La gran cantidad de hogares y mipymes en situación de parálisis económica debido a su alto nivel de micro endeudamiento requiere una pronta solución. No es el momento de moralizar acerca de la imprudencia financiera, sino de aprender de esta experiencia para que no se repita. Suficientes deudores en el pasado –incluyendo bancos– se han beneficiado de medidas mucho más impactantes en el erario de lo que implicaría hoy regularizar la situación de los desafortunados “irrecuperables” que figuran con categoría 5 en los registros del Banco Central del Uruguay (BCU). Máxime que lo que se propone no es un jubileo, sino un camino de salida basado en la responsabilidad y el esfuerzo.
Lo que sucedió tiene su lógica: durante los últimos 20 años la inflación ha permanecido en niveles de un dígito. Durante el mismo periodo las tasas de interés aplicadas a los préstamos a repagar en cuotas han rondado los tres dígitos. Ello implica tasas reales de interés (es decir, corregidas por la inflación) exorbitantes. No se trata de usura porque las convalida el BCU con los altísimos topes que establece. Pero como dicen, si camina como un pato y grazna como un pato, probablemente sea un pato.
El resultado lo conocemos por dos vertientes: por un lado el drama humano de familias que viven sin acceso al crédito formal y deben acudir en instancias de apuro a fuentes de crédito informal aún más exigentes en cuanto a tasa y cobranza, y por el otro, las micro y pequeñas empresas que no logran financiar su capital de giro o inversiones en mejoras a una tasa que les permita cubrir los costos.
Un mercado complejo
Se trata de un mercado complejo, tanto por el lado de la demanda como de la oferta. Las condiciones de este tipo de préstamo varían según su monto, plazo, distintas seguridades en cuanto a la forma de pago y distintos destinos de los fondos. Por el lado de la oferta, las principales fuentes son los bancos comerciales y las empresas de administración de créditos (EAC), aunque también es usual que empresas minoristas y cooperativas ofrezcan financiamiento de compras en cuotas.
Los bancos prefieren operar en los segmentos de menor riesgo, dejando a las EAC atender principalmente a la demanda que presenta mayores desafíos a la hora de reunir las condiciones necesarias para convertirse en sujeto de crédito. Ello se refleja en las cifras de morosidad que se exhiben en el cuadro.
La raíz del problema yace en la fijación de las tasas de interés para este segmento del mercado, sin duda de mayor riesgo al promedio de la cartera. De por sí estas tasas carecen de vínculo alguno con las tasas de política monetaria, del mercado de dinero o en dólares, ni con el nivel de inflación ni las expectativas de depreciación entre ambas monedas, para mencionar algunas de las referencias principales.
El artículo 12 de la ley 18.212 de diciembre de 2007 (“ley de usura”) obliga al BCU a calcular las tasas medias de interés para las distintas operaciones en función de datos “informados por las instituciones de intermediación financiera que operan en el mercado local”. Luego el BCU establece las tasas máximas y de mora aplicando a las tasa medias ciertos porcentajes predeterminados por la ley. El procedimiento queda expuesto a la crítica de un posible sesgo alcista en la fuente primaria de datos.
Una salida
Aquí hay dos problemas a resolver: en primer lugar, buscar una solución a la situación en la que encuentran atrapados quienes no pueden cancelar sus adeudos y regresar al mundo de la normalidad. En segundo lugar, reformular el procedimiento de cálculo de las tasas aplicables a esta modalidad de préstamo para ponerlas a tono con los actuales niveles de inflación y estabilidad cambiaria.
El volumen anual de negocios del sector financiero local rebasa los US$ 50 mil millones. Frente a esto, el volumen de préstamos otorgados por las AEC –donde parece estar concentrado el problema– ronda los mil millones (apenas el 2%). La morosidad es inferior a US$ 200 millones y está en buena parte provisionada.
No excedería la capacidad del Estado ni impactaría la estabilidad del sistema financiero diseñar un procedimiento para desbloquear esta situación y devolver al mundo de los económicamente activos a los hogares y las pequeñas empresas uruguayas afectadas por el micro endeudamiento (bajo promedio de operación individual).
Pasos a seguir
Ha habido ya distintas iniciativas tendientes a resolver este problema a nivel legislativo, sin que hasta el momento hayan surgido las mayorías requeridas para impulsar su consideración. A continuación se esbozan algunos pasos, en parte ya contenidos en las referidas propuestas.
El primer paso debe ser un relevamiento detallado de la situación para dimensionarla con mayor margen de certeza, lo cual no debiera ser problemático en función de las tareas llevadas a cabo y bases de datos que obran en poder de la Superintendencia de servicios financieros.
En función de ellos se deber determinar la naturaleza de las operaciones y los montos máximos a incluir en cualquier iniciativa de reestructuración, estableciendo asimismo la documentación requerida para validar monto y fecha de incumplimiento original.
Identificado dicho monto, se debe proceder a convertirlo a unidades indexadas (UI) desde la fecha de incumplimiento y actualizarlo hasta el presente en UI a una tasa efectiva anual (TEA) del orden de un dígito menor. Al monto resultante se le reconocerá como la base de cálculo del pago que cancelará definitivamente la deuda.
A tales efectos se podrán ofrecer distintas opciones para la cancelación final del adeudo, tales como quitas en el monto básico en la modalidad de pago al contado, o quitas en la tasa de interés según el plazo de pago acordado para el monto básico.
Obviamente hay muchas variaciones posibles, pero lo importante es trazar un camino para una resolución definitiva de la situación y establecer los actores institucionales que deberán participar en los procedimientos necesarios.
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