Es evidente que el endeudamiento público y privado funciona en nuestro país como un engranaje fundamental de la economía, y en esa medida el acceso al crédito ocupa un lugar apoteósico dentro del esquema de valores y derechos que integran nuestra cultura nacional.
Sin embargo, aunque el problema del sobrendeudamiento público en nuestro país ha sido tema de debate entre dirigentes y representantes de distintos partidos políticos a lo largo de las últimas décadas –haciendo referencia al peso del Estado–, no ha sucedido lo mismo con el endeudamiento privado, que parece haber permanecido invisibilizado, probablemente por aquello que mencionó Kenneth Coates la semana pasada en el evento “Intercambio sobre la situación de endeudamiento de los hogares ¿Propuestas y desafíos?”, realizado en la Facultad de Ciencias Económicas, al decir: “Cuando el lobby es fuerte, las cosas se consiguen, ahora si el lobby es un grupo de hogares de bajos ingresos que trabajan con las financieras, pues ahí quizás, es un problema de acción colectiva, no existe la fuerza suficiente para producir el resultado buscado”.
Las causas del endeudamiento público obedecen al nivel de gasto público y a nuestra insuficiente tasa de crecimiento que genera todos los años un déficit fiscal que ronda US$ 2200 millones. ¿Pero cuáles son las causas del endeudamiento privado o, mejor dicho, del endeudamiento de los hogares uruguayos?
La realidad es que 2 millones de personas tienen vínculos con el mercado de crédito y aproximadamente un 40% ha tenido dificultades respecto a sus deudas y, según expresó Lucía Barrios en el evento mencionado ut supra, “según investigaciones se ha probado que las familias no se endeudan para consumir productos suntuarios sino para sobrevivir, para enfrentar la alimentación, los costos de vestimentas, los costos de calzado y alguna urgencia que tengan en la familia sobre todo con respecto a sus hijos. Esa situación se da mayormente en los sectores más vulnerables de la sociedad uruguaya. Es un problema de la sociedad uruguaya que exacerba las desigualdades sociales y que además afecta no solo el bolsillo de los uruguayos, su calidad de vida, sino también su salud mental”.
Esta situación expone dos factores: por un lado, que un enorme porcentaje de uruguayos debe endeudarse para afrontar los gastos que le impone la vida diaria; y, por otro, el endeudamiento genera problemas sociales y psicológicos, que pueden derivar en problemas de salud mental con todo lo que ello implica en cuanto a mayores gastos para el Estado.
En definitiva, es evidente, lo que no está funcionando a nivel macroeconómico tampoco está funcionando a nivel micro, generando, por un lado, que Uruguay sea un país caro para producir –algo que hace tiempo viene alegando el empresariado nacional– y, por el otro, que Uruguay sea un país caro para vivir –algo que desde la perspectiva de los hogares uruguayos tampoco es nuevo–.
Sin embargo, el problema del sobrendeudamiento privado aterrizó durante el primer gobierno del Frente Amplio. Porque durante este período de coyuntura internacional favorable no se crearon las bases o las condiciones para que los sectores más vulnerables de nuestra sociedad pudieran crecer y desarrollarse económica y culturalmente, sino que, por el contrario, se propició su endeudamiento a través la inclusión financiera. De esa forma que el asistencialismo y el endeudamiento privado actuaron como un tándem, no resolviendo el problema de fondo –la economía del hogar–, sino aplicando un paliativo que convirtió en una bola de nieve.
Si, además, a este factor le sumamos la implementación de la Ley 18.212 del astoribergarismo del año 2007, que permite el cobro de desaforadas tasas de interés, podemos afirmar que durante este período se creó el combo perfecto para conformar la situación actual. Por esa razón desde el Frente Amplio se defiende el acceso al crédito como si fuera un tópico común de la lucha de clases, porque en el fondo reconoce que se creó una situación artificial de la que salir no parece sencillo sin embarrarse.
Entonces, con base en esa perspectiva, la campaña “Por una deuda justa” de Cabildo Abierto, no solo puso el tema en discusión, llevando al sector financiero a hablar por primera vez en Uruguay de “educación financiera” y propició que se comenzara a investigar desde la academia la inseguridad financiera de los hogares uruguayos, sino que también planteó una salida al problema de usura, que es, en definitiva, lo más incisivo de esta historia.
