La llamada de la tribu es el libro que Mario Vargas Llosa dedica a explicar qué le hizo pasar de ser un joven marxista fatuo a un liberal clásico maduro y reflexivo. Desarrolla planteamientos tales como: “La igualdad ante la ley y la igualdad de oportunidades no significan igualdad de ingresos… Porque eso solo sería posible en una sociedad dirigida por un gobierno autoritario que ‘igualara’ económicamente a todos los ciudadanos mediante un sistema opresivo, acabando con las diferentes capacidades individuales, la imaginación, la inventiva, la concentración, la diligencia, la ambición, la ética del trabajo y el liderazgo. Esto implicaría la desaparición del individuo, subsumido en la tribu”.
“Quienes dudan de que la literatura, además de sumirnos en el sueño de la belleza y la felicidad, nos alerta contra toda forma de opresión, pregúntense por qué todos los regímenes empeñados en controlar la conducta de los ciudadanos de la cuna a la tumba la temen tanto que establecen sistemas de censura para reprimirla y vigilan con tanta suspicacia a los escritores independientes”.
“Como todas las épocas han tenido sus espantos, la nuestra es la de los fanáticos, la de los terroristas suicidas, antigua especie convencida de que matando se gana el paraíso, que la sangre de los inocentes lava las afrentas colectivas, corrige las injusticias e impone la verdad sobre las falsas creencias. Innumerables víctimas son inmoladas cada día en diversos lugares del mundo por quienes se sienten poseedores de verdades absolutas”.
Se supone, equivocadamente, que el Estado somos todos, pero hay poderes particulares y grupos de interés con mucha capacidad de control que lo utilizan en su propio beneficio. El Estado, como sistema institucional para la gestión de lo que es colectivo, históricamente tuvo su origen en el saqueo, la guerra y la opresión de unos sobre otros. Por lo cual, frecuentemente, quienes llegan al poder, degeneran en avasallar al individuo, convirtiéndose en una herramienta de unos para vivir a costa de otros. La decisión de qué bienes o servicios son auténticamente públicos y necesarios para la convivencia común es problemática y con su argumento se distorsiona desde el poder, para confiscar el esfuerzo del trabajo individual. Eso lleva a que se confunda bien público con bien proporcionado por el Estado.
El bien público
Los auténticos bienes públicos prioritarios: defensa, orden público, respeto al individuo, cada vez reciben menos importancia o se ignoran, haciendo difuso del presunto consentimiento que justificaría la exacción de los impuestos para mejorar la calidad de vida de todos.
Se asume que la democracia lo legitima todo, o justifica todo, por la forma de elección de los gobernantes; en realidad, desde la ideología totalitaria se impone la tiranía de las mayorías, se ignora la libertad y los derechos individuales. Aquellos que crean los impuestos y asignan lo recaudado lo hacen en su propio nombre, no en el de los demás, y asumen una legitimación tácita, cuya rebelión, aunque legítima, está sancionada penalmente.
Se permite la voz y el voto, pero no se permite exonerarse de la carga abusiva impuesta de tributos, aunque se reciba a cambio servicios o bienes públicos deficientes; y se castigue con un costo duplicado de pagar, además, por servicios o bienes de calidad decente. Se traslada el déficit público por ineptitud, omisión o delito (corrupción) al individuo, obligándolo a solventar el desquicio de obras públicas que dejan el tendal de endeudamiento y esqueletos, cuya carga económica queda para el que trabaja.
Gremios que conjuntaban históricamente individuos de una profesión en común, para defender mejor sus intereses comunes, su trabajo, y el comercio, devinieron en sindicatos que lejos de atender al trabajador que representan, abusan de ellos para proteger privilegios de sus dirigentes, que se eternizan en el poder del gremio, y realizan propuestas que avanzan sobre los derechos del resto de la sociedad, sin piedad del costo, ni del sacrificio.
No solo impuestos
Una condena que el desvío ético, moral y constitucional rechaza, pero que el sistema político auto legitima, impone y a veces denuncia, pero no corrige. Costo ampuloso y bastardo de “derechos sociales” que una casta impone para frenar el crecimiento económico del individuo y de la globalidad. Parásitos por imposición de votos conquistados mintiendo derechos colectivos, que imponen por la fuerza de intereses corporativos obscenos, contrarios al bienestar general.
Para completar esta acción colectiva desintegradora de la armonía social, en los impuestos no hay control individual sobre los presupuestos públicos, que, oponiéndose a la legalidad, cargan a sus representados con endeudamiento, inflación de precios y corrupción. Y están al servicio de otros grupos de interés que tendrían que ser controlados para salvaguardar derechos individuales. Patente de corso que, desde el Estado, se concede para saquear a quienes debieran proteger de los piratas.
*Abogado
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