Ante el actual repunte de precios, se podrían definir mecanismos de rebaja impositiva o un IVA diferencial para alguna población vulnerable, o directamente otorgarle una compensación en su ingreso. Así lo dijo a La Mañana el especialista, quien agregó que deberían rechazarse los esquemas que supongan intervenciones de precios. Por otra parte, Oddone analizó el dilema que encierra el mecanismo de ajuste de precios de los combustibles.
En un artículo publicado en su web personal la semana pasada, usted plantea que el gobierno se enfrenta a un dilema porque el actual mecanismo de ajuste de precios de combustibles no se ha cumplido y a su vez no está alineado al objetivo de reducir la inflación. ¿Puede profundizar al respecto?
Ese sistema, en realidad, es un componente de una reforma más ambiciosa del mercado de combustibles que incluye otros capítulos, algunos vinculados a la distribución de combustible líquido, otros al supergás y otros a la organización del mercado. Con la regla establecida que vincula el Precio de Paridad de Importación (PPI) con el precio doméstico de los combustibles, el gobierno está tratando de buscar más eficiencia y más transparencia.
En el momento en el que la regla se implementó, sorpresivamente el precio del petróleo empezó a aumentar, incluso antes de la guerra, ubicándose hasta casi US$ 95 el barril. A su vez, el fenómeno bélico ha puesto el precio en un nivel elevado, probablemente de manera transitoria. Entonces, este es el dilema que se le plantea al gobierno: si cumple la regla de manera tal de transmitir credibilidad sobre la misma, lo que se traduce en aumentos de precios, o si la incumple, para evitar que un shock transitorio se le meta dentro del sistema de precios y eso pueda afectar la tasa de inflación de medio plazo, comprometiendo así un objetivo relevante en materia macroeconómica como el proceso de desinflación anunciado.
En su columna, considera que no es recomendable no trasladar los cambios en el precio del petróleo a los combustibles, pero que tampoco lo es hacerlo en forma total. ¿Por qué?
La evidencia comparada muestra que, en países emergentes, en general, el traslado de los movimientos del precio del petróleo suele ser parcial, porque los mercados están organizados con una participación del sector público relevante, donde a veces hay fijación de precio de parte de la administración pública. Uruguay es un caso típico, pues tanto la refinación del combustible como todo el proceso de producción y posterior distribución, tienen una alta injerencia del Estado, y además las empresas públicas juegan un papel importante en materia fiscal.
Cuando hay un aumento o una rebaja del precio del petróleo, ¿hay que trasladarlo enteramente o una parte? Si yo decidiera no trasladar totalmente al precio final el aumento del petróleo por alguna razón política o porque no quiero que los precios suban, puedo estar transmitiendo una señal confusa para quien tiene que tomar decisiones a nivel privado.
¿Por ejemplo?
Puedo transmitir que el precio del combustible es más barato del que es en realidad, y eso puede inducir a que la gente siga comprando vehículos a nafta y demandando bienes intensivos en energía. Es el caso de Argentina, donde los precios al público no reflejan adecuadamente los costos de producción, y eso puede llevar a excesos de demanda de un producto, lo cual no es conveniente a largo plazo, sobre todo si uno cree que el shock de precios es permanente. Por el contrario, si uno tuviera la sensación de que el shock es transitorio, habría buenos fundamentos para absorber parte de ese costo y no trasladarlo de forma total, porque si no, voy a estar transmitiendo una señal de precios confusa; es decir, voy a hacerle creer a la gente que el precio aumentó de manera permanente y capaz que se afecta la demanda.
Pero no trasladar el aumento del petróleo también conlleva un costo fiscal, ¿o no?
Ese es otro de los dilemas que la política tiene, porque cada vez que el gobierno decide no trasladar el precio del petróleo al precio final, tiene un costo. Eso implica que las ganancias sean menores a las que se producirían si el precio fuera trasladado. Por ejemplo, la decisión de incrementar el precio de los combustibles que se tomó a partir del pasado viernes, donde la nafta aumentó 4% y el gasoil 9,2%, tiene un costo fiscal, porque ese ajuste está por debajo de la recomendación de la regla del PPI.