Pero como no podría suceder de otra forma, ante la inminente presentación de las firmas por para llevar a plebiscito la aprobación de la iniciativa de reforma constitucional “Contra la usura y por una deuda justa”, han surgido voces que esgrimen algunos argumentos contra este movimiento, aunque sin proponer otra solución o vía de salida. Ya que –hay que aclararlo– la solución parcial y temporal entre privados para la reestructuración de deudas si bien es una señal del sistema financiero, no resuelve el tema de la usura. Y aunque hoy en día esté en boca de todos la importancia de “la educación financiera” para prevenir este tipo de problemas, hay que admitir que en un país en que la enseñanza de matemáticas, lectoescritura y ciencias en general deja mucho que desear, resulta difícil pensar que alguien va a aprender a resolver los aspectos cruciales de su vida financiera en la escuela, el liceo o la UTU.
Ahora bien, este es un tema viejo: la mayor parte de la literatura económica rechaza cualquier intervención del Estado en los mercados (incluyendo el de créditos). Pero cuando uno observa la bibliografía disponible sobre este tema, se trata de situaciones donde las tasas –aun cuando altas– no son estratosféricas, y en ese sentido, hay pocas situaciones como la de Uruguay entre el conjunto de países con mercados formales y en contexto de países desarrollados.
Entonces, cuando se habla de regular el mercado crediticio de créditos al consumo, que hasta el momento parecer ser en Uruguay algo así como la ley de la selva, fijando un tope máximo a las tasas de interés que hasta el día de hoy siguen teniendo cifras desproporcionadas, no debería generar resquemor en nadie. No obstante, esa es la principal crítica que se le hace a la reforma que quiere plebiscitar Cabildo Abierto. Ya que la fijación de un tope para las tasas de interés según gran parte de la bibliografía “canónica” provocaría una retracción en el acceso al crédito. Y si bien es lógico que se restrinja el crédito cuando se reduce la tasa de interés que puede cobrar el prestamista, las contracciones en el volumen de crédito para esos sectores en particular (bajos ingresos, sin garantías ni descuento automático de los pagos), es simplemente del 7-11%. Lo que no parece un precio alto a pagar, dado que los excluidos –bajo un esquema de techo a la tasa– son los candidatos con mayor probabilidad de quedar atrapados en el sistema. Por otro lado, el tope a las tasas de interés provocará mejores condiciones para quienes siguen recibiendo crédito.
De hecho, según el Estudio sobre las restricciones de los tipos de interés en la UE realizado por Prof. Dr. Udo Reifner, Sebastien Clerc-Renaud, RA Michael Knobloch, “hay tres países con un límite máximo absoluto en la tradición de la usura, y esto no parece haber tenido mucho impacto en la economía (Grecia, Irlanda y Malta). Los países que utilizan techos relativos de tipos de interés basados en un tipo medio de mercado, multiplicado por una cuota como la aplicada en Francia de un tercio, o basados en un tipo del mercado monetario multiplicado por cuatro, como en Polonia, han desarrollado sistemas bastante nuevos con un alto grado de eficacia (Alemania, Bélgica, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Francia, Italia, Países Bajos, Polonia y Portugal)”.
En definitiva, fijar un máximo para las tasas de interés no parece tener los efectos mencionados. Pero además hay que considerar que el tema de la usura excede lo puramente económico, porque es al final de cuentas un tema de orden político. Y en la medida en que se sigan sin hacer las reformas necesarias para que Uruguay alcance mayores niveles de crecimiento y desarrollo en distintas áreas, limitar las tasas de interés de los créditos al consumo parece ser la única solución posible para terminar con la trampa del endeudamiento para los sectores vulnerables del país. Como expresó Hernán Bonilla en su columna de El País del 10 de setiembre, en referencia a otro tema pero que bien se podría aplicar a este: “Nuestro país es adverso al cambio y eso tiene aspectos positivos y negativos, pero hasta el padre del conservadurismo Edmund Burke reconocía que un Estado sin los medios para realizar algunos cambios carece de los medios para su conservación”.
TE PUEDE INTERESAR:
