En la exposición de motivos del proyecto de reforma de seguridad social, se destaca que uno de sus objetivos es mejorar la eficiencia del ahorro individual, ante el desafío que presenta el aumento en la longevidad. Lógicamente, una mayor eficiencia en el modo en que las AFAP administran el fondo de ahorro individual se traduciría en una mayor rentabilidad promedio y, en el largo plazo, en un mayor ahorro acumulado que podría pagar más años de jubilación. En un mercado competitivo, esta mayor eficiencia debería traducirse en una baja de comisiones, mejorando la rentabilidad neta para los futuros jubilados. Si ese fuera el caso, podríamos afirmar que el mercado estaría produciendo un equilibrio eficiente.
Sin embargo, nada de esto se encuentra en el documento de diagnóstico presentado por el CESS y utilizado como base del proyecto de ley. Por el contrario, luego de una elaborada justificación, este concluye que el nivel de las comisiones “parecería razonable”. O sea, es el propio Estado el que nos dice que el mercado funciona bien y que no hay mucho más para hacer si de bajar las comisiones se trata. De modo que debemos entonces buscar por otro lado si deseamos comprender por dónde vendrán las supuestas “eficiencias”.
En efecto, en la exposición de motivos se argumenta que el portafolio de las AFAP podría ofrecer mejores retornos, sin que ello implique un aumento significativo en los riesgos. Sin embargo, no se ofrece algún respaldo cuantitativo para la afirmación, que parecería más bien estar basada en el argumento implícito de las bondades de la diversificación. Simplemente, se acude a las supuestas “mejores prácticas” de inversiones para economías pequeñas y abiertas que indicarían una mayor participación de colocaciones en el exterior, que con el régimen actual “se encuentran fuertemente limitadas”, generando una fuerte exposición al “riesgo doméstico”. En buen castellano, colocar en bonos emitidos por el gobierno uruguayo sería una proposición más riesgosa que colocar en el exterior. Siendo Uruguay un país “pequeño y abierto”, con ese mismo razonamiento mañana se podría llegar a recomendar colocar el 100% del ahorro de los uruguayos en el exterior. Evidentemente algo falla en ese razonamiento.
Lo cierto es que la gran mayoría de los activos domésticos en que colocan las AFAP son bonos y letras emitidos por la Tesorería y el BCU, lo que garantiza una demanda estable de la deuda soberana que actúa como amortiguador ante los periódicos episodios de crisis en los mercados de deuda emergentes. En ese sentido, reducir la “presión de demanda” por los activos domésticos iría directamente en contra del objetivo de reducir el riesgo país de Uruguay. Efectivamente, inducir un aumento en los rendimientos de la deuda emitida por Uruguay sería una forma algo extraña de mejorar la rentabilidad esperada de los fondos de las AFAP, ya que perjudicaría la sostenibilidad de la deuda pública. Cualquier oficina de deuda en el mundo sabe del valor de un mercado doméstico profundo y estable para su deuda soberana. El que tenga dudas puede analizar el caso de Italia, cuya deuda pública hubiera tenido que ser restructurada tiempo atrás si no fuera por el Tesoro italiano y un profundo pool de ahorro doméstico semicautivo para comprar sus emisiones.
La otra cuestión es, ¿dónde y con qué criterios vamos a invertir esos fondos? ¿Compraremos bonos italianos, españoles y belgas? Todos estos países exhiben grado inversor, a pesar de tener ratios de deuda sobre PBI que en algunos casos llegan a duplicar el de Uruguay. Con esta supuesta diversificación, nos convertiríamos en un país exportador de capital, lo que automáticamente colocaría al Estado y al sector privado doméstico en más dependientes del capital extranjero. En lugar de aplicar nuestros limitados recursos financieros a largo plazo para financiar obras de infraestructura nacionales, terminaríamos financiando infraestructuras similares en aquellos países donde la normativa permita invertir.
Si el problema es solventar las jubilaciones futuras, la solución pasa por mejorar la productividad de la economía, asegurándonos una mayor tasa de crecimiento en el largo plazo. Esto requiere de inversiones y cuanto más baja sea la tasa de interés doméstica, mayor será el volumen de las mismas. Cualquier medida que vaya en contra del acceso a financiamiento para las inversiones realizadas en nuestro territorio, iría directamente en contra del objetivo declarado.
Al razonamiento anterior se agrega que estamos transitando por un nuevo contexto mundial, uno en el que los países desarrollados procuran con afán proteger sus propias industrias, su acceso a las materias primas y su capital. Nosotros parecemos querer ir en la dirección contraria, detrás de liberalizaciones que solo sirven a intereses que poco tienen que ver con la causa nacional. Dejémonos de perder el tiempo con construcciones teóricas, concentremos nuestros preciados recursos en financiar obras de riego significativas, completar la malla ferroviaria para bajar el costo de transporte de mercaderías o en agregar valor a nuestros productos.
De lo que sí estamos absolutamente seguros es que la solución al problema no pasa por abrir las porteras a la exportación indiscriminada del capital de los uruguayos. Esto ya fue advertido por Marcos Methol, senador por Cabildo Abierto, en ocasión de la apurada votación del proyecto en el Senado. Esperemos que en Diputados exista más tiempo para discutir este aspecto tan delicado de la reforma.
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