La Embajada de México en Uruguay ha dado a conocer en un comunicado de prensa, que el Gobierno de México presentó una nueva demanda ante la Corte Federal de Distrito de Tucson en contra de cinco distribuidoras de armas en Arizona. En la demanda se alega que dichos vendedores de manera rutinaria y sistemática participan en el tráfico ilícito de armas, incluidas las de tipo militar, para organizaciones criminales en México a través de ventas a prestanombres (straw purchasers).
Esta segunda demanda es parte de una estrategia multifacética para detener el flujo de armas a México, particularmente de asalto, que equipan a grupos delictivos y provocan derramamiento de sangre en el país.
La demanda se realiza en contra de cinco tiendas (dealers) que participan sistemáticamente en el tráfico de armas, incluyendo de tipo militar, para organizaciones criminales en México.
El Gobierno de México presentó el día 10 de octubre una nueva demanda ante la Corte Federal de Distrito de Tucson en contra de cinco tiendas de armas en Arizona. En la demanda se alega que dichos vendedores, de manera rutinaria y sistemática, participan en el tráfico ilícito de armas, incluidas las de tipo militar, para organizaciones criminales en México a través de ventas a prestanombres (straw purchasers) y ventas que están dirigidas a traficantes de armas.
La demanda señala que las cinco tiendas se encuentran entre los vendedores de Arizona cuyas armas son recuperadas con mayor frecuencia en México. Las empresas demandadas son: (i) Diamondback Shooting Sports, Inc. (Tucson); (ii) SNG Tactical, LLC (Tucson); (iii) Loan Prairie, LLC, conocida como The Hub Target Sports (Tucson); (iv) Ammo A-Z, LLC (Phoenix), y (v) Sprague’s Sports, Inc. (Yuma).
El litigio forma parte de una estrategia multifacética del Gobierno de México para detener la avalancha de armas, particularmente de asalto, procedentes de Estados Unidos que empoderan a grupos delictivos, provocan el derramamiento de sangre en México y contribuyen el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
Esta acción judicial de ninguna manera cuestiona el derecho constitucional a portar armas de los ciudadanos estadounidenses, ni el derecho de las tiendas a vender sus productos de manera responsable y en apego a la ley.
La demanda involucra una causa común de ambos países cuyos ciudadanos sufren por las prácticas ilícitas de armas de fuego. La demanda anterior presentada por el Gobierno de México en Boston, Massachusetts, fue la primera demanda presentada por un gobierno nacional contra la industria de las armas en Estados Unidos. La demanda presentada en Arizona es la primera demanda civil presentada por un gobierno nacional contra vendedores de armas en Estados Unidos que abastecen el mercado criminal.
Esta segunda demanda presentada en Arizona contiene varios argumentaos: que los vendedores no cumplen con el debido cuidado al que están obligados, causan daño previsible, usan publicidad engañosa y tendenciosa, venden armas que se modifican en armas automáticas, causan alteración al orden público y violan leyes estatales y federales, lo que causa un daño mayúsculo en territorio mexicano. Una sentencia favorable en este litigio respaldará la primera demanda presentada en Boston, ya que comprobaría que las empresas fabricantes son negligentes por no monitorear ni disciplinar a los vendedores que comercian sus productos.
Los abogados que encabezan la estrategia legal del Gobierno de México son Steve Shadowen de Shadowen PLLC en Austin, Texas, y Jonathan Lowy de Global Action on Gun Violence de Washington, D.C. Ambos son juristas de reconocido prestigio en Estados Unidos en el tema de daño transfronterizo y control de armas. El Gobierno de México confía que tanto la demanda en Boston contra fabricantes como la demanda en Arizona contra vendedores prosperarán en la arena judicial. Las acciones emprendidas por México ya contribuyeron a promover conversaciones y acciones en todo el mundo para detener el tráfico de armas, así como las peligrosas prácticas de la industria armamentística.
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