En agosto, el FMI anunció con bombos y platillos que sus miembros habían llegado a un acuerdo histórico para emitir US$ 650.000 millones en derechos especiales de giro (DEG, la unidad de cuenta del Fondo) para hacer frente a la emergencia de COVID-19. Los DEG son créditos contables que los Estados, a través del FMI, pueden convertir a dólares y otras monedas fuertes para pagar importaciones esenciales, como es el caso de las vacunas. Y US$ 650.000 millones no son poca cosa: es casi el 1% del PIB mundial. Esto podría significar una gran diferencia para los países más pobres afectados por el virus. El problema es que los DEG se asignan en función de las cuotas de los países, o derechos de préstamo automático, y la fórmula depende en gran medida del PIB de los países. Como resultado, apenas el 3% del total de US$ 650.000 millones llegará a los países de bajos ingresos, y solo el 30% a los países emergentes de ingresos medios. Casi el 60% fue asignado a países de altos ingresos que no tienen limitaciones de reservas ni dificultades para obtener préstamos y así financiar sus déficits fiscales. De hecho, más del 17% se destinó a Estados Unidos, que puede imprimir dólares a su antojo. La esperanza era que los gobiernos y el FMI encontraran la manera de que los países de altos ingresos transfirieran sus DEG a los países en desarrollo que los necesitaran. Sin embargo, hasta ahora hay pocas señales de progreso en esta dirección.
Barry Eichengreen, en Project Syndicate
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