El reconocido economista Ariel Davrieux, quien ocupara la titularidad de la OPP en los últimos tres gobiernos colorados, conversó con La Mañana sobre los sucesos que desencadenaron la crisis del 2002, donde tuvo un importante rol, así como las lecciones aprendidas. Además, se refirió al problema de la seguridad social y la necesidad de una nueva reforma, aunque remarcó que la situación actual “no es urgente ni inmediata” como la de 1995.
Usted formó parte del equipo económico a partir de 1985, en la transición a la democracia, cuando todavía se podían percibir los impactos de la crisis del 82. ¿Cuáles fueron los principales desafíos en ese momento?
Los desafíos eran múltiples, bastante más variados y hasta más complejos que en 2002, porque en ese momento, como consecuencia de la situación difícil que había vivido el país entre el 82 y el 84, toda la deuda externa estaba vencida. Estábamos en una especie de moratoria concedida por acreedores para que estudiáramos con los organismos internacionales una salida. La ventaja en otro sentido era que Uruguay era uno de los más de 10 países de América Latina que tenían el mismo problema, es decir, no era una solución solo para nosotros.
Por otro lado, la mayor parte de los bancos privados nacionales, según se desprendió de un informe de todos los partidos políticos antes de las elecciones, estaban prácticamente quebrados. Y el déficit en el sector público estaba al 10% del PIB. Había un problema fiscal grande, un problema bancario relativamente importante y una deuda externa que, si bien el monto para hoy parece bajo, era algo así como el 100% del PIB y, como consecuencia del no pago al final del 84, estaba toda vencida.
¿Cuáles fueron los ejes de la gestión en ese año, dadas esas dificultades?
Comenzamos trabajando en un programa económico financiero sobre la base de una reducción importante del déficit, bien por debajo del 6% del PIB, partiendo de un 10%, es decir, una mejora fiscal del 4% del PIB. Para tener una idea del ajuste que había que hacer en términos fiscales, hoy serían unos US$ 2.500 millones.
También había que preocuparse si algún banco entraba en dificultades. Hubo cierres sucesivos o al menos empezaron con problemas de pago cuatro bancos en los dos primeros años. Primero fue el Banco de Italia, luego el Pan de Azúcar, el Comercial y Caja Obrera. El tema bancario era difícil y se pudo manejar en la medida en que se había refinanciado el país a más largo plazo, y hubo planes internaciones, como el Plan Baker, por el secretario del Tesoro de Estados Unidos de la época. Y luego el Plan Brady, que se comenzó a trabajar en el año 1989 y que culminó en el año 1990, con la nueva administración.
¿Qué visión tiene sobre los sucesos que desencadenaron la crisis del 2002, a 20 años de este hecho que marcó la historia del Uruguay?
Básicamente, lo que se veía al llegar al país, y nosotros lo vimos al final de 2001, era que Argentina, con sus dificultades de deuda, corralito bancario, cierre de bancos, era una fuente de problemas que iba a afectar fuertemente al Uruguay. En diciembre de 2001 negociaba personalmente con la Mesa Coordinadora de Entes Autónomos y estábamos discutiendo salarios, y llegamos a la conclusión con el equipo económico de que no podíamos ofrecer ningún tipo de aumento porque los problemas que se preveían eran muy grandes, y luego fueron todavía peores de lo que pronosticábamos.
Los capitales argentinos escapaban y venían a Uruguay, incluso aumentaron los depósitos, pero trataron de mantener todo el líquido disponible para las dificultades. Todo se complicó a mediados de enero de 2002, cuando Argentina no solo no permitía hacer retiros de bancos, sino que tampoco posibilitaba los pagos de las tarjetas de crédito; entonces, los argentinos recurrieron masivamente a los bancos uruguayos para pagar sus gastos. Ese fue el inicio de la corrida bancaria que soportó Uruguay en 2002, hasta que el 4 de agosto se aprobó la ley de fortalecimiento del sistema bancario para hacer frente a los últimos golpes a nivel bancario.
