Aunque el titular sugiere lo contrario, quien “popularizó” el capitalismo popular no fueron Lenin ni Mao, sino Margaret Thatcher. El gobierno laborista de la posguerra (1945-50) había nacionalizado las principales industrias (carbón, hierro y acero, ferrocarriles y electricidad) del Reino Unido, pero tres décadas más tarde la economía se encontraba en crisis debida en parte a las fuertes pérdidas exhibidas por las industrias nacionalizadas. La influencia sindical en el gobierno obstaculizaba todo intento de reforma.
Alternaron los partidos tradicionales en el gobierno durante este periodo sin mayor destaque, hasta que a mediados de 1979 asumió “la dama de hierro” por el partido conservador como primera mujer en el cargo de primer ministro. Su gobierno duró hasta 1990, periodo en el cual aplicó una política económica que hoy podría caracterizarse como liberal, en el sentido de permitir mayor influencia de las fuerzas del mercado.
Uno de los aspectos más polémicos de su gestión fue sin duda la decisión de devolver a la órbita privada las empresas nacionalizadas, así como otras que permanecían en el sector público, como ser las compañías aérea, de gas y de telecomunicaciones.
Pero en comparación con las “privatizaciones” llevadas a cabo por otros países en el contexto de la prédica asociada con el llamado Consenso de Washington (si es que alguna vez lo hubo) o durante la aparición de los oligarcas rusos durante el descalabro de la Unión Soviética, el proceso británico contó con un aditamento especial: la democratización del paquete accionario.
¿Privatización o democratización?
La privatización consiste en la venta de un activo público (generalmente una empresa en estado de actividad) a compradores privados. Formalmente se circulan pliegos de condiciones que determinan el procedimiento a seguir en cuanto a la presentación y aceptación de ofertas. Toda vez adjudicada la venta, se procede al intercambio del precio por la posesión del bien.
Entre privados, el simple intercambio del precio por el paquete accionario alcanza para concluir la venta. Pero si el activo público en venta no es una sociedad cuyo capital tiene representación accionaria, la situación es distinta. Tratándose de una empresa del Estado (un ente autónomo, por ejemplo) es posible que nunca haya emitido acciones.
Lo que se hizo en el Reino Unido fue flotar las empresas, es decir, emitir acciones representativas de la propiedad de la empresa para subastar en una oferta pública inicial (OPI). Pero en el mismo proceso se buscaba atomizar la propiedad, de forma que cualquiera pudiese adquirir acciones como inversión propia.
La tenencia de una acción no solo refleja la posesión de una alícuota del valor de la empresa y por ende el derecho a percibir dividendos, sino también otorga el derecho de participar y votar en las asambleas de accionistas. Cuando la propiedad de la empresa está tan fraccionada entre miles de accionistas, el control de la gestión ejecutiva puede ejercerse con un porcentaje sustancialmente menor al 50% de las acciones.
Cuando se privatizó la British Telecom en 1984 (Orwell hubiese aprobado), las ofertas en la OPI excedieron en nueve veces la cantidad de acciones a emitir. El Estado había dispuesto un descuento en el precio de corte para los empleados de la empresa, aprovechada por el 90% de ellos para adquirir acciones. La tenencia de acciones se atomizó y muchos hogares de clase media por primera vez incorporaron acciones a sus ahorros.
Impacto fiscal
La venta de empresas públicas, en muchos casos, representa un importante ingreso para el Estado, a la vez que liberarse de una fuente de pérdidas. Por supuesto que a nadie interesa una empresa que no es rentable, pero quizás la razón sea que el Estado no es un buen gestor y que muchas veces los objetivos políticos se sobreponen a los comerciales.
Pero no es necesario que el Estado corte totalmente sus vínculos con una empresa. Puede retener parte de las acciones con privilegios que le permitan bloquear su venta o su gestión por parte de otra empresa si no está de acuerdo. Puede aliarse en votaciones con la gran masa de pequeños accionistas para influir sobre la selección del grupo gestor.
Estos temas son especialmente importantes si se trata de empresas que gozan de un monopolio oficial debido, por ejemplo, a economías de escala que no permiten a más de un productor en el mercado.
Para el Estado, vender implica deshacerse para siempre de una empresa. Pero puede que no haga falta llegar tan lejos. Si las empresas del Estado pudieran emitir capital accionario tendrían una fuente de financiamiento tan o más importante que el bancario. Mediante cambios apropiados a la normativa que permitiera democratizar la propiedad de las empresas entre Estado, gestor y accionistas, su eficiencia podría aumentar al mismo tiempo que se mitiguen los riesgos asociados a la privatización.
En resumen, el capitalismo popular permite a los pequeños inversores ser accionistas y participar en la toma de decisiones, donde su caudal de voto alcanzaría para ser decisivo en el caso que los accionistas mayoritarios (grupo gestor adquirente y Estado) no se pongan de acuerdo. El hecho de estar atomizados no impide que distintos grupos de pequeños accionistas se asocien para votar en bloque en circunstancias excepcionales, haciendo valer la democratización de las decisiones estratégicas.
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