La propuesta de aumentar a 100 los ediles en la Junta de Montevideo parece una contradicción evidente. En un momento en que el reclamo de los vecinos de Montevideo gira en torno a reducir el gasto, controlarlo mejor y, sobre todo, disminuir la carga fiscal, ¿qué sentido tiene una medida que aparentemente va en la dirección opuesta? Bueno, veamos los datos de la realidad.
La Intendencia Departamental de Montevideo (IDM) es una organización pública que recauda unos dos millones de dólares por día. Sí, leyó bien estimado lector: dos millones diarios. Dicho de otra manera, mientras usted termina de leer esta nota, la IDM habrá recaudado unos 10.000 dólares. Esta voracidad fiscal queda en evidencia con la cantidad de deudores y morosos, de vehículos que ya no tienen valor por deudas de patente y un largo etcétera de situaciones similares.
Desde la antigua Roma existe el principio de la división de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo: uno ejecuta y el otro controla. Montesquieu, en su obra El espíritu de las leyes, fue quien modernizó este concepto. Siguiendo esta lógica, la IDM debería ser una organización que recauda dos millones de dólares por día y que es controlada por una Junta Departamental de 31 ediles. Pero aquí viene el problema: el Ejecutivo tiene mayoría automática en esa Junta. ¿Qué pasó con el equilibrio de poderes?
Además, los ediles no cobran sueldo. Reformulemos: la IDM recauda dos millones de dólares por día, y ese dinero es “controlado” por 31 ediles que no cobran sueldo. ¿Es esto sostenible? Pero usted, lector, estará pensando: “Bueno, no es tan cierto que los ediles no cobren”. Y tiene razón. Aunque oficialmente no tienen un salario, existen ciertos mecanismos (privilegios) que les generan beneficios económicos. Y esos mecanismos no son, digámoslo suavemente, totalmente transparentes. Reformulemos nuevamente: la IDM recauda dos millones de dólares por día y es controlada por 31 ediles, que, aunque no figuran con sueldo, tienen privilegios poco claros. ¿Qué podría salir mal?
Y todo sale mal. Desde festivales de música millonarios hasta cambiar la fecha de fundación de Montevideo, el descontrol es evidente. Pero ojo: esta arquitectura del poder departamental no es exclusiva de Montevideo; se repite a lo largo y ancho del país. Y los resultados son igualmente preocupantes. ¿Hace falta que recuerde las innumerables ocasiones en que las cosas no han sido todo lo cristalinas que deberían ser?
Ahora bien, ¿cómo arreglamos esto? Para empezar, los ediles deberían tener un sueldo. Para controlar una estructura que maneja tamaña cantidad de ingresos, funcionarios y funciones, se necesitan hombres y mujeres que estudien y dediquen su tiempo. En un mundo capitalista, el servicio público debe ser bien remunerado; nadie lo duda. Pero también surge otra pregunta: ¿Por qué deberían ser 100 ediles y no 31?
Uno de los problemas de Montevideo es la baja representación popular. Hoy es más difícil llegar a ser edil que diputado. ¿Y quién pierde con esto? El vecino, que no está debidamente representado. Pongamos las cosas en perspectiva: si cada uno de esos 100 ediles cobrara 5000 dólares mensuales (contando aportes sociales y otros costos), el gasto total sería de medio millón de dólares al mes. Esto equivale a 6 horas de recaudación diaria de la IDM. ¿No es razonable invertir ese dinero en controlar más de 60 millones de dólares que se recaudan mensualmente? Para bajar el gasto, primero hay que saber dónde se gasta, por qué se gasta y en qué se gasta. Y no hay mejor herramienta para esa tarea que una Junta Departamental ampliada y profesionalizada.
No ignoramos que esta medida requerirá cambios constitucionales, lo que implica amplios consensos políticos. Pero esos consensos solo llegarán cuando la gente comprenda que muchos de los problemas que enfrentamos no son exclusivamente responsabilidad de una administración del Frente Amplio, sino de un diseño institucional que otorga al intendente muchísimas atribuciones y deja a los ediles con beneficios poco claros y poderes limitados.
Desde Recuperar Montevideo, proponemos devolverle el poder y la participación a la gente. Esto incluye ampliar la Junta, eliminar la mayoría automática, otorgar un salario a los ediles y garantizar que todas las cuentas sean lo más transparentes posibles para los vecinos.
Defender a los más necesitados comienza por llamar a las cosas por su nombre. ¿Pan? Pan. ¿Vino? Vino.
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