Las estimaciones que maneja Oddone para este año son alentadoras, pero aclara que el crecimiento esperado no va a compensar la contracción que tuvo el año pasado. En una larga charla con La Mañana, el Dr. en Historia Económica y docente de la Universidad de la República dijo que Uruguay debería darle un mayor protagonismo al sector público en este año particular. También habló de las lecciones aprendidas en crisis anteriores y se refirió al problema del tipo de cambio que padecen las fronteras, para el cual, según su opinión, las soluciones tienen que ser específicas y acotadas en el tiempo.
En una reciente charla que dio en el IEEM (la escuela de negocios de la Universidad de Montevideo), hizo una comparación entre la época actual y la década del 60. ¿Qué puntos de contacto existen?
En los años 60 hubo un período de largo estancamiento económico en Uruguay; del 58 al 68 el PIB per cápita prácticamente no creció, quedó estancado, había mucha inestabilidad de precios, cuyos orígenes fueron déficits fiscales preexistentes extraordinarios, que terminaron generando un peso del Estado excesivo sobre la rentabilidad del sector privado. Eso hizo que este se retrajera y tuviera una escasa capacidad de inversión y de innovación, lo que condujo a ese estancamiento.
Los agentes económicos en general se volvieron muy cortoplacistas y orientados a cuidar su patrimonio y a evitar perder y, por lo tanto, muy reacios a arriesgar. Todo eso sumió al país en una economía de muy bajo crecimiento, sumado al agotamiento del modelo de sustitución de importaciones que Uruguay había desplegado desde los años 30.
Eso derivó en una década del 60 con marchas y contramarchas para intentar encontrar reformas que permitieran de alguna manera restablecer condiciones económicas más razonables, en el marco de un escenario social y geopolítico convulso a nivel global. El país trató de encontrar un rumbo distinto, cosa que no se pudo hacer hasta el 73, cuando (el exministro de Economía) Végh Villegas, bajo condiciones muy especiales de falta de libertades y demás, durante el gobierno militar, logró trazar un paquete de reformas.
En ese sentido, ¿hubo un aprendizaje sobre esos años de estancamiento?
Los años 60 fueron muy importantes para Uruguay porque a nivel económico y político parece haber aprendido muchas lecciones. Más allá de que no todo fue un mar de rosas, desde los años 70 en adelante a Uruguay le fue mejor económicamente de lo que le había ido en los 40 años previos.
Eso se mantuvo a lo largo de diversos gobiernos de distinta orientación, que tuvieron énfasis diferentes, pero que marcaron un rumbo estratégico. Eso es lo que mira cualquier inversor que está en el exterior: Uruguay tiene un rumbo; te gustará más o menos, pero no depende de quién gobierne para que el rumbo cambie radicalmente.
¿Qué desafíos identifica en materia económica dada la situación actual?
Esta etapa en la que estamos hoy desafía otra vez a los gobernantes en el sentido de pensar una agenda que mantenga cosas claves que Uruguay tiene como señas de identidad, que son la estabilidad política, la estabilidad social, la previsibilidad, el mantenimiento de las reglas del juego, pero en el marco de algunas reformas que eventualmente tienen que ser modificadas.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, toda esta discusión de la flexibilización del Mercosur y cómo Uruguay puede salirse de este corsé que supone, como expresó el presidente, forma parte de esa nueva agenda. No es que nos queramos ir de la región, no estamos rompiendo con la tradición de los últimos 50 años, pero sí precisamos tener más flexibilidad porque hoy el Mercosur nos condiciona y no nos permite crecer.
Estamos en un momento en el cual las reformas de los 70, que fueron como nuestra hoja de ruta que en piloto automático nos trajeron hasta acá, requieren de un conjunto de recambios.
¿En algún aspecto se asemejan los desafíos económicos de los 60 con los que el país tiene hoy?
La agenda de política económica era muy desafiante en los 60 y hoy lo es también, por razones que pueden ser asimilables. Por supuesto que no estamos hablando de que sean comparables los niveles de déficit fiscal ni de inflación ni de inestabilidad monetaria cambiaria que había en los 60 con los que hay hoy.
La economía uruguaya es muchísimo más estable, producto de todas las cosas que se hicieron bien en los últimos 30 años, pero seguimos con inflación alta y eso desafía a las autoridades y ha puesto en la agenda la situación como prioridad.
Al mismo tiempo, desafía a las autoridades el hecho de que la presión fiscal sea muy alta y haya que reducirla, sobre todo para mejorar el perfil de la deuda pública y achicar el déficit fiscal, cosas que son parecidas a los desafíos que tenían gobernantes de aquella época, pero en un mundo muy distinto.
Muchos economistas en el mundo están comparando lo que sucede actualmente con la Gran Depresión. Su padre fue un estudioso del tema. ¿Puede haber puntos de comparación con la coyuntura que vivimos?
