La oposición entre Estado y mercado es engañosa y supone un gran obstáculo para comprender y abordar los retos políticos de hoy. La dicotomía surgió en el siglo XIX, cuando las arcaicas normas gubernamentales, enraizadas en un pasado feudal, constituían el principal obstáculo para la creación de mercados competitivos. El grito de guerra de esta lucha, bastante legítima, se elevó posteriormente al principio del laissez-faire, ignorando el hecho de que los mercados son en sí mismos instituciones cuyo funcionamiento eficiente depende de las normas. La cuestión no es si debe haber reglas, sino quién debe establecerlas y en interés de quién. Hoy día, la principal división no es entre el Estado y los mercados, sino entre las normas procompetitivas y las anticompetitivas. Y dentro del universo de las normas anticompetitivas, la distinción clave es entre las que se justifican por un precepto superior y las que no.
En un mundo de monopolios digitales, el laissez-faire permite que un poder excesivamente grande se concentre en unas pocas manos. Esto alimenta la opresión, no la libertad individual. ¿Es la capacidad de una empresa para editar las noticias de tres mil millones de personas un indicador de libertad? A la inversa, ¿es la regulación estatal que nos protege de una constante vigilancia una herramienta de represión? Por lo tanto, otro compromiso crucial no es entre la opresión del Estado y la libertad de mercado, sino entre la opresión resultante de la existencia de monopolios (ya sean privados o controlados por el Estado) y la libertad de elección que ofrecen los mercados competitivos. En resumen, deberíamos esforzarnos por conseguir un mejor Estado y mejores mercados, conteniendo a cada uno dentro de sus respectivas esferas. Sin embargo, la narrativa facilista de Estado versus mercado sigue viva, porque beneficia enormemente a los intereses creados. Los monopolios digitales pueden utilizarla –falsamente– para presentarse como campeones de la libertad individual, mientras que los defensores de reducir el tamaño del Estado pueden utilizarlo para oponerse a los programas de asistencia social, en nombre del llamado libre mercado.
Luigi Zingales, profesor de finanzas de la Universidad de Chicago. Project Syndicate
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