Muy a nuestro pesar y estando de acuerdo con que es preciso tomar una batería de medidas concatenadas para enfrentar la sintomatología ante el notorio avance del crimen organizado sobre nuestro país, no estamos de acuerdo con volver a instalar el tema de la cadena perpetua revisable. Para ser totalmente sinceros y fundamentados, no solo en nuestra profesión de fe, sino en las doctrinas y fuentes de nuestro derecho, antes que nada, hemos de dejar constancia de que somos contrarios tan siquiera a pensar en volver sobre los pasos de la evolución del derecho y, casi literalmente empujados aparentemente por los hechos consumados, a poner mano dura.
Honestamente, sostenemos que nunca ha bastado con la mano dura. En general, se sufre un movimiento pendular, tal y como pasa con la exagerada visión progresista, equívocamente considerada sociológica –porque no es tal cosa–, que ahora nos abofetea, luego de haber considerado víctimas de la sociedad y pobrecitos a los delincuentes consuetudinarios, que las más de las veces no tienen arreglo en lo absoluto. Para muestra bastan algunos ejemplos, tales como el del rapiñero violador que perpetró sendos ataques en el lapso de un par de horas. A continuación, salió a la luz pública un texto propio y leído por el propio malhechor –realizado en el marco de una de las tantas ONG– en el que relata su triste periplo de niñez y juventud. Pocos son los que alzan la voz como el reconocido magistrado, psicoterapeuta y perito Gustavo Álvarez, para hacer notar que hay muchos otros con historias similares que optaron por ser personas de bien y no violentos violadores y rapiñeros.
A pesar de todo, es sano aceptar que nuestro sistema penitenciario en las actuales condiciones de violencia, hacinamiento y ocio, en términos generales, no rehabilita más que a los primarios absolutos, aquellos que ocasionalmente cometieron un acto tipificado en la norma jurídica. La inmensa mayoría –que oscila entre el sesenta y el setenta por ciento– volverá a la cárcel antes de uno o dos años, incluso algunos perdularios lo harán antes de un mes de haber quedado en libertad, como el del caso de pública notoriedad.
Es imprescindible a estas alturas instrumentar un sistema de trabajo obligatorio, que sea aceptado mediante lo acordado –dictado en el marco de una norma jurídica– entre la defensa y el magistrado actuante. Entonces, el formalizado o sentenciado se comprometerá de manera voluntaria, aceptando el trabajo obligatorio que le permitirá redimir pena. Podrá recibir un peculio, la mitad ahorrado para su egreso y la otra mitad para su esposa e hijos; además se someterá al tratamiento que corresponda por su dependencia de sustancias psicotrópicas o alcohol y estará sometido al régimen de horarios, continuidad y demás exigencias que se reglamentará. Al tiempo podrá adicionarse el estudio, de manera de intentar recuperarlo mediante esos mecanismos de resocialización al habituarse a trabajar y estudiar, lo cual le permitirá reinsertarse en la sociedad y no volver a delinquir.
Sin hesitar: no estamos de acuerdo con volver a plantear el asunto de la cadena perpetua revisable, como no estuvimos de acuerdo con el plebiscito llevado adelante en 2019.
Algunos bien intencionados, pero seguramente mal asesorados y tal vez con cierta ligereza de procedimiento, salen a proponer esto. Se han salteado que tenemos actualmente una de las mayores tasas de prisionización o encarcelamiento de América Latina y que el comenzar a formalizar y sentenciar con cadena perpetua seguramente provocará un tsunami incontrolable y podremos llegar tal vez a duplicar la cifra de población carcelaria, obligando al Estado a mantener alojados, alimentados y cuidando de su salud por decenas de años a miles de individuos.
A esta altura y contrario sensu de nuestras convicciones, apoyados en que la Iglesia católica acepta las normas de los Estados al respecto, no tenemos más remedio que plantearnos si no será más pragmático y aséptico reinstaurar el fusilamiento o aún peor implantar el ahorcamiento y no recargar excesivamente al erario al menos por treinta o cuarenta años, en el mejor de los casos, con varios miles de personas privadas de libertad.