Entonces, si el gobierno trasladara enteramente la suba del petróleo al combustible, los incrementos serían otros, y no hacerlo tiene un costo. ¿Cuál es el costo? Que en términos mensuales esto le cuesta US$ 27 millones a Ancap, lo cual termina siendo un costo para el fisco, que los ciudadanos en algún momento tendremos que pagar para compensarlo.
Mientras más tiempo dure el mantenimiento de la tarifa por debajo del PPI, más costo fiscal tendremos, y por lo tanto el gobierno aquí tiene otra vez un dilema: si traslada el 100% del precio arriesga su compromiso de inflación, y si absorbe el 100% o no traslada todo, tiene un costo fiscal. En esta ocasión decidió hacerlo parcialmente, lo cual puede ser razonable porque se entiende que el precio del petróleo tiene un shock transitorio que está muy estresado por el fenómeno bélico y la incertidumbre.
O sea, si lo trasladara todo, ahí se presionaría mayormente el nivel de precios de la economía.
Es muy buena tu observación: es el nivel de precios, es decir, no la inflación todavía; esto es un shock sobre el nivel de precios que en la medida en que se traslade enteramente al precio final, o se traslade una parte, le pega al IPC (Índice de Precios del Consumo), pero como hay muchas variables que están indexadas al IPC o que lo toman como referencia, un fenómeno de ese tipo se traslada no solo al nivel del precios del mes, sino a todos estos mecanismos de indexación que están previstos, y eso supone un aumento de la inflación.
¿Cree que se tendría que haber diseñado un sistema de ajuste de precios de los combustibles más flexible?
Con el diario del lunes, yo hubiera intentado avanzar en más capítulos de la reforma antes de comprarme el problema únicamente con la regla, porque quedó muy sola, además de que al poco tiempo fue incumplida y eso resta credibilidad. También hubiera buscado una mayor flexibilidad o definirle a la regla cláusulas de escape que pudieran ser usadas como argumento para incumplirla. Haber establecido una frecuencia mensual de revisión le quita mucha flexibilidad.
Uno podría haber definido que la regla siguiera el promedio de precio de los últimos tres meses, y con eso suavizar eventuales movimientos periódicos, y además hacer una revisión a un plazo más largo para tener el tiempo necesario para evaluar si el shock es transitorio o permanente. Y, por otro lado, haber implementado alguna cláusula de escape, o sea, haber dejado por escrito: “cuando se produzcan variaciones del precio del petróleo de tal magnitud en determinado período de tiempo, la regla podrá no ser considerada, con el propósito de evitar que el sistema de precios se estrese”. El no haber hecho nada de eso hizo que el gobierno se pasara mucho tiempo incumpliendo su regla.
¿Usted lo atribuye a que priorizó el objetivo inflacionario?
Hay dos razones por las cuales el gobierno ha definido los ajustes por debajo de lo que la regla estableció: para evitar una presión sobre los precios cuando la inflación estaba por encima de lo que quería, y por el referéndum de la Ley de Urgente Consideración. Por lo tanto, las tarifas no están siendo manejadas con criterios estrictamente técnicos u orientados a costos, sino con criterios que combinan lo técnico y lo político, lo cual no necesariamente está mal, pero no es lo que se había dicho durante la campaña.
Un tema que ha estado en debate en las últimas semanas es el control de precios. Se ha hablado de la posibilidad de hacer un acuerdo voluntario. Con la alta volatilidad en los precios, ¿habría que dejar todo al libre mercado o se podría implementar alguna alternativa?
Es muy buena la pregunta y no hay una respuesta única. En general, los economistas no somos defensores de esquemas que supongan intervenciones de precios y controles administrativos de precios; eso lo descartamos plenamente. Son cosas que en el pasado fueron implementadas en muchos lugares del mundo, incluso en Uruguay, pero generan dificultades de distinto tipo, sobre todo si no resolvés los problemas de fondo.
Cuando uno pone una fijación de precios, lo primero que surge son los mercados negros en ese producto. Segundo, la trampa, o sea, te vendo el precio establecido por la administración, pero en realidad el producto que yo vendo mayoritariamente no está dentro de lo que fue administrado y tiene una conformación distinta. Por ejemplo, supongamos que se fija el precio de un determinado corte de carne, pero yo no tengo de ese, tengo de este otro que se le parece, y te lo vendo al precio que a mí se me canta.