En la década del 30 hubo muchos desórdenes macroeconómicos en diversos lugares del mundo y un gran desempleo, y se le dio al Estado un protagonismo central para recuperar las economías: inversión en infraestructura, creación de empleo, contribución y ayuda a los sectores damnificados y, por ende, un retroceso de los enfoques liberales de la política económica.
Esta crisis de pandemia, que desde el punto de vista económico es un evento con consecuencias similares a las de una guerra, le volvió a dar al Estado un protagonismo central. La economía se desplomó y el empleo se destruyó, por lo cual al sector privado le cuesta mucho coordinar decisiones que conduzcan rápidamente a soluciones sociales.
Generalmente el sector privado tarda en decodificar la nueva realidad y por tanto es bastante reacio a arriesgar. Entonces, lo que ocurre en episodios como una guerra o una pandemia, es que las tasas de ahorro aumentan, la gente se vuelve menos consumidora y eso retrae la demanda y genera un problema de recuperación.
¿Es allí donde cobra importancia el papel del Estado?
En realidad, ese es el momento en el cual nuestra disciplina, la Economía, sugiere que el Estado tiene un rol relevante que cumplir interviniendo, por ejemplo, en programas de inversión de infraestructura potentes, promoviendo ayudas sociales a la población más vulnerable para evitar que la demanda se caiga más, y eso es lo que se está viendo hoy.
¿Cuáles son las perspectivas de crecimiento para Uruguay?
Nosotros creemos que la economía uruguaya se está recuperando, de hecho, lo peor desde el punto de vista de la actividad ya pasó el año pasado en el primer semestre. La economía tuvo un segundo semestre de recuperación franca y se anticipaba en los dos primeros meses de este año que la misma estaba enlentecida, pero que venía siendo continuada.
Estimamos que la economía este año va a crecer entre el 2% y 2,5%, pero que no va a compensar, como es lógico, la contracción que tuvo el año pasado, que fue de 5,7%. Esto quiere decir que cuando termine el 2021, la actividad todavía va a estar por debajo de la que teníamos en 2019.
¿Y a nivel del empleo, donde hay grandes preocupaciones, cuáles son las expectativas?
En materia de empleo la situación es similar o incluso más grave. En 2020 perdimos aproximadamente 60.000 puestos de trabajo en términos netos –habíamos perdido 100.000, pero se recuperaron unos 40.000- y consideramos que al final de este año se van a crear unos 20.000. Significa que cuando termine el 2021, aún vamos a tener menos empleo que el que teníamos al cierre del 2019.
¿Cómo definiría el proceso de recuperación y qué se puede esperar en ese sentido?
Estamos en un proceso de recuperación lento, asimétrico; no es homogéneo porque hay sectores mucho más afectados que otros. No les ha ido tan mal a los agroexportadores y a la construcción, pero el resto de los sectores que hacen al mercado interno, como el esparcimiento, el turismo, se han visto muy afectados y van a seguir lentos y con recuperación parcial, condicionada por la situación sanitaria.
¿Qué puede hacer el país en concreto para generar empleo?
Ese es un tema bien controversial. Un camino es el que el gobierno está siguiendo, que es básicamente continuar con su línea de discurso que lo llevó a ganar las elecciones. El mandato que recibió de la población fue despejar la incertidumbre fiscal. Eso supone reformar la seguridad social, mejorar algunas regulaciones que afectan el funcionamiento del sector público y hacer un ajuste fiscal –cosa que el presupuesto del año pasado insinuó hacer-.
Con eso, el gobierno lo que esperaba era mostrarle al sector privado que se estaban haciendo las modificaciones necesarias para evitar que hubiera un ajuste fiscal muy grande en el futuro. Lo siguiente que se propuso fue mejorar la competitividad, evitando que el tipo de cambio se apreciara más.
En líneas generales, el gobierno intentó mejorar las señales para el sector privado porque entiende que es el protagonista central de la recuperación y del crecimiento vía inversión privada. Por lo tanto, bastaría con que la situación fiscal fuera menos incierta y la inflación fuera más baja para que el sector privado, recuperando su rentabilidad esperada, invierta, arriesgue e impulse al país. Esa es la visión que predomina en la coalición de gobierno, aunque con matices.
La oposición reclama otro tipo de medidas.
La oposición verbaliza o insinúa verbalizar una tónica que predomina en muchos países: en un escenario de tanta incertidumbre y de un golpe económico tan grande como el del año pasado, se requiere de una intervención mucho más activa del sector público, sobre todo, en programas de infraestructura y de obras, que son altamente dinamizadores del empleo. Es el caso típico de Estados Unidos; los programas de expansión fiscal de Biden son extraordinarios, tanto los de ayudas como los de obras para realizar.