Cómo es sabido nadie –ninguna de las administraciones de gobierno– desde hace un par de décadas ha podido evitar en todo o en parte las malas calificaciones desde Manfred Novack y hasta el presente. Sucesivos comandos del sistema penitenciario han bregado por lograr las condiciones de sobrevida de los reclusos con éxitos menguados y poco duraderos. Cada nuevo gabinete llega con unos técnicos –provistos de escafandras, puesto que parecen haber vivido en la luna– que ignoran las carencias con las cuales los penitenciarios han luchado a brazo partido, con un inexistente o muy frágil y puntual éxito.
Como es imposible no verlo, no ha habido hasta hoy una real y eficiente política de Estado y seguimos haciendo producir informes, ayer al doctor Garcé y hoy al doctor Petit. El Parlamento escucha, no se ponen nunca totalmente de acuerdo y en suma lo que entra por un oído se cae por el otro.
Ahora, como reiteradamente ha venido sucediendo, “otra vez la pelota a la casa de doña María”. Ya parece ser tiempo de instrumentar un plan maestro al que se subordinen todos los proyectos, planes, ONG, etcétera, y sin más vueltas construir una penitenciaria de máxima seguridad con administración militar y suficientemente aislada y defendible para disuadir y negar los motines, la toma y los rescates, sean por aire, fluviales o terrestres. Y al tonto que se sonría solo le reservaremos el bonete y se lo recordaremos más adelante. Es preciso volver a clasificar, porque no se puede soslayar que la mezcla solo produce violencia, muertes y trasmisión de habilidades delictuosas.
Respecto al tema central que nos preocupa, plantearemos la necesidad de legislar con respecto a las figuras delictivas que redundan en la altísima tasa de homicidios. Esos números –si no refirieran a vidas humanas– podríamos aseverar que aún pueden ser más escandalosos, tal y como sucede en Rosario, Santa Fe, hasta el presente, o bien como sucedía hasta hace apenas un par de años en El Salvador.
Tal vez haya llegado el momento y sea preciso aumentar las penas a los delitos contra las personas (homicidios, lesiones gravísimas, graves y leves), así como en todos los relacionados al crimen organizado transnacional como ser lavado de activos, narcotráfico, tráfico de personas, de armas, metales preciosos, vehículos de alta gama, etcétera. Debe tenerse presente su metodología empresarial y que no tiene ni respeta fronteras o gobiernos, menos ideologías o estructuras mentales caprichosas del necio sabelotodo de turno, ese que se niega a aceptar la discusión y la honestidad intelectual y prefiere reservarse la chacrita decisoria para sí mismo.
Insistimos calurosamente en que en lugar de plantearnos la posibilidad de una nueva y trabajosa juntada de firmas, tal vez sea mejor proyectar una nueva ley de urgencia que eleve de un tercio a la mitad los topes de las penas mínimas y máximas; adjudicándose con mayor enjundia y profundidad penas muy firmes y hasta duras para todos los perpetrados con grave sevicia, premeditación y alevosía o los asesinatos por precio –conocidos vulgarmente por sicariatos–. Sin duda elevar las penas será más fácilmente aceptable que otra costosa, ineficiente y quizás vengativa y atentatoria arremetida contra el artículo 26 de la Constitución, según nuestro saber y entender.
Por otra parte, empíricamente puede comprobarse a nivel internacional que los asesinos enfrentan y resisten con mayor virulencia al arresto, con el argumento de que están jugados y no se entregarán para ser ejecutados o pasar el resto de su vida presos.
No debe esperarse que ninguna de las medidas aludidas sea mágica de por sí, todo debe estar enmarcado en un acuerdo republicano y preñado del desinterés político. Soñamos con que sea de todos los partidos y, si así no fuera, estaremos a las puertas de un nuevo compromiso con el país de la Coalición Republicana hasta ahora en el gobierno. Tal vez deba instaurarse un organismo coordinador –al estilo del GACH– de políticas públicas, con participación de todos los socios y no obtusa y neciamente presidencialista como lo ha sido hasta ahora.
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