Viejos aliados de Maduro terminan siendo sus mayores críticos mientras que también surgen serias diferencias en la oposición, lo que genera una situación de fragmentación del sistema político. Quién es quién en este nuevo mapa de dirigentes y líderes, que deben afrontar la inminencia de los comicios parlamentarios convocados por el gobierno.
En medio de una crisis económica, sanitaria y social, Venezuela tendrá el próximo 6 de diciembre elecciones legislativas para los 277 legisladores que ocuparán sus bancas por el período 2021-2026. Actualmente la oposición liderada por Juan Guaidó tiene la mayoría.
Según lo aprobado en junio de este año por el Consejo Nacional Electoral (CNE), existirán modificaciones como el aumento de escaños, pasando de 167 a 277, que serán elegidos por voto nominal y por listas. En este punto surgió una polémica respecto a la modificación del sufragio de varios grupos indígenas. El nuevo reglamento de la CNE para la elección de los legisladores indígenas destaca que el sufragio se hará a “mano alzada en asambleas comunitarias” quienes seleccionarán delegados que a su vez elegirán en nombre de esas comunidades en una segunda votación a los diputados. Todo esto frente a testigos del órgano electoral.
El desempleo, la escasez de bienes, la hiperinflación y la violencia política han generado un terremoto a nivel político, generando fracturas en cada alianza, pasando por los grupos afines a Nicolás Maduro como así también las luchas cada vez más públicas entre distintos miembros de la oposición, dando como resultado una balcanización política.
El Partido Comunista de Venezuela (PCV) ha manifestado públicamente su descontento frente al gobierno actual y acorde al diario El Nacional de Venezuela, el secretario general del PCV, Óscar Figuera, criticó las medidas tomadas por el gobierno de Maduro y afirmó: “En Venezuela no hay socialismo, lo que hay es capitalismo dependiente y rentista que está en crisis profunda”. Además, ha formado una nueva coalición llamada Alternativa Popular Revolucionaria, la cual está integrada por movimientos políticos como Patria Para Todos (PPT) y Movimiento Tupamaro, quienes abandonaron el grupo Gran Polo Patriótico Simón Bolivar, coalición creada en 2011 para apoyar la reelección de Hugo Chávez.
Respecto a Patria Para Todos, debido a sus notorias discrepancias políticas con el oficialismo, ha sufrido la intervención de su directiva política por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), quien designó autoridades provisorias para que se encarguen de realizar un “proceso de reestructuración del partido”. Además, estas nuevas autoridades podrán usar “el logo, símbolos, emblemas, colores y cualquier otro concepto propio del partido”.
También el movimiento Tupamaro de Venezuela padeció la intervención de su directiva. Fundado en 1979, su nombre es producto de la sigla “Tendencias Unificadas Para Alcanzar el Movimiento de Acción Revolucionaria Organizada” y ha apoyado al Chavismo desde 1998 y además mantiene contactos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), organización terrorista de extrema izquierda que opera en Colombia y en Venezuela. Además, desde sus filas han aparecido los colectivos, fuerzas paramilitares del chavismo que actúan como tropas de choque en las manifestaciones opositoras. Luego de que el TSJ interviniera el partido, militantes y dirigentes se manifestaron contra la medida, siendo Ares Di Fazio, secretario general del partido, quien llamó a movilizarse para “defender la dignidad”.
Por el otro lado, los indultos a 110 activistas y políticos ampliarán la cantidad de candidatos disponibles en una oposición que tampoco se mantiene unida, teniendo cuatro figuras distintas: Juan Guaidó, Leopoldo López, Marina Corina Machado y Henrique Capriles. Guaidó presentó un “Pacto Unitario” que incluye 37 partidos para lograr una frente en común a Maduro y pretende lograr “elecciones libres” en contraposición a las elecciones del 6 de diciembre, las que él llama “fraude electoral”.
Por su parte Leopoldo López, fundador de Voluntad Popular, estuvo en prisión desde 2014 y condenado a 14 años, luego se cambió su condena por prisión domiciliaria hasta la insurrección armada del año pasado cuando se intentó derrocar a Maduro. Posterior a eso se refugió en la casa del embajador de España, donde permanece hasta el día de hoy.
Luego aparece Henrique Capriles, excandidato presidencial y exgobernador del estado de Miranda. Cada vez es más su distancia respecto a las posiciones de Guaidó como así de López, con quien mantiene una rivalidad política de casi 20 años, lo cual acorde a varios analistas políticos, es uno de los mayores impedimentos para que la oposición plante cara de manera efectiva al chavismo.
Por último, María Corina Machado, fundadora del movimiento político Vente Venezuela y quien ha expresado con mayor dureza su oposición a Maduro. No apoya las negociaciones con el oficialismo, como sí lo ha hecho Guaidó con el mecanismo de Montevideo y Oslo, ambos truncados en la actualidad. También ha acusado a Capriles de “hacerle el juego” a Maduro. Sobre las medidas para sacar a Maduro del poder, apoya al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) como herramienta ya que se necesita una “opción de fuerza”. También Machado apoya lo que ella llama “Operación de Paz y Estabilización” y afirma que “no es para invadir el país”. Sin embargo, de acuerdo a declaraciones al medio estatal alemán, Deutsche Welle, Machado propuso una “operación moderna, quirúrgica, del siglo XXI”. Precisamente debido a que el poder político está dividido en varios actores a nivel nacional, algunos analistas aseguran que una intervención militar solo podría balcanizar el país y llevarlo a una guerra de baja intensidad pudiendo dejar a Venezuela en situaciones comparables a la de Irak, Libia o Siria.
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