Hace solo dos semanas que comenzó el nuevo gobierno de coalición. Desde el primer día se reconoció que era un proceso político difícil, con cinco partidos a coordinar. Pero la rápida definición del “Compromiso con el país” y la constitución del gabinete, mostraron que —paso a paso— se iban superando las situaciones. Demoró más encontrar una fórmula común para competir por la Intendencia en Montevideo, pero se encontró una solución novedosa y moderna, que en la persona de la economista Laura Raffo, revela ya un acierto.
Ahora vendrá el desafío de la ley de urgencia, pero —antes de ello— los primeros pasos muestran al gobierno ubicado con claridad en su primera prioridad, que es la seguridad ciudadana.
La actitud de la policía, con fuerte patrullaje y una presencia territorial incuestionable, ha sacudido gratamente a la opinión pública. Después de años, se ha visto aplausos a la policía. Y un retroceso de ese mundo extraño de ocupantes de los espacios públicos montevideanos, permite visualizar la reconquista de la convivencia tradicional de nuestra capital.
Nadie puede reclamar resultados instantáneos, ni que de un día para el otro se puedan sacar de la marginación a esos sectores de la población que hoy viven al margen del trabajo y, con demasiada frecuencia, de la ley.
Se trata de que la autoridad se restablezca y logre superar la actual situación de acoso. Los constantes ataques a la policía, incluso con este horroroso asesinato de una agente, sacuden la conciencia del país. Se trata de que el mundo delictivo apunta a que la policía baje los brazos, a que el miedo paralice.
Razón por la cual no se puede entender que haya políticos del Frente Amplio ya cuestionando procedimientos policiales menores, sin advertir que, más allá de su intención, están ayudando a corroer la vida democrática del país.
No vemos fisuras en la coalición a este respecto. Han mediado algunos matices de opinión en los términos de algunas disposiciones legales, pero seguramente se podrán resolver, porque lo fundamental es que la legislación se ajuste a la actitud de la acción policial. Esta necesita de ese apoyo, de ese respaldo, para que pueda seguir desplegándose con eficacia.
Se está ahora adelante del desafío de integrar los espacios de la Administración. Es siempre engorroso. Hay que conciliar intereses partidarios y capacidades personales, con las necesidades de cada institución.
Es del caso señalar que al Frente Amplio se le han ofrecido cargos importantes y esa generosidad no ha recibido la menor correspondencia. No se ha esperado un día para lanzarse a cuestionar todo lo que aparece.
Sin duda, el desafío que tenemos por delante es grande. Requiere paciencia y sobre todo grandeza. No hay espacio para particularismos o planteos que no se corresponden con la magnitud del desafío.
Ahora resulta que el ajuste de tarifas, que debió hacerse en enero para corregir el resultado inflacionario del año, es ya responsabilidad de un gobierno que no lleva quince días.
O que los procedimientos policiales, que impidieron —por ejemplo— los desmanes que en la marcha feminista anterior se habían producido, son algo autoritario, cuando ofrecieron exactamente lo contrario.
Es un estado de ánimo peligroso, sobre todo cuando el gobierno ha actuado con espíritu abierto y no hay derecho a que se le trate de ese modo.
Seguramente el Presidente de la República, que ha mostrado gran paciencia, mantenga el ofrecimiento, pero la lógica más elemental dice que, en el mismo momento en que se abre para darle posibilidades ciertas posiciones de contralor, no alcanza el mínimo de ética ciudadana esa actitud destemplada y rencorosa.
La coalición tiene por delante, ahora, sancionar la ley de urgencia. Han aparecido cuestionamientos a su legitimidad, porque el proyecto encara numerosos temas. Los respetamos pero no los aceptamos.
Fuimos partícipes de la Reforma Constitucional de 1967 y ese procedimiento excepcional, inspirado en la Constitución francesa de De Gaulle, solamente exceptuó los presupuestos o aquellos asuntos que requieren mayorías especiales.
No hay otras limitaciones, de modo que el Parlamento tiene que abocarse a esos variados asuntos conforme a sus mejores procedimientos. De pronto puede dividir el tema en varias comisiones o como se quiera. Pero no hay razón constitucional valedera para que se pretenda detener un proceso que, justamente, se instaló para situaciones particulares. Como lo es esta en que, luego de 15 años de gobierno de un partido hegemónico, se produce un cambio sustancial que impone, desde el inicio, indicar los nuevos caminos en materias tan esenciales como la educación, la seguridad o el trabajo.
Sin duda, el desafío que tenemos por delante es grande. Requiere paciencia y sobre todo grandeza. No hay espacio para particularismos o planteos que no se corresponden con la magnitud del desafío. Mucho trabajo dio llegar a este punto para que no entendamos, todos y cada uno de nosotros, la enorme responsabilidad que hemos contraído.
Por suerte, se respira optimismo. Y eso —pese a que el mundo nos arroja hoy una extraña crisis sanitaria y financiera— nos anima redoblar el esfuerzo.
(*) Ex presidente de la República (1985-1990 y 1995-2000). Senador y secretario general del Partido Colorado.
