Histórico, global, revolucionario: estos han sido los términos utilizados para celebrar el reciente acuerdo de los ministros de finanzas del G-7 sobre una tasa impositiva efectiva mínima global de “al menos” el 15% para las grandes empresas multinacionales. Pero cualquier acuerdo fiscal global que eventualmente se apruebe debería reflejar los intereses del mundo, incluidos los países en desarrollo, y no solo los de las siete grandes economías desarrolladas. El mundo en desarrollo depende en mayor medida de los impuestos tributarios a las empresas y, por lo tanto, se ha visto más afectado por la evasión fiscal de las multinacionales, que ha generado pérdidas de ingresos para estos países de al menos US$ 240.000 millones cada año. Muchas economías en desarrollo, y países de bajos ingresos en particular, ni siquiera están participando en las negociaciones más amplias sobre impuestos que tienen lugar en el marco de la OCDE/G-20. Los participantes han estado representados por el Grupo Intergubernamental de los Venticuatro (G-24) y el Foro Africano de Administración Tributaria (ATAF), que coordinan las posiciones de los miembros activos en las negociaciones.
Según la propuesta actual, la mayoría de los ingresos tributarios adicionales se destinarían a los países de origen de las multinacionales, no a aquellos donde estas empresas realizan sus actividades y generan beneficios. Como era de esperarse, los miembros del G-24 quieren que estos últimos tengan prioridad en la aplicación del impuesto mínimo, en particular con respecto al pago de servicios y ganancias de capital con el fin de proteger sus bases impositivas. Dar prioridad a los países de origen de las corporaciones globales reforzará, en lugar de aliviar, la injusticia ya incorporada en el actual sistema tributario internacional.
José Antonio Ocampo y Tomasso Faccio, en Project Syndicate
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