Aquellos países que partían de situaciones fiscales cómodas, holgadas o razonables, como Colombia, que hizo grandes expansiones fiscales, o los que tienen capacidad de imprimir dinero sin importar los costos asociados, como Estados Unidos o la Unión Europea, lo pueden hacer más fácil. Sin embargo, los países que están en el medio de eso, como Uruguay, que ni partían de una situación fiscal sólida ni tienen capacidad infinita de financiarse a precio cero, deben ser más cuidadosos, y ahí está la discusión.
¿Qué cree que debería hacer Uruguay en ese aspecto?
Yo soy de los que piensa que Uruguay debería arriesgar un poco más y darle un mayor protagonismo al sector público en este año particular. Creo que nuestro país debería haber desplegado una aceleración de los programas de obra e infraestructura durante el 2021 y 2022.
Por diversas razones, algunas de oportunidad, otras de acceso a financiamiento, esto no ha ocurrido y viene más lento de lo que parece. Entonces, entre el enfoque del gobierno que sigue siendo que el sector privado es la clave y otras medidas que tiene que tomar, esa agenda del sector público no está arriba de la mesa. Por lo tanto, si bien la economía está en proceso de recuperación, es más lento de lo que podría ser y está generando menos empleo del que podría generar si se hubiera hecho una gran apuesta por esto.
Aunque la vacunación sea efectiva en Uruguay, no podremos abrir las fronteras al turismo hasta que Brasil y Argentina superen la pandemia. ¿En qué medida vamos a depender de la recuperación de los países vecinos para lograr una salida de esta crisis?
Muy buena pregunta. Yo creo exactamente eso, que Uruguay, por diversas razones, va a haber hecho una gestión global de la crisis sanitaria más eficaz que los vecinos, va a estar en condiciones de liberar movilidad y va a enfrentarse a un dilema muy grande que es: “¿Qué hacemos ahora? ¿Abrimos fronteras o no?”.
Suponiendo que ellos mejoren la situación sanitaria y que estemos habilitados a abrir fronteras, el problema que tenemos es que nuestros precios relativos con ellos son muy desfavorables. Esto es, nosotros estamos muy caros en dólares con respecto a Argentina y Brasil, con lo cual, aunque abramos fronteras, el turismo no se va a volver masivo y va a haber un impacto en el comercio fronterizo, porque los precios son mucho más favorables del lado argentino.
¿Qué implicaría una apertura de fronteras entonces?
Supondría muchos uruguayos yendo a comprar a aquel lado y prácticamente ningún argentino viniendo a comprar acá. El escenario turístico está muy condicionado y va a ser muy lento en su proceso de recuperación, producto de que, más allá de la crisis sanitaria, los precios son muy desfavorables a Uruguay; eso es una condicionante muy grande.
Justamente, han aparecido propuestas políticas para mitigar el problema del tipo de cambio, sobre todo, en la frontera. Tanto el senador nacionalista Sergio Botana como Cabildo Abierto han presentado proyectos con el objetivo de facilitar el comercio en las fronteras y bajar los precios de los productos allí. ¿Qué opina al respecto?
No he mirado con detenimiento las propuestas concretas y por ende no me puedo pronunciar al respecto. Lo que te puedo decir es que está bien pensar que estamos en una situación excepcional y que en consecuencia pueden tomarse acciones específicas sobre ciertas partes del territorio que están más expuestas a estos problemas. Eso ya ocurrió en el pasado con el precio del combustible.
Las soluciones tienen que ser muy específicas, acotadas en el tiempo, sujetas a una evaluación permanente, porque sobre ellas a veces se producen riesgos diversos, como que se generen mercados con precios que son de un tipo en un lugar y de otro en otro lugar, lo cual puede fomentar un mercado negro o tener efectos indeseados sobre otras variables.
Entiendo perfectamente que dada la situación que atraviesa la frontera es necesario pensar en tomar medidas concretas para pequeños y medianos empresarios muy expuestos a este tema, pero hay que ser muy cuidadosos con qué tipo de cosa se hace, porque a veces el remedio puede ser peor que la enfermedad.
¿A qué se refiere?
A que antes de distorsionar precios y de decidir que haya un precio distinto en las fronteras que en otro lugar capaz que es mejor dar un subsidio directo y explícito del fisco a esos empresarios para compensar los problemas que están teniendo, que intentar fijar un precio distinto, porque eso te puede dar la idea de que no te cuesta nada y cuando querés acordar armaste un desbarajuste en la economía que después te cuesta mucho trabajo levantar.
Me parece bien que se reflexione en esta dirección, hay que ver qué medidas específicas se plantean y hay que ser muy cuidadosos en cómo se evalúan los efectos y, sobre todo, a quiénes se dirigen las soluciones y con qué plazo.
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