El sector agropecuario, que no detuvo su actividad durante la pandemia, sigue siendo uno de los principales motores que sostienen la economía. De hecho, los precios internacionales en muchos rubros que han aumentado considerablemente y los récords de exportaciones, dan cuenta de que la actividad atraviesa un momento prometedor.
Gracias al incremento de los precios de la mayoría de los productos agropecuarios de referencia para el Uruguay, sumado a que el factor climático ha ayudado, esta zafra agrícola “augura” buenos resultados, de acuerdo con Leonardo Basso, contador y máster en Finanzas, director del estudio Cr. Basso & Asociados y consultor empresarial con más de dos décadas de experiencia. Esta situación viene a compensar las pérdidas sufridas principalmente por los productores de agricultura de secano en la zafra anterior producto del déficit hídrico del 20/21, que provocó pérdidas en algunos casos hasta la totalidad de sus cosechas.
Entrevistado por La Mañana, el especialista analizó la situación actual del sector y explicó cuáles son las herramientas fiscales que se pueden utilizar en este contexto, así como el alcance de sus beneficios.
En primer lugar, destacó el caso de la soja que, según la Cámara Mercantil, con valor al 30 de abril del corriente, aumentó US$ 125/tonelada, pasando de US$ 510 a US$ 635 (puesta en Montevideo), representando un crecimiento, en términos porcentuales, de un 25% con respecto al mismo período del año anterior. Con relación al último cierre agropecuario (30 de junio de 2021), el precio subió en un 35%. “Esto, sumado a un buen rendimiento de la cosecha, estaría dando un nivel de producción comparativamente alto”, pero también hay que “tener en cuenta que los productores de soja realizan ventas futuras de su producción, y no en todos los casos se perciben estos valores”, remarcó.
También se refirió a los precios de ganado que, comparado al 30 de marzo del presente año con el año anterior, crecieron un 40%, pasando de 1.95/kg a 2.75/kg, aunque con respecto a los nueve meses de la zafra 2021/2022, el aumento fue de 25%.
En lo que respecta al arroz, que es otro de los principales cultivos del país, sostuvo que ha tenido un buen rendimiento, pero los precios aún no han tenido un incremento como el registrado en los otros rubros. No obstante, indicó que permanecen estables en niveles algo por encima de los registrados en los últimos años.
El trigo y el maíz también han tenido considerables aumentos, evaluó el entrevistado, llegando en los últimos meses a US$ 300/tonelada, cuando el año pasado registraban a valores de cierre US$ 220 y US$ 235 respectivamente.
Por otro lado, en lo que concierne a los costos, el combustible aumentó en pesos uruguayos un 35% en lo que va del ejercicio económico. En tanto, los costos de los insumos como pueden ser la urea, fertilizantes y agroquímicos, han más que duplicado su valor de una zafra a otra.
En resumen, debido a todo lo anterior, es posible esperar que el agro obtenga ganancias fiscales en la zafra 2021/2022. Es por ello que el Cr. Basso entiende que este es un excelente momento para utilizar los conocidos escudos fiscales, como ser el que emerge de la Ley 16.906 de Promoción de Inversiones y, con él, realizar inversiones para mantener y mejorar los niveles de productividad de los mencionados rubros y, de esa manera, favorecer la economía uruguaya.
Las exoneraciones y sus efectos en la economía
En este sentido, Basso planteó que al utilizar este instrumento se podrán obtener importantes exenciones, entre las cuales señaló la exoneración de IRAE —porcentaje mínimo de 30% de la inversión, con un plazo de cuatro a 25 años, dependiendo de la inversión realizada—, del Impuesto al Patrimonio y de impuestos a la importación.
“Pensamos que esta valiosa herramienta puede contribuir directa e indirectamente a generar mayores exportaciones y mejorar los niveles de empleo en la economía”, subrayó. Esto es así, según comentó, porque los mencionados escudos fiscales o beneficios se generan cuando hay inversiones que a su vez traen aparejada determinada cantidad de mano de obra. Además, existe un compromiso de generación de empleo cuando uno hace inversiones, de modo tal que, por cada tres puestos de trabajo, eso produce un punto en la matriz de indicadores de la Comap (Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones). De esta forma, cuanto mayor empleo o exportación produzca el proyecto, más grande será la exoneración que obtenga.
“Todo eso tiene implícitamente una mayor productividad o producción tal que genera más divisas, y eso también implica un impacto positivo o un mejor puntaje en el proyecto”, manifestó el profesional. Lo que el gobierno hace en el marco de la ley es exonerar parte de los impuestos si las inversiones originan determinados elementos que como economía le interesa tener, por ejemplo, un mayor empleo, la utilización de tecnologías limpias, la eficiencia en el uso de los recursos, el cuidado del medio ambiente, entre otros. Todos son aspectos que mejoran la calidad y el puntaje de la iniciativa.
Las inversiones que pueden acceder a estos beneficios son las que apuntan a la innovación y las relativas a las mejoras fijas; bienes muebles destinados a la empresa, con excepción de vehículos no utilitarios; vehículos eléctricos; plantines y su costo de implantación; inversión en energía renovable; reservorios de agua; sistema de conducción de agua o riego para uso agropecuario; instalación de montes para sombra y abrigo, y cortinas rompe vientos; alambrados internos, entre muchas otras.
La importancia de certificar las buenas prácticas
El especialista declaró que en el marco de esta normativa también se pueden obtener distintas certificaciones, como, por ejemplo, ISO 9001: 2015; producción de carnes orgánicas; certificación de carnes según INAC (Instituto Nacional de Carnes); producción forestal sostenible y sustentable; buenas prácticas agrícolas (BPA), entre otras.
Consultado acerca del procedimiento para obtenerlas, Basso afirmó que en primer lugar es necesario contratar a una consultoría experta en la certificación que uno desee alcanzar, para hacer un seguimiento de la operativa de la empresa en cuestión y así lograr implementar las mejores prácticas en el área. Luego de este trabajo interno, los diferentes organismos encargados de avalar las certificaciones, como puede ser el LATU (Laboratorio Tecnológico del Uruguay), deben realizar una auditoría para de esa manera legitimar que todo lo que dice la norma se está cumpliendo dentro de la firma y, en ese caso, generar la certificación correspondiente.
“De la misma forma que crear mayores puestos de trabajo es de interés del Estado, también lo es tener este tipo de certificaciones, que categorizan el proyecto y dan mayor puntaje a la hora de obtener este beneficio”, aseveró.
Un sector que se destaca del resto
Por último, si bien este tipo de iniciativas pueden ser tanto para empresas agropecuarias como para las de la industria, el comercio, los servicios y demás rubros, el entrevistado hizo énfasis en que este es un momento ideal para utilizar el instrumento en el agro, por la realidad que está atravesando.
“El comercio ha recuperado, pero no sé si se nota tanto. La Ley de Promoción de Inversiones es útil para cualquiera de los sectores de actividad. Sin embargo, dadas las condiciones de precios internacionales y pese a que los costos han subido, este año va a ser bueno para emplear la herramienta en el sector agropecuario”, concluyó.
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