A lo largo y ancho del mundo los gobiernos están lanzando sus programas diseñados para minimizar el impacto económico de la pandemia, mientras lentamente intentan reinsertar las piezas más estratégicas en el andamiaje productivo. El éxito de estos programas se determinará tanto por el aprovechamiento que sus destinatarios hagan de ellos como por la velocidad de recuperación de las economías.
En lo económico un aspecto siempre de importancia crítica son las expectativas. Por ello los paquetes de apoyo y rescate deben ser contundentes en su magnitud. Los hogares y las empresas deberán tener la convicción de que habrá suficientes recursos a su disposición en los tiempos necesarios para mantener intactas sus estructuras tanto en lo operativo como lo financiero.
En tales circunstancias la ortodoxia puede ser una mala consejera, por más comprometidas que estén las finanzas públicas. “Primero hay que salir y luego veremos cómo se hace” es la consigna que varios países industrializados parecen haber adoptado al introducir medidas que se asemejan a propuestas que hasta hace poco se consideraban radicales.
Por ejemplo, los pagos universales mensuales a los hogares (“dinero de helicóptero”) tradicionalmente fueron vistos como desincentivos al trabajo. A su vez la monetización generalizada de los déficits fiscales parece validar la muy vilipendiada teoría monetaria moderna que sostiene que las consecuencias inflacionarias no serán significativas. Si la necesidad es verdaderamente la madre de la invención, quizás esta crisis se recuerde como el comienzo de una revolución de la política fiscal. Pero en este momento lo esencial es que los paquetes de rescate sean de magnitud tan impresionantes como las pérdidas de PBI.
Modalidades de apoyo
Aparte de los programas estrictamente dirigidos a combatir la propagación del virus y proveer de atención médica a la población, los gobiernos han apuntado sus baterías en medidas destinadas a paliar el impacto de la pandemia en la economía. Los principales tipos de apoyo son:
(i) Transferencias directas a hogares y empresas. Además de las redes de seguridad típicas como el subsidio al desempleo y las asignaciones familiares (cuyos montos y/o duración han sido aumentados), varios gobiernos han comenzado a ensayar con depósitos directos a los hogares contribuyentes. En los EE.UU. quien haya declarado ingresos menores a USD 75 mil anuales en 2018 recibió automáticamente en abril USD 1.200 en su cuenta bancaria.
(ii) Debido a su importancia en la generación de empleo, las PYMES han recibido atención especial. En Canadá, por ejemplo, las que demuestren una caída promedio en ventas del 25% para el trimestre marzo-mayo recibirán un subsidio salarial del 75% para mantener sus empleados en planilla.
Programas existentes de apoyo a las PYMES – como ser seguros y garantías de préstamos – en general han reducido su costo o extendido su cobertura.
(iii) Las grandes empresas – especialmente aquellas en las industrias más duramente golpeadas como la energía, los transportes, el turismo y servicios afines – en muchos países han logrado acuerdos bilaterales con los gobiernos dentro del marco de partidas específicas aprobadas por los parlamentos.
(iv) En materia de contribución impositiva se han generalizado las iniciativas de postergación de pagos fiscales, especialmente para hogares y PYMES.
(v) La política monetaria en los países industrializados ha llevado nuevamente la tasa de interés a niveles cercanos a cero, abaratando el costo de crédito para aquellos que mantienen su acceso al sistema bancario. Los grandes bancos centrales nuevamente expanden su balance mediante compras de todo tipo de valores en cartera de la banca privada, satisfaciendo la creciente necesidad de liquidez de las plazas. En muchos casos las medidas tienen además el propósito de reforzar la salud del sistema bancario ante el aumento de la morosidad.
(vi) Finalmente debe destacarse los esfuerzos por mantener el suministro de crédito bancario a las PYMES y los hogares, con medidas de flexibilización de la regulación bancaria por parte de las autoridades competentes. La postergación de vencimientos y pagos de intereses para aquellos deudores de historial aceptable es imprescindible para evitar caídas adicionales en el nivel de actividad económica. Bajo este marco las instituciones han habilitado esquemas de postergación de pagos para préstamos hipotecarios, de consumo y para educación.
En este momento lo esencial es que los paquetes de rescate sean de magnitud tan impresionantes como las pérdidas de PBI
Tamaño de programas nacionales
Una rápida mirada por el mundo nos da alguna idea de la dimensión de los rescates en términos del respectivo PBI nacional o regional. En los EE.UU. el paquete CARES (ley de Asistencia, Alivio y Seguridad Económica frente al Coronavirus) de USD 2.9 trillones (incluyendo el refuerzo de la partida para PYMES) representa el 14% de su PBI. Dentro de la Unión Europea, aparte de los esfuerzos nacionales y comunitarios ya operativos, España acaba de proponer un fondo especial de €1.5 trillones para la recuperación económica de los países miembros equivalente al 9% del PBI regional.
