificados, como el de Balsa y Asociados, por ejemplo, con una deuda de US$ 65 millones.
El año pasado, fruto de una mala administración y de no haber calculado el desfasaje entre el dólar y el peso, Juan Balsa dio quiebra y pidió un concurso de acreedores para sus empresas. Balsa pedía plata en dólares a devolver con un interés superior a la inflación a sus asociados, al tiempo que pagaba salarios y aportes a la construcción en pesos uruguayos, esto hizo que los costos fijos de la empresa subieran en dólares y la devolución del capital no fuera sostenible. También hubo acusaciones de retiros sin justificar.
La ley 18795 (o ley de vivienda promovida) otorga beneficios tributarios para la construcción de viviendas de interés social. Bajo esta ley se ha construido viviendas en Carrasco, Barra de Carrasco y Punta del Este entre otros sitios. Viviendas en muchos casos de lujo que están deshabitadas y cuyos dueños generalmente son argentinos, uruguayos, brasileños y paraguayos que buscan una renta. El gobierno anterior modificó esta ley eliminando topes de precios de venta de las viviendas y dando hasta un 100% de exoneración de impuestos. La idea era promover la inversión extranjera, el trabajo y la baja de los costos de la vivienda y los alquileres.
Este rubro también se prestó como inversión financiera, hay empresas que ofrecen productos financieros de inversión en ladrillos. Incluso hay productos en pesos uruguayos que se ajustan por el Índice de Costos de la Construcción (ICC). La más grande se reconoce como una empresa que brinda servicios financieros, por lo que está regulada por el BCU, lo que hace que tenga controles semestrales y trimestrales por parte de la entidad reguladora.
Ofrece “una opción segura para acceder a un capital respaldado en un inmueble, un sistema diseñado sobre la base de un conjunto de personas que ahorran mensualmente en pesos uruguayos.” Y agrega que “la empresa garantiza que la construcción de las torres no dependerá de las ventas de los apartamentos, lo que brinda seguridad a los inversores sobre la finalización del proyecto.”
También hay empresas que ofrecen via crowdfounding (Es una forma de financiación colectiva para un proyecto sin intermediar un banco) la compra de propiedades en el exterior con una rentabilidad del 9% anual. Otras directamente ofrecen rentas en “edificios residenciales que ya están construidos, alquilados y que generan renta en dólares todos los meses en los Estados Unidos”.
Los casos de los bonos ganaderos desnudaron el hecho de que convivimos con esquemas Ponzi todo el tiempo. Esperemos que los controles del BCU y la DGI eviten más estafas, para ello este gobierno deberá de implementar cambios y el parlamento penas más duras para los estafadores.
