En junio el presidente Orsi cometió el, para algunos, imperdonable agravio de interesarse por la situación de determinados presos que tienen algo en común: su avanzada edad y ser el chivo expiatorio con el que la sociedad uruguaya toma represalias contra quienes hace medio siglo se atrevieron a quebrar el orden institucional. No importa si no fueron ellos los golpistas, fueron otros que vestían el mismo uniforme, y con eso alcanza. Si fueron o no culpables de lo que se les acusa o si hubo o no falsos testimonios para imputarlos como dijo la exvicepresidenta, tampoco interesa. Eso sí, hay que vestir todo con los ropajes de una Justicia independiente, que brinda todas las garantías: espacios para la defensa, instancias de apelación, etc. Y da lo mismo si en todos los escalones actúan magistrados que tienen el mismo sesgo ideológico afín a los que se alzaron en armas en los 60, o si hubo dos consultas populares ratificando la Ley de Caducidad…
El presidente Orsi hizo una consulta, y eso alcanzó para desatar la ira de quienes vienen apostando desde hace mucho tiempo a mantener la fractura que lamentablemente nos dividió a los uruguayos hace más de medio siglo.
En su comunicado la Asociación de Familiares reitera su dosis de veneno sesentista e insiste en que los presos saben dónde están los desaparecidos y, de puro malvados, lo siguen ocultando. ¿Realmente lo creen?
En 2005 las Fuerzas Armadas entregaron al presidente de la República un documento informando el destino de los cuerpos de los detenidos desaparecidos. Dijeron, con toda crudeza, que la treintena de cuerpos de personas desaparecidas en el Uruguay fueron desenterrados poco antes de la restauración democrática y tirados al Río de la Plata. Los antropólogos que después trabajaron en el campo donde se habían producido los enterramientos confirmaron que el terreno se había removido coincidiendo con los tiempos del informe militar. Igualmente se continuó la búsqueda y en los veinte años transcurridos desde entonces fueron hallados, en diversos predios, media docena de cuerpos enterrados. ¿Hay más cuerpos que puedan ser hallados? ¿Es posible llegar a ellos? Ahora, ¿por qué eso tienen que saberlo quienes están hoy detenidos? Me consta que hace una década se les pidió a quienes estaban presos información sobre el paradero de desaparecidos a cambio de beneficios en su situación personal, cambiando la cárcel por prisión domiciliaria. Si alguno de ellos tuviera la información solicitada, ¿es lógico que no la hubieran proporcionado?
Surge como respuesta a esta interrogante que, aunque ellos no lo sepan, igualmente hay quienes lo saben y no lo dicen. ¿Hay quien sepa del paradero de un desaparecido? Puede ser, pero y ¿si no lo hay? ¿Y si el informe de los mandos militares de 2005 fuese cierto, a pesar de algún error u omisión demostrada por los hallazgos posteriores?
A cualquier persona sensata que mire esto con un mínimo de objetividad le queda claro que pedir información sobre los desaparecidos es pedir algo que se sabe que nunca se obtendrá, y es tan solo una forma de eternizar la situación. Hoy los uruguayos miran con cierta resignación cómo un puñado de organizaciones financiadas desde el exterior siguen manteniendo la fractura y el odio encendido en buena parte de nuestra sociedad. Y con la complicidad de jueces y fiscales militantes de su causa llevan adelante un proceso de venganza que constituiría una vergüenza para cualquier sociedad que se precie de democrática.
Tal vez el uruguayo común pueda desentenderse del tema, pero quienes actuamos en política no. En el período pasado presentamos un proyecto de ley para restablecer la Ley de Caducidad como forma de poner punto final a esta triste página de nuestra historia. Después de todo se trata de la única ley, de las más de veinte mil votadas desde 1830, que fue ratificada dos veces en las urnas por el pueblo uruguayo. En aquel momento, como ahora, surgieron las organizaciones dueñas del dolor de los uruguayos con duros calificativos hacia nosotros. Eso era esperable. Pero lo no esperable fue la actitud de blancos y colorados que prefirieron seguir mirando para el costado. Lo más triste es que lo hicieron a sabiendas de que estamos ante un claro proceso de venganza y de que se estaban cometiendo gruesas violaciones a los principios más elementales del derecho. No les importó, no estaban dispuestos a enfrentarse a la aplanadora mediática que se les vendría encima si hablaban con la verdad. Y para quedar tranquilos con sus conciencias siempre alegaron el consabido respeto a la independencia de poderes, lo que constituye una verdadera burla al tratarse de un tema que todos saben que es político, no jurídico.
Quedamos solos. Y también quedamos solos cuando propusimos otorgar la prisión domiciliaria a los mayores de 65 años. La cobardía de unos y la mezquindad vengativa de otros fueron evidentes.
Si el presidente Orsi se anima a terminar con este bochorno o, como todos hasta ahora, mirará para el costado el tiempo lo dirá.
