El gobierno francés ha definido los parámetros de su reforma de las pensiones: elevar la edad legal de jubilación a 64 años; acelerar la transición a los 43 años cotizados para beneficiarse de una jubilación completa; tener en cuenta las carreras profesionales extendidas y las dificultades de los trabajos. No se tratará aquí de debatir la necesidad de esta reforma ni su equidad, sino de subrayar dos aspectos de la misma: en primer lugar, su insuficiencia, dado el déficit de la tasa de empleo de las personas de 60 a 64 años y la ausencia de medidas de formación y reconversión de los trabajadores de más edad; en segundo lugar, su incapacidad para garantizar el equilibrio financiero del sistema de pensiones del sector privado más allá de 2030. Es sabido que un problema clave del mercado laboral francés es la baja tasa de empleo (es decir, la proporción de la población de entre 15 y 64 años que tiene un empleo). Esta tasa era del 67,2% en 2021, frente al 75,8% de Alemania, el 74,7% del Reino Unido y el 75,4% de Suecia, por ejemplo. Si Francia tuviera la tasa de empleo de Alemania, los ingresos fiscales serían alrededor de un 13% superiores y, sin cambios en el gasto público, el presupuesto arrojaría un superávit de 1,5 puntos del producto interior bruto (PIB), ¡en lugar de un déficit de 5 puntos!
La baja tasa de empleo en Francia no se debe únicamente al subempleo de las personas mayores (de más de 60 años): solo explica el 7% de la diferencia total de la tasa de empleo entre Alemania y Francia; el 35% de esta diferencia se explica por la diferencia de las tasas de desempleo entre los jóvenes (de 15 a 29 años), y el 25% por la diferencia de las tasas de desempleo entre los adultos (de 30 a 59 años). El Gobierno estima que la reforma de las pensiones aumentará la tasa de empleo de las personas de entre 60 y 64 años en 6 puntos porcentuales.
Patrick Artus, en columna para Le Monde
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