El 28 de agosto en la provincia de Santa Fe y en un acto sin precedentes del punto de vista político fluvial, el presidente argentino Alberto Fernández, participó en la firma del “Acuerdo Federal de la Hidrovía”, junto a siete gobernadores provinciales, habiendo sido acompañado también por varios Ministros de Estado y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.
A través del mismo se creará una sociedad del estado consistente en un Concejo Federal de Hidrovía, que lo integrarán además del Ministerio de Transporte, provincias involucradas, gremios, organismos académicos, empresas y cuyo concejo de carácter consultivo se establecerá en Rosario.
Asimismo, vía decreto, se creará “Hidrovía Sociedad del Estado”, organismo cuyas responsabilidades incluirán hacerse cargo de la concesión del dragado y mantenimiento en general de la hidrovía.
Actualmente está a cargo de un consorcio formado por la compañía belga Jan De Nul con el Grupo Emepa y cuya concesión vence en el 2021, estando en estudio incluir en el nuevo pliego de licitación el canal Magdalena, para sustituir el Punta Indio en el Río de la Plata, con todo lo que podría significar para el Puerto de Montevideo y Nueva Palmira.
La visión política marítimo-fluvial del actual gobierno pasa por una Argentina más federal y descentralizada usando la vía navegable como vertebradora de la región, a fin de permitir crecer al país con otra lógica y en procura de un equilibrio hoy inexistente entre el centralismo porteño y las provincias del norte.
A esa visión, se agrega lo expresado en el acto por el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof: (sic) “Se va a contemplar también el dragado del canal Magdalena, que permite que el litoral de Buenos Aires tenga salida por otros puertos”.
Nuestro país tendría que estar preocupado en analizar los posibles efectos de esas políticas, de incluir nuevos canales e instrumentar planes alternativos que permitan lograr una complementación marítimo fluvial de todos los países de la cuenca del Plata, y no sumar a la histórica lucha de puertos otra de canales en el Río de la Plata, cuyos elevadísimos costos afectan nuestra competitividad.
Para ello, Uruguay requiere impulsar una clara política portuaria, marítima y fluvial, priorizando debidamente proyectos factibles con una visión holística e integral a nivel nacional, pero sin dejar de percibir el tablero regional.
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