Japón implementa un programa de estímulo por USD 1,1 trillones, superior al 20% de su PBI.
Ya en una escala más semejante al caso de Uruguay por similitud de estructura sectorial, vemos que tanto Australia, Chile y Nueva Zelandia están desplegando programas de apoyo económico y financiero en un entorno inicial del orden del 5% de sus respectivos PBI. Tomando como referencia la cifra de USD 60 billones correspondiente a 2018 (que sin duda bajará sustancialmente para el 2020 por obra de la recesión y la depreciación cambiaria), un programa de similar peso en nuestro país debiera reunir como mínimo USD 2.5 billones.
Fuentes de recursos
Esto sería una cifra de magnitud sin antecedentes para nuestro país, aun en épocas de una bonanza tristemente desperdiciada. En la actual coyuntura – y con la pesada mochila de un déficit fiscal rozando el 5% del PBI – se hace inalcanzable sin acudir al endeudamiento público externo que hoy representa el 36% de un PBI menguante.
Hace un mes el nuevo gobierno anunció compromisos de apoyo por unos USD 1.5 billones procedentes del BID, Banco Mundial, CAF y FONPLATA e insinuó la posibilidad de apoyos adicionales del FMI. En vista de la situación fiscal heredada, cabe preguntarse si será suficiente para cubrir todas las necesidades (fiscal más emergencia).
En su último informe de deuda (enero 2020), el gobierno saliente informó de necesidades brutas de financiamiento externo este año por valor de USD 4 billones, simplemente para cubrir el déficit presupuestal. Se identificaba como principal fuente la emisión bruta de bonos en los mercados por USD 3.5 billones, opción que no parece tan fácil como en aquel momento.
El actual gobierno quizás tenga que explorar nuevas fuentes como las líneas de crédito habilitadas por el AIIB (Banco Asiático de Inversión en Infraestructura) y la emisión en jurisdicción nacional de un “bono patriótico” con características financieras e impositivas que lo hagan atractivo al mercado local y en especial el pequeño inversor.
Los bancos como agentes ejecutores
Aun cuando muchos de los programas que componen los paquetes de apoyo de los países ya cuentan con una infraestructura de ejecución en las agencias del sector público, una parte muy importante de los apoyos se canaliza por el sector financiero y, en especial, bancario. Si bien se entiende que el sector público no disponga de la capacidad analítica requerida en escala suficiente para discernir entre situaciones de iliquidez e insolvencia, esta práctica introduce conflictos de interés que a la larga pueden conspirar contra los objetivos de los paquetes de rescate.
En los EE.UU., por ejemplo, la FED contrató a un gigante financiero como Blackrock para ejecutar su programa de compras de valores corporativos privados e hipotecas. Por otra parte, muchas de las PYMES se han quejado de que su acceso a los fondos de apoyo depende mucho del dinamismo del banco con el cual operan. Obviamente con la pandemia ha habido un aumento de riesgo en todo el sistema y la reacción natural de los bancos ante tal fenómeno es achicar su exposición.
El sistema bancario local
Uruguay no es excepción en cuanto a canalizar una parte importante del apoyo brindado a las empresas por vía del sector bancario, máxime en un país donde la intermediación financiera es la principal fuente de fondeo de la economía. A nadie escapa, además, que nuestro sistema bancario comercial se divide en dos sectores más o menos iguales en tamaño: el público (BROU) y el privado (principalmente extranjero). Muchas empresas operan con ambos sectores.
Ante la fuerte demanda que se anticipa por los apoyos ofrecidos, es esencial que el sistema bancario en su conjunto responda de forma simétrica y a la altura de las circunstancias que el país está viviendo. Para ello sería muy importante la existencia de un ámbito en el cual todas las partes (incluso la reguladora) pudieran compartir datos y criterios para contemplar los distintos casos que se presenten.
El BROU tiene una larga trayectoria de apoyo al desarrollo económico del país – especialmente en el campo – y no es la primera vez que tendrá que aumentar su exposición al riesgo para sacar al país adelante. Pero es el único camino y lo sabe muy bien. El gobierno deberá asegurarse que dicho peso se distribuya equitativamente.
(*) Doctorado en Economía por la Universidad de Stanford. Ex Director Ejecutivo del Banco Mundial.
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