La situación económica fue golpeada por la devaluación en Brasil, la caída de precios a nivel internacional y la aparición de la aftosa, con lo que cayó el valor de exportación de carne. Pero lo principal fue la corrida bancaria, y se vio que la gran parte de depósitos extranjeros eran argentinos, lo que contagió a los depositantes uruguayos.
¿La crisis dejó aprendizajes respecto a la necesidad de establecer más controles?
Sí, y, sobre todo, de alguna manera algo que no es demasiado bueno, pero fue beneficioso que luego no entraran tantos depósitos de argentinos porque en todo momento puede ser un problema. Ahora se toma esa precaución, por lo tanto, si reciben muchos depósitos del exterior, gran parte la colocan de forma líquida, diversificando riesgos fuera del país.
Le cambio de tema… Usted antes de las pasadas elecciones hizo una presentación en la casa del Partido Colorado sobre los motivos por los cuales el BPS se había desfinanciado. Allí dijo que no fue solo por un tema demográfico, sino porque se le agregaron costos. ¿Alcanzaría con tomar estas sugerencias para resolver el problema de la seguridad social o habría que profundizar en otro tipo de medidas?
En primer lugar, los sistemas de seguridad social se basan en proyecciones de períodos muy largos. Cuando se estudió la ley de reforma, el peso de las pasividades excedía el 15% del PIB, o sea, a precio de hoy, unos US$ 10 mil millones. Por eso en 1995 había urgencia de modificar el régimen, de hacerlo menos dependiente de las arcas del Estado, creando un sistema mixto con parte de ahorro.
Luego de casi 30 años, se da un tiempo de maduración del sistema como para introducir alguna corrección, pero no de inmediato. Tan es así que el documento que elaboró el gobierno prevé hacer la transición en períodos muy largos, de a 20 años. Esto demuestra que la situación actual no es urgente ni inmediata, pero gobernar es prever, y con la actual evolución de la esperanza de vida, afortunadamente, vivimos más y mejor. Pero la contrapartida es que hay que tener en cuenta que, si se mantiene la misma edad de retiro, van a ser menos los aportantes, sobre todo, con la baja actual de la natalidad, que agrava el problema. El tema es básicamente demográfico.
Cuando dije en esa reunión en el Partido Colorado que había habido gastos en relación al gran incremento de pasividades que originó el régimen de flexibilización que se votó en 2008, fue mucho más allá de lo que pensaban los que presentaron el proyecto. El número del que se hablaba no superaba los 50 mil pasivos adicionales y fueron más de 100 mil. Luego, en el último período, cuando se hablaba de la necesidad de reducir los gastos, salió una ley que favoreció el retiro temprano apenas cumplida la edad —60 años—, conocida como la ley de “sesentones”.
¿Esos fueron los gastos adicionales?
Exacto, eso aumentó los gastos más allá de lo que se preveía en el proyecto votado en 1995. De todas maneras, hay que revisar el sistema y eso aceleró un poco la necesidad de hacerlo.
Decía que no queda otra opción más que aumentar la edad jubilación, dado el incremento de la esperanza de vida.
En los últimos cinco años, según comunicaciones de diversos organismos, 63 países han aumentado la edad de retiro. Estamos hablando del orden de la mitad de los países que informan. No es un movimiento que se nos ocurre a los uruguayos, ni es que vivamos más. Se le ocurrió a todo el mundo y en todos lados se vive más.
Igualmente, por lo que dice, no es una situación de urgencia como sucedió en la anterior reforma.
Claro que no, por eso puede plantearse un régimen de transición a largo plazo donde la gente se prepare para ese ajuste. La reforma es necesaria y, cuanto más se demore, más duro será después. No tenemos que llegar a una situación como la de 1995 para empezar a hacer ajustes.
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