Occidente respondió a la invasión de Ucrania con sanciones económicas contra Rusia, principalmente bloqueándole sus reservas internacionales y la utilización del sistema Swift de pagos. Rusia retrucó cerrando selectivamente el grifo de gas natural a los países de la Unión Europea. El resultado: una crisis energética que provocó una disparada en el precio de los combustibles y una fuerte caída en el poder adquisitivo de las poblaciones afectadas.
La crisis ha logrado reinstalar el debate sobre las políticas energéticas, concretamente la carrera para sustituir las energías fósiles por las renovables. El caso emblemático es el de Estados Unidos, donde la administración Biden enfrenta una crisis política resultado del aumento en los precios internos de combustible, y que obliga a repensar las políticas energéticas. Su gobierno procura identificar medidas que contribuyan a bajar los precios, pero la realidad demuestra ser mucho más complicada que los idealismos. Cabe recordar que, en paralelo a la crisis energética, el mundo sufre una crisis alimentaria. Y las crisis alimentarias se resuelven con una mayor oferta, para lo cual se necesita maximizar las superficies cultivadas. Pero resulta que como todavía no llegamos a la era de los Supersónicos, la maquinaria agrícola todavía es propulsada con motores Diesel. Pero el problema es que en el mundo hay escasez de gasoil. ¿Cuál es el motivo?
En efecto, el activismo ambiental es responsable de la caída en la capacidad de refinación de combustibles en el mundo, en particular en Estados Unidos. En 2019, luego de un incendio, cerró en forma permanente la mayor refinería de la costa este del país. Según reporta National Review en un artículo reciente, el cierre fue festejado como un acto de “justicia ambiental”, ya que la planta se ubicaba en un populoso barrio del sur de Filadelfia. En los hechos, en los últimos años ha sido muy difícil para las empresas petroleras construir refinerías nuevas. Si lo hacen en centros poblados, afecta naturalmente a sus pobladores. Pero si se construyen en zonas remotas, afectan a la fauna, lo que rápidamente termina atrayendo otro tipo de activistas. El National Review resume la situación muy claramente: “Como las refinerías no se pueden construir en lugares donde la gente vive, y tampoco se pueden construir en lugares donde la gente no vive, simplemente no se construyen”.
Incluso si lograran conseguir los permisos, construir una refinería nueva cuesta miles de millones de dólares, inversión que requiere décadas para ser amortizada. En efecto, para que la inversión sea rentable, es necesario asegurar una demanda estable de combustibles por un período de tiempo lo suficientemente extendido, algo que los gobiernos actuales están lejos de garantizar.
La administración Biden insiste que la guerra “ha alimentado una crisis energética mundial y ha agudizado la necesidad de lograr una seguridad energética confiable a largo plazo”. Pero hasta ahora no ha producido ninguna medida concreta, más que ordenar la utilización de las reservas estratégicas de petróleo, pensadas para cubrir a su país ante una crisis existencial, no para hacer frente a las equivocadas políticas energéticas. Esta medida no logró hacer bajar el precio del combustible en el mercado doméstico estadounidense, lo que aumentó la frustración de la Casa Blanca. Quizás esto explique por qué la semana pasada el presidente Biden mandó cartas a todos los CEOs de empresas petroleras de su país, amenazándolos con que el gobierno tomaría medidas si estas no logran bajar los precios de los combustibles. “Sus empresas deben trabajar con mi Administración para presentar soluciones concretas y a corto plazo que aborden la crisis y respeten los derechos fundamentales de los trabajadores del sector energético y de las comunidades cercanas”, escribió Biden. ¿Qué se supone que deberían hacer?
La respuesta de la industria estadounidense no se hizo esperar. ExxonMobil pidió suspender la “Ley Jones”, que restringe el transporte de derivados de petróleo, suspender las normas sobre biocombustibles y promover la inversión mediante políticas claras y “coherentes”. Por su parte, la Asociación de Fabricantes Americanos de Combustible y Petroquímica y el Instituto Americano del Petróleo escribieron una carta en la que describen cómo las regulaciones de varias agencias gubernamentales afectaron las decisiones de la industria de cerrar y reconvertir refinerías.
Del otro lado del Atlántico, Alemania se mostró mucho más pragmática, y su gobierno anunció este último fin de semana una ley de emergencia para que el país restablezca las centrales energéticas a carbón. Parecería que los ciudadanos europeos no pueden sufrir frío en invierno, por lo que la agenda ambiental debe esperar.
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