Ese tipo de sistema donde el Estado establece controles administrativos o precios fijos, no funciona, salvo en circunstancias muy específicas y en mercados muy determinados en los que hay un control casi absoluto de la oferta, cosa que no ocurre prácticamente en ningún caso en Uruguay. Por eso, esas medidas son desaconsejadas.
¿Qué piensa de los acuerdos voluntarios?
Eso tiene dificultades de otro tipo. La primera, que yo no lo tengo estudiado, pero hay que evaluar, es si desde el punto de vista legal eso es posible, porque un acuerdo de precios supone que los privados coordinen para que ciertos productos tengan un precio determinado, y eso, si yo no entiendo mal, viola alguno de los principios básicos de la defensa de la competencia.
Además, generalmente los acuerdos de este tipo se definen sobre aquellos productos que están contenidos en la canasta que está detrás del IPC, de manera tal que dentro del IPC está, por ejemplo, la pasta de dientes con tal envase y de tal contenido, y lo que suele pasar en esos casos es que ese precio se mantiene fijo durante el tiempo que se defina, pero por el costado se vende la otra pasta que tiene otra presentación u otro contenido a un precio que no está regulado. Por ello, hay un efecto sobre el precio que mide el INE (Instituto Nacional de Estadística), entonces, uno puede decir que hay menos variación de precios en el mes, pero en la práctica no está ocurriendo.
Lo otro que sucede con este sistema es que antes de cerrar el acuerdo, es muy normal que los empresarios remarquen, con lo cual el trato se produce con un escalón un poco más arriba.
Entonces, son medidas que pueden ayudar psicológicamente en un evento determinado y en un plazo acotado, pero son de muy corta duración y de muy poca efectividad, por lo cual no se combate la inflación ni mucho menos.
¿Qué alternativa propone?
Una economía de mercado como esta no se controla administrativamente, pero tampoco creo que uno tenga que mostrarse absolutamente insensible diciendo: “si hay un shock de precios, el precio es el que es y que la gente se adapte a esta situación”. Hay algunos precios que son lo suficientemente sensibles para que uno no pueda dejarlos liberados al mercado, aunque, en lugar de intentar controlar el precio, yo preferiría realizar una transferencia de recursos directa a personas carenciadas para que puedan comprar productos que son más caros. No tiene sentido proteger a personas que no lo necesitan, sino a la gente realmente vulnerable.
El problema es que, en Uruguay, como no tenemos bien identificada a esa población pobre, o tenemos una localización parcial, a veces esos caminos no se pueden dirigir. El ejemplo más claro es el supergás: la garrafa está subsidiada, pero la compro al mismo precio yo que una persona de un barrio carenciado. ¿Tiene sentido que yo la compre subsidiada? No. Tendría mucho más sentido que las personas que tienen como único instrumento de calefacción y de cocción al supergás, y que son de bajos ingresos, reciban una rebaja, pero no subsidiarlos a todos.
En este contexto de volatilidad marcado por la guerra en Ucrania, los países europeos han avanzado en programas de rebajas de impuestos o compensaciones a empresas para disminuir precios. ¿En Uruguay debería implementarse algo similar?
En Europa se están desplegando programas de reducciones impositivas, pero hay mucho debate sobre eso porque hay rebajas de impuestos a empresas que es muy difícil evaluar si efectivamente terminan en el precio final y por lo tanto en el bolsillo de la gente, como es el caso de la disminución impositiva a los combustibles en España.
En Uruguay, ante el actual repunte de precios, se podrían definir mecanismos de rebaja impositiva o un IVA diferencial para alguna población vulnerable, o directamente otorgarle una compensación en su ingreso. Me refiero, por ejemplo, a las personas que acceden a la Tarjeta Uruguay Social o que reciben asignaciones familiares. De todas maneras, hay que definir muy bien el segmento poblacional y el plazo de esas medidas, porque esto tiene un costo fiscal que tarde o temprano pagaremos con más impuestos. Uruguay mejoró su resultado fiscal, pero está lejos de tener condiciones de absorber medidas como estas. No digo que no se pueda, pero hay que hacerlo con mucho cuidado. Igualmente, este es un camino más razonable que el de los controles de precios.
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