Cabildo Abierto presentó en el Senado un proyecto de ley por el cual todos los contratos del gobierno que superen el período de una administración deberán tener la venia de la Cámara Alta.
Sintetizando el espíritu de la iniciativa, el senador y líder de Cabildo Abierto (CA), Guido Manini Ríos, dijo: “No puede ser que una administración por más que tenga legitimidad, comprometa a futuros gobiernos”.
La iniciativa se denomina “Anuencia de la Cámara de Senadores para perfeccionar los contratos del Estado cuya ejecución se difiera por más de un período de gobierno”.
En el proyecto se establece que los contratos que superen un período de gobierno deben de tener la anuencia del Senado de la República y al ser presentado, la Cámara Alta tendrá un plazo de 60 días para expedirse. Si no lo hiciera se considerará tácitamente aprobado. Además de los contratos, también se incluye las concesiones de zonas francas.
En la conferencia de prensa en la que se presentó el proyecto, el senador Manini Ríos dijo que “el espíritu” de este proyecto de ley es que todo lo que comprometa a futuras administraciones, no surja solamente de quienes estén ejerciendo el gobierno en un determinado momento.
Puso como ejemplo las recientes concesiones portuarias o de aeropuertos, “las cuales terminarán afectando por décadas a diferentes gobiernos de distintos signos políticos”.
El líder de Cabildo Abierto destacó que Uruguay es reconocido a nivel mundial por cumplir sus acuerdos y es por esa razón que ve como positivo que todo el sistema político “sea en cierta forma participe de esas decisiones”.
Aclaró que no se busca afectar el normal funcionamiento del gobierno y por esa razón se pone el plazo perentorio de 60 días para su aprobación o rechazo. A esto se agrega que en el proceso de la aprobación, si bien es por mayoría simple, se logra dar una discusión parlamentaria sobre el tema.
“Si esta ley hubiera estado vigente hace unos años, hubiéramos asistido a una discusión en el Parlamento sobre si todas las concesiones que se le dieron a UPM eran buenas o malas. Se hubieran aprobado igual por las mayorías parlamentarias que tenía el gobierno, pero sabríamos lo que se establecía en ese contrato que se terminó firmando”, señaló el legislador cabildante.
Manini Ríos agregó que “el Senado de manera constitucional en varios aspectos tiene la potestad de dar o no dar una venia. Por ejemplo, ocurre cuando se designa a un embajador, un ascenso en las fuerzas armadas o la designación de tribunales de Justicia. Esto va en ese camino” y “le dará más cristalinidad y base política a las resoluciones que van a comprometer a varios gobierno por delante”.
Consultado sobre qué ocurriría si el Senado no daba la anuencia frente a un contrato determinado, hizo referencia al artículo 4 del proyecto en el cual se indica que el pronunciamiento negativo puede fundarse en consideraciones constitucionales, legales, o de oportunidad y conveniencia.
En el artículo 5 se indica que ante el voto negativo no podrá reiterarse la solicitud del mismo contrato durante el período de gobierno en curso.
“Hemos mantenido conversaciones con legisladores de todos los partidos y creemos que lo que proponemos es de sentido común”, expresó el senador. “Algún legislador ha manifestado dudas sobre si esto interfiere más de lo debido con la acción de gobierno, pero nosotros creemos que el proyecto no impide el funcionamiento normal, por los plazos que se fijan”.
Si bien en el proyecto se señala que serán 60 días para que el Senado se expida, Manini Ríos dijo que esos plazos se podrían reducir pero “lo esencial es que los contratos no se terminen acordando entre cuatro paredes y nos enteremos cuando no hay marcha atrás